Los inéditos juicios laborales que enfrenta el Ejército en Rancagua

La justicia rancagüina decidió acoger a trámite una demanda de tutela de derechos fundamentales presentada por el cabo segundo de la Brigada de Aviación del Ejército con asiento en la Región de O’Higgins, Ángel Sanhueza Molina, quien denunció humillaciones y presuntos castigos injustificados de oficiales de la guarnición.

A ello se suma otra acción judicial interpuesta por el cabo primero César Iluffi Olivares, también de la Brigada de Aviación, que relata una serie de hostigamientos del Ejército con motivo de una relación sentimental que mantuvo con una funcionaria, quien fue sometida a crudos interrogatorios y días de arresto, según el libelo presentado en los tribunales del Trabajo.

La primera demanda que ingresó el cabo Ángel Sanhueza lo señala como víctima de un supuesto acoso que partió hace más un año, el día en que el teniente Cristóbal Raggi Montero, jefe de la Comisión Peluquería Centralizada de la Brigada, se ausentó de la unidad durante una campaña en Machalí, justo cuando debía rendir cuentas del estado de la comisión administrativa.

Para reemplazarlo, el teniente Raggi designó al subteniente Felipe Trincado Fehlandt. Pero ello no cayó bien a Trincado: reclamó esta situación a su amigo, el oficial Javier Molina Castillo, quien increpó en duros términos al cabo Sanhueza por el desorden, afirma la demanda.

“Al otro día, 17 de abril de 2014, fui reprendido públicamente en el patio de formación, ante todo el Batallón de Helicópteros, siendo humillado y menoscabado en público por el teniente coronel Felipe Rojas Walsen… en presencia de personal menos antiguo, incluidos funcionarios de otras unidades”, indica el cabo Sanhueza.

Agrega que el teniente coronel Rojas le gritó, “apuntándome con el dedo, diciéndome que era un irresponsable, negligente, poco profesional… que tendría una semana de arresto… añadiendo que me lo decía en la cara y que si quería, le fuera alegar al Papa”.

Tras ser privado de libertad sin derecho a alimentación, el cabo Sanhueza comenzó a ser objeto de “continuos hostigamientos laborales… con distintas observaciones por situaciones irrelevantes, siempre en público, como por ejemplo las formas militares, el uniforme… se me comenzó a recargar los servicios los fines de semana y estos obedecían a castigos por aquellas observaciones”.

Lo anterior llevó a Sanhueza, mecánico tripulante de helicópteros, a presentar un Recurso de Amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Rancagua. A partir de ese momento, sostiene, la situación empeoró: dicho acto fue considerado una deslealtad hacia el Ejército y motivó que la institución empezara a investigar si el recurso había sido redactado por uno de los funcionarios que estudiaban derecho en la Brigada de Aviación de Rancagua.

El 30 de septiembre de este año, luego de ser sancionado con días de arresto por inferir supuestas amenazas en los recursos de reconsideración que presentó, el cabo Sanhueza fue dado de baja de las filas uniformadas.

Si bien intentó ser recibido – sin éxito – por el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, una historia distinta pero igualmente compleja es la que cuenta el cabo César Iluffi, quien interpuso la segunda demanda apoyado por dos abogados: según afirma, ni siquiera fue notificado personalmente de su retiro.

A su demanda laboral, con la que también busca ser indemnizado por el Estado de Chile, el cabo Iluffi acompañó copia de los diagnósticos de trastorno adaptativo del sueño y depresión gatillados luego de que le impidieran continuar su relación amorosa con una soldado conscripto, razón por la cual fue sancionado con seis días de arresto.

Luego de aquello, en una clara “humillación y degradación pública”, como describe, el cabo Iluffi fue asignado como asistente de mozo del Casino de Suboficiales, cargo que consistía en servir platos, atender a los suboficiales, lavar la loza y realizar el aseo de comedores y baños.

“En diciembre de 2014, no recuerdo fecha exacta, mientras cumplía mis funciones de ‘Asistente de Mozo’ del Casino de Suboficiales de la BAVE, me encontré en los pasillos con el Jefe del Estado, coronel Santiago Parra Zúñiga, quien sin razón justificada, sin provocación alguna, me detuvo y con garabatos y gritos me dijo: ‘Qué huevá te pasa que anday con puras licencias, me da la huevá y te mando destinado o te doy de baja, recuerda que eres clase de reserva’”, señala el cabo primero.

Pero lo que provocó definitivamente su desvinculación de las filas castrenses fue un hecho ocurrido frente a su domicilio, donde se emplaza una garita de vigilancia. Desde el puesto de guardia lo habría llamado para solicitarle agua un conscripto, a quien conocía del Casino de Suboficiales.

El cabo Iluffi dice que le llevó “una botella de plástico, de 1,5 litros, llena, con jugo de durazno, botella que le pasé sobre el muro y volví a mi casa”. A los pocos minutos, el conscripto le mandó un mensaje de texto, indicándole que un cabo de Inteligencia los había fotografiado a ambos cuando interactuaban.

El hecho motivó una investigación contra el cabo Iluffi por haber ocasionado una presunta “distracción de la guardia durante el servicio”, lo que significó una baja en sus calificaciones y su posterior inclusión en la Lista Anual de Retiros del Ejército.

Cabe señalar que ambos procesos inéditos que lleva adelante el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, el cual deberá trabajar sobre los antecedentes ya aportados por los ex uniformados, son posibles gracias a la jurisprudencia establecida en 2014 por la Cuarta Sala de la Corte Suprema al resolver que los funcionarios públicos también pueden recurrir a los tribunales del trabajo cuando sus derechos son vulnerados.

En base a dicho fallo se han llevado, además, juicios por tutela laboral en contra la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, causas que en primera instancia han logrado resultados favorables para los demandantes.