En la provincia de San Juan

Gobernador argentino pone en manos de una iglesia conservadora la educación sexual

No resulta llamativo en un distrito donde la Iglesia tiene mucho peso institucional e ideológico, al punto que todos los diputados y senadores de la provincia votaron en contra durante el reciente debate sobre el aborto legal

Sergio Uñac, gobernador de la provincia argentina de San Juan, anunció que implementará la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral, una medida que, en principio, es una buena noticia. La norma fue sancionada en 2006, sin embargo, en muchos lugares del país aún no ha sido puesta en práctica.

En el caso de esta provincia, además de la demora se suma una particularidad: será la Universidad Católica de Cuyo (UCC) la encargada de formar al personal docente que luego dictará la asignatura de educación sexual integral en las escuelas.

Este último anuncio no resulta llamativo en un distrito donde la Iglesia tiene mucho peso institucional e ideológico, al punto de que todos los diputados y senadores de la provincia votaron en contra durante el reciente debate sobre el aborto legal en el Congreso nacional.

La UCC acreditará a los docentes

Los docentes que podrán impartir la asignatura de Educación Sexual a partir de 2019 serán aquellos que tengan una diplomatura otorgada por la UCC. La decana de la Facultad de Derecho de esa institución, Miryan Andújar, será la coordinadora de ese postítulo.

Al respecto, Dolores Córdoba, del Colectivo «Ni Una Menos de San Juan», advirtió que Andújar es «una de las máximas referentes antiaborto y anti matrimonio igualitario del país«. «Es vocera de la Iglesia católica. Dudo que respete los lineamientos curriculares que establece la Ley», subrayó.

La normativa establece que se enseñen, no solo cuestiones netamente biológicas en relación a la sexualidad, sino también otros aspectos, como por ejemplo los métodos anticonceptivos, nuevas formas de familia —ya sean monoparentales o entre parejas del mismo sexo— y los distintos géneros y orientaciones sexuales.

Córdoba denunció, en este sentido, que el gobierno provincial «no tiene diálogo con las organizaciones feministas ni con ninguna otra que busque ampliar derechos respecto a la diversidad sexual».

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