«Carecen de atribuciones»: Daniel Soto, experto en policías y seguridad desmiente plan de «emergencia comunal»

Durante los últimos días los alcaldes de La Reina, Juan Manuel Palacios (UDI), y de La Florida Rodolfo Carter, anunciaron que decretarían un «plan de emergencia comunal», lo que para el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez no existe a nivel legal ni jurídico y, por lo tanto, ediles como Carter o Palacios no pueden ejercer funciones policiales en sus comunas.

Respecto a lo anterior, el abogado y experto en policías y seguridad, Daniel Soto, en conversación con El Ciudadano afirmó que las iniciativas de seguridad anunciadas recientemente por los alcaldes de La Reina y de La Florida, tienen en común que reconocen uno de los principales temores de las personas en nuestro país, en torno a la epidemia de violencia delictual. Sin embargo, ambos cometen el mismo error y el que consiste en anunciar que ejercerán un liderazgo en temas en los que no tienen competencias efectivas.

Para el experto y coronel de Carabineros en retiro, sin lugar a dudas se está ante una crisis de seguridad marcada por el ejercicio de la violencia organizada, puesto que, los secuestros se han convertido en una práctica habitual, personas mueren cotidianamente en la vía pública víctimas de ejecuciones sumarias, la pirotecnia narco es parte del paisaje nocturno de sectores conocidos porque en ellos “no entran la policía”, cada cierto tiempo aparecen funcionarios públicos de baja graduación que proporcionan logística a grupos armados, los atentados a carabineros desprevenidos han costado un sinnúmero de vidas en los últimos años, etc.

-Las personas se sienten inseguras y las respuestas oficiales de las autoridades no responden a las inquietudes del público. A los ojos del ciudadano de a pie, el desempeño policial es malo y no da señales de poder mejorar: el general director de Carabineros manifiesta su complacencia porque este país es el más seguro de la región y el director general de la Policía de Investigaciones “descarta la presencia de maras”. En la práctica, ninguna autoridad policial reconoce su responsabilidad en la prevención de la criminalidad, ni en su incapacidad de investigar los núcleos criminales decisorios, ni menos el lavado de activos-, explica Soto.

En cuanto a los planes de emergencia comunal de Palacios y Carter, el abogado es enfático en precisar que es normal que hayan autoridades que quieran llamar la atención sobre la necesidad de abordar la violencia organizada, pero el inconveniente es que lo hacen sin diagnósticos claros, y sin disponer de herramientas jurídicas, ni operativas para poder enfrentar un fenómeno complejo como es la violencia organizada, ya que, probablemente detrás de este voluntarismo también hay ciertos rasgos de personalidad que les lleva a desatender a sus asesores en estas materias.

-Lo cierto, es que, pese a los anuncios, los alcaldes no tienen facultades extraordinarias en casos de inseguridad o alarma pública, carecen de atribuciones para disponer de los recursos policiales y no pueden configurar ni “batallones”, ni agrupaciones policiales de ningún tipo. Lo que ellos pueden hacer es contribuir mejorar la seguridad a través del diseño urbano, mejorar la video vigilancia como mecanismo disuasorio y probatorio, contribuir a elaborar mapas de focos delictuales, organizar a los vecinos, colaborar con el trabajo policial, etc. Lo que no debieran hacer son anuncios que generan expectativas incumplibles y que causen frustración en la ciudadanía-, comenta Soto.