Robo de propiedades: Un rezago de la dictadura aceptado por la Concertación

El decreto de “saneamiento” de dominio de propiedades fue un decreto que estableció el régimen de Pinochet con el fin de quitar sus propiedades a los que se habían exiliado e incluso habían sido asesinados. Este decreto maldito aún es sostenido por esta democracia débil y todo el espectro de la derecha chilena.

Mi enorme, inteligente, culto y bien informado amigo Carlos Vera Cáceres, que fuera un destacado dirigente socialista durante muchos años, me contó la nueva, junto con entregarme los antecedentes “legales” de la manera que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene para apoderarse de propiedades de personas de cualquiera o sin ninguna posición política.

El delincuente que opera en empresas contratistas, junto a Seremis corruptos de Bienes Nacionales, aprovecha el hecho –un decreto- que se dictó a fines de los años setenta para apoderarse de las propiedades que perseguidos de la dictadura dejaron abandonadas e incluso a gente que no las usó por haber sido asesinadas.

Este hecho que, claramente es una aberración, aún se sigue perpetrando bajo la complaciente mirada de los legisladores chilenos actuales: Concertacionistas y derechistas, y afecta, incluso, a gente de los mismos conglomerados y a los que están fuera: comunistas, humanistas, libertarios y otros.

Es decir: el robo “legalizado” de propiedades no afecta sólo a personas de un lado. Ayer le pudo tocar a un comunista, socialista o mirista, mañana le puede pasar a un miembro de RN, la UDI, de ChilePrimero, a un radical, a un independiente…

Es tan maldito el decreto planteado hace ya treinta años que cualquier ciudadano puede ser víctima del mismo.

Esta aberración, este robo de propiedades, tiene sus raíces en lo que ya señalamos.

Chilenos que, perseguidos políticamente, tuvieron que dejar sus casas abandonadas.

Y peor aún: chilenos que –tras ser asesinados- se les quitó sus propiedades.

Que la gente de uno y otro lado político sepa esta verdad, que –antes de elegir a sus parlamentarios- le pregunten que seguridad tienen  que su propiedad dejada un tiempo desocupada pueda seguir siendo de él y no vaya a venir un hampón con otros mafiosos a hacerse de los bienes que tanto le costaron.

Por José Gonzalo Martínez