Detenidos en sede del servicio de inteligencia venezolano exigen presencia del fiscal general

Ciudadanos detenidos en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (Sebin) mantienen desde horas de la tarde la toma de los calabozos de la sede El Helicoide, en Caracas, para exigir la presencia del fiscal general, Tarek William Saab.

«Pedimos a Tarek William Saab como presidente de la Comisión de la Verdad que se avoque y ejecute inmediatamente los procesos de El Helicoide y también que constituya un tribunal itinerante para haga las audiencias en las instalaciones, porque hay personas a las que se les niega traslado a los tribunales», indicó el detenido Fred Mavares, en un audio enviado a Sputnik.

Mavares es un ex agente de la Policía de Chacao, Miranda. Está detenido junto con otros 12 exfuncionarios de este órgano policial, por  la investigación del caso del asesinato del periodista Ricardo Durán. Un tribunal de Caracas ordenó su excarcelación que aun no se ha cumplido.

El expolicía destacó en conversación con Sputnik, que no depondrán la toma de los calabozos hasta no recibir una respuesta de las autoridades.

De igual forma, Mavares hizo un llamado a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. «Pedimos que se avoquen a lo que está sucediendo aquí y a la Defensoría del Pueblo para que garantice la integridad física de los que estamos aquí», indicó, citado por el referido medio.

De acuerdo a la información aportada por los detenidos, en la protesta participan 115 presos, entre ellos involucrados en caso de violencia política.

Foto: AVN

El pasado 16 de mayo, se produjo otra toma de El Helicoide que duró tres días y que se levantó luego de que las autoridades acordaron con los detenidos la instalación de un tribunal itinerante, que pactó el traslado voluntario de varios reclusos a otros centros de de detención.

A comienzos de junio, La Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)- instancia que se encarga de investigar los casos de violencia política opositora durante 2014, 2016 y 2017- revisó varios expedientes, tras una solicitud del Poder Ejecutivo en conjunto con el Tribunal Supremo de Justicia.

Esta acción conllevó a otorgar beneficios procesales a 192 ciudadanos que están involucrados en actos violentos como los ocurridos en 2017 en varias partes de Venezuela, que dejaron 124 personas muertas.

A finales de 2017, la entonces presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez , también anunció la decisión gubernamental de conceder la liberación de 80 detenidos por violencia política, por la vía de beneficios procesales, informa la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).