Irlanda continúa protestando contra el impuesto al agua

En Irlanda se han vivido durante los últimos meses fuertes protestas en las principales ciudades contra el impuesto al agua aprobado por el Gobierno. El ejecutivo irlandés pretende con esta medida recaudar más impuestos directos de los hogares para hacer frente a la deuda.

Con esta medida, el gobierno de Irlanda pretende hacer frente a las deudas contraídas por las malas e irresponsables prácticas de los ricos, aumentando la carga impositiva que recae sobre la población que vive ahogada por las políticas de austeridad que les impone el gobierno.

Como método de protesta, tres activistas contrarios al impuesto al agua iniciaron una huelga de hambre y de sed para exigir que se les trasladara de la prisión de Wheatfield a la prisión de Mountjouy, donde fueron llevados por primera vez tras la condena por desacato a un tribunal.

Los activistas son Derek Byrne, Paul ‘Ollie’ Moore y Damien O’Neill, y fueron condenados el pasado jueves a entre 28 y 56 días de prisión por incumplir una orden que les prohibía acercarse a menos de 20 metros de los trabajadores que instalan los nuevos contadores de agua.

Byrne y Moore fueron trasladados el pasado viernes a la prisión de Wheatfield, en donde las autoridades les impusieron un castigo de 24 horas de confinamiento incomunicado. Ante estas medidas, los dos activistas decidieron ponerse en huelga de hambre, protesta a la que se unió también  O’Neil en solidaridad con sus compañeros.

A través de un comunicado, Byrne aseguró que no aceptarán ningún alimento sólido ni líquido hasta que no se les traslade de vuelta a la prisión de Mountjouy: «La decisión de sacarnos de Mountjoy es política. Hemos tomado medidas para iniciar una huelga de hambre desde este viernes«.

Este sábado pasado miles de personas volvieron a salir a las calles para protestar contra la medida que pretende privatizar el agua y volverla más costosa: «La gente en este país está enfadada y tiene todo el derecho a estarlo porque la gente de este país ha sido vendida por estos supuestos dirigentes políticos«, afirmó el activista Derek Byrne.