Funcionarios del INN comenzaron «telehuelga» tras reducción de sueldos y ofertas bajo el piso de la negociación colectiva

El Sindicato de Empresa Instituto Nacional de Normalización (INN) comenzó el martes una «telehuelga», en respuesta a la intransigencia y lo que consideran abusos por parte de su empleador, una fundación de derecho privado sin fines de lucro que depende del alero del Ministerio de Economía.

Esta institución cuenta con una figura similar a la CONAF o a Prodemu, en la cual el cargo directivo es elegido por el gobierno de turno, y tiene la tarea de elaborar normas técnicas nacionales (normalización), el aseguramiento de la trazabilidad de la mediciones en el país (metrología) y realizar actividades de evaluación de la conformidad.

Los 77 trabajadores y trabajadoras del INN venían desempeñando estas labores de manera remota desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, en representación de 49 de estos 77 funcionarios y funcionarias, el sindicato al cual están afiliados determinó, luego de una votación de sus bases sobre la escueta propuesta de su empleador para un nuevo contrato colectivo, iniciar una huelga telemática, reseñó EL Desconcierto.

«A pesar de haber mantenido un espíritu colaborativo y buena predisposición a conversar, nos hemos enfrentado a la intransigente y dura respuesta de nuestro empleador, que nos quitó la asignaciones de movilización y colación ($150 mil mensuales) para pasar a teletrabajo y nos ofrece un contrato colectivo con ningún incremento, con solo el 50% del IPC anual en los sueldos base y a tres años de duración, peor que el piso de la negociación, propuesta que fue rechazada por el 98% de los trabajadores sindicalizados», explicaron a través de e un comunicado.

En declaraciones a El Desconcierto  la presidenta de la asociación, Alejandra Contreras, aseguró que desde un comienzo la mesa negociadora no tenía ningún poder de decisión.

«No pudimos analizar ningún punto de nuestra propuesta», acusó la dirigenta, quien se refirió al director ejecutivo Sergio Toro Galleguillos – la persona que debía tomar las decisiones finales – como un «patrón de fundo».

Basó su afirmación en el hecho de que no le interesa conversar ni llegar a acuerdos con los trabajadores, quienes no tuvieron más opción que firmar el anexo de contrato que reducía sus remuneraciones.

«Porque si no, no íbamos a tener el resguardo del instituto», señaló Contreras, al tiempo que explicó que los descuentos fueron iguales para todos, es decir, la persona con el sueldo más bajo – $450 mil – también vio sus ingresos disminuidos en $150 mil.

«Esto se discutió en la mesa y tampoco lo consideraron. Este beneficio estaba en el contrato colectivo vigente – que ahora está vencido -, por lo que constituyó un incumplimiento por parte de la empresa en su minuto, y fue unilateral, no tuvimos opción de discutir ni alegar ni nada», denunció la representante sindical.

Señaló que la decisión de descontar el 50% del reajuste del IPC es algo «ilógico e irrisorio», y espera que las personas encargadas se allanen a conversar los puntos que solicitan para deponer su «telehuelga».

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