¿Guardia Nacional violará privacidad de las comunicaciones de los mexicanos?

La Cámara de Diputados mexicana, votará este jueves por la minuta en la que se precisa que un juez especializado deberá resolver la solicitud de intervención de comunicaciones en un plazo no mayor de 12 horas

Ante delitos graves como narcotráfico, robo de combustible, pornografía infantil, lavado de dinero, tráfico de armas y trata de indocumentados, se conoció que la Guardia Nacional de México tendrá la facultad de intervenir llamadas telefónicas y audios.

La nación azteca ha experimentado en el primer trimestre del año un recrudecimiento de la violencia. Un estudio del portal Semáforo Delictivo reveló que el índice de homicidios aumentó 6 % con respecto al año 2019.

Igualmente, la investigación destaca que en los casos de extorsiones reportaron un incremento de 37 % en el mismo periodo; mientras que el narcomenudeo tuvo un incremento de 13 %.

En este contexto, AMLO manifestó su preocupación y la necesidad de bajar los índices delictivos, por lo que siete leyes permitirán al cuerpo de seguridad escuchar diálogos de particulares, cuando se constate la existencia de indicios suficientes que acrediten la comisión de delitos, publicó El Sol de México.

En este sentido, la Cámara de Diputados votó este jueves por una minuta en la que se precisa que un juez especializado deberá resolver la solicitud de intervención de comunicaciones en un plazo no mayor de 12 horas.

A partir de ese momento, la autoridad judicial ordenará que den acceso a la información requerida por la Guardia Nacional.

Con la orden judicial, las concesionarias del sector de telecomunicaciones tendrán la obligación de otorgar la información requerida, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en el nuevo marco jurídico.

Entre los datos y accesos que se otorgarían destacan la intervención de las comunicaciones y la localización georeferenciada en tiempo real de equipos celulares bajo investigación; invocando artículos de la Constitución, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El Sol de México también difundió la postura del presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Penal, José Antonio Ortega Sánchez. “Tiene que darse un control judicial y sanciones muy fuertes por si se abusa, difunden o se comparte la información. El reglamento tiene que especificar cuál será la ruta y los convenios con las empresas telefónicas, porque luego éstas ponen pretextos para la intervención”, puntualizó.

Violencia en Cifras

En el informe de seguridad que el Gobierno mexicano publica diariamente resalta que entre enero y febrero hubo 4.622 víctimas de homicidio doloso. En tanto, el promedio diario fue de 75 casos en enero, y 83 en febrero.

Sin embargo, los datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de la Seguridad Pública contradicen al Ejecutivo y señalan que la suma de víctimas de homicidio es de 5.803 en el primer bimestre de 2019: con un promedio de 92 asesinatos diarios en enero y 99.8 en febrero.

Los seis estados con la mayor tasa de homicidios en febrero de 2019 fueron Colima, Guanajuato, Baja California, Morelos, Chihuahua y Guerrero.

La Guardia Nacional

Con 362 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Guardia Nacional a principios de año, generando gran controversia, ya que está integrada por efectivos de las policías militar, naval y federal; con mando civil y estructura militar.

El partido Morena explicó el perfil de los funcionarios: «El guardia, no el policía, no el militar, el guardia tendrá la disciplina militar y la preparación policial, única en el país porque deberá integrar la preparación en materia de derechos humanos y equidad de género», explicó el diputado Mario Delgado, coordinador del partido.

Algunas de las funciones que ejercen los miembros de la Guardia Nacional son: luchar contra la delincuencia organizada, salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como preservar los bienes y recursos de la Nación.

Igualmente, se estableció que los delitos cometidos por la Guardia Nacional serán denunciados ante la autoridad civil, y las faltas contra la disciplina militar ante la autoridad castrense. Además, los detenidos por la Guardia deben ser puestos a disposición de la autoridad civil.

Países que destinan su seguridad a un mando civil

El modelo establecido en México se parece al que tienen países como Colombia, Arabia Saudita, Corea del Norte, Tailandia, Yemen, Angola, Nicaragua, Camboya, Kazajstán, Eritrea, Irán, Vietnam, Chad o Siria.

El portal Nexos hizo un análisis del tipo de mando que garantiza la seguridad pública de todos los países del mundo: 193 miembros de la Organización de las Naciones Unidas, más El Vaticano, Palestina, Taiwán, Hong Kong, Macao, Kosovo y Puerto Rico.

En la primera categoría se encuentran 134 países, en los que el esquema de provisión de seguridad es completamente civil, a través de una Policía Nacional o cuerpo afin.

En la segunda categoría se incluyen 16 naciones donde las tareas de seguridad se comparten entre un cuerpo civil -como la Policía Nacional- y uno militar -como la Gendarmería-, aunque la mayor parte de las tareas se reservan a la autoridad civil.

Tanto en España como Francia la policía se encarga de la seguridad en las ciudades y las gendarmerías de las áreas rurales menos pobladas.

La tercera categoría la conforman 17 países donde las tareas de seguridad se ejecutan de forma concurrente por un cuerpo con mando civil y uno con mando militar. Mientras que la cuarta y última categoría la componen 33 países, en donde las corporaciones de seguridad tienen un mando primordialmente militar o esquemas militares de operación.

El medio establece que países desarrollados con sistemas de seguridad consolidados y bajas tasas de inseguridad -como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, Reino Unido o los países nórdicos- tienen en común el mando civil total en las fuerzas de seguridad pública.