Cárceles privadas en EE. UU.: «Un gran negocio» a costa de violaciones a derechos humanos

Las cárceles privadas en Estados Unidos son «un gran negocio» que se nutre de violaciones a los derechos humanos de migrantes y minorías, a la vez que explica por qué ese país tiene la mayor población penal del mundo, consideró el investigador mexicano Raúl Guillermo Benítez.

En entrevista con Xinhua, Benítez afirmó que la privatización carcelaria en Estados Unidos, al alza en las últimas tres décadas, adultera la esencia del sistema penitenciario porque lo convierte en un negocio cuya rentabilidad radica en el número de presos.

El Gobierno estadounidense le paga a los propietarios o gestores de las cárceles por cada recluso, lo que hace que, para las empresas vinculadas a la actividad, tener más presos signifique más ingresos.

El académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que esa lógica económica se ve respaldada por lo que refirió como política de «mano dura» de Estados Unidos en las calles.

Mediante esta, dijo, desde hace al menos 30 años «los policías tienen incentivos para enviar más personas a prisión por delitos menores, en contubernio con fiscales y jueces».

«Esto enriquece a empresarios privados, que son los que rentan las cárceles o los que son dueños de las cárceles, y entonces se vuelve un gran negocio», destacó.

Benítez señaló que estas prácticas policiales y judiciales, de conjunto con la privatización carcelaria, han tenido como víctimas principales a personas de bajos ingresos y de minorías étnicas, por lo que pueden definirse como prácticas discriminatorias que atentan contra los derechos humanos.

«En las cárceles de Estados Unidos hay más población negra que blanca, porque muchos afrodescendientes no tienen para pagar un abogado y evitar la cárcel», desgranó.

El académico de la UNAM detalló que «los jueces normalmente favorecen a la población blanca y castigan mucho a la población negra y latina. Entonces, son violaciones a los derechos humanos».

La edición más reciente de la base de datos del Instituto de Investigación de Política Criminal y Judicial (ICPR, por sus siglas en inglés) reafirma a Estados Unidos como el país con mayor población penal en términos absolutos y en proporción numérica, con más de dos millones de reclusos y 629 por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

Al elevado número de personas tras las rejas contribuye la criminalización de la migración, que hace que muchos migrantes sean detenidos en centros de detención operados por empresas privadas, donde se vulneran o limitan sus derechos humanos, según denuncian organizaciones y activistas.

Datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) refieren que, a finales de enero, más de 3.000 inmigrantes detenidos estaban contagiados con la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19), lo que es expuesto como muestra de falta de atención médica a los detenidos.

Benítez consideró que el crecimiento de la inmigración irregular hacia Estados Unidos beneficia a los dueños de las cárceles privadas porque reciben dinero por retener a los migrantes y los emplean como mano de obra extremadamente barata.

El pasado noviembre, un juez federal resolvió una demanda del estado de Washington contra la firma administradora de reclusorios privados GEO Group y determinó que esta tenía que pagar más de 23 millones de dólares por poner a trabajar a inmigrantes indocumentados detenidos, por un pago de un dólar al día.

Geo Group y Corecivic son las dos corporaciones de Estados Unidos con más inversiones en las cárceles privadas. Sus ingresos combinados en 2020 rebasaron los 4.000 millones de dólares.

Ambas son reconocidos donantes en las campañas de políticos, como el expresidente Donald Trump, y contratantes de firmas de cabildeo para que intercedan a favor de sus intereses en las altas esferas del poder estadounidense.

El investigador mexicano explicó que estas prácticas de «influyentismo» y cabildeo son permitidas en la ley estadounidense y están avaladas por las características del sistema político, donde el poder está muy descentralizado.

«La ley les permite a los gobiernos locales rentar las cárceles a privados y contratarlos para que ellos sean los administradores. Esto es un círculo vicioso, porque muchos gobernantes se ponen en contacto con los dueños de estas empresas y tienen intereses pactados».

En tal sentido, analizó, el Gobierno federal «no puede y no quiere» eliminar la privatización carcelaria.

«Tienen mucho poder los jefes de los condados, los gobernadores y los empresarios», añadió Benítez, al tiempo que dijo no vislumbrar un escenario distinto para las cárceles privadas en Estados Unidos y las violaciones a los derechos humanos que propician.

Fuente Xinhua

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