Legisladores del PRI buscan proteger datos personales y sancionar a defraudadores

Los diputados plurinominales federales Blanca Alcalá Ruiz y Javier Casique Zárate presentaron iniciativas para revisar el uso de nuevas tecnologías. Esto incluye el manejo de datos personales por parte de dependencias gubernamentales o empresas y la sanción de fraudes cibernéticos.

Blanca Alcalá Ruiz pidió reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales, para garantizar la seguridad y confidencialidad sobre la protección de datos personales. Argumentó que no existe un control sobre qué entidades, públicas o privadas, manejan información delicada.

Durante la «Jornada de difusión y reflexión, sobre los alcances y desafíos de las Leyes de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y Sujetos Obligados«, en el Estado de México, pidió investigar el manejo de información de las nuevas tecnologías.

La legisladora añadió que ciudadanos proveen sus datos personales al realizar trámites en instituciones bancarias, de salud, plataformas de streaming, pero no hay certeza acerca de su utilización en un futuro.

De acuerdo con su propuesta, la información personal y datos sensibles estarán al alcance solamente de quienes cumplan con los pilares fundamentales de la protección de datos personales, y que se explique su fin.

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Casique quiere sancionar el doxing

El diputado Javier Casique Zárate pidió sancionar la extorsión, intimidación y “doxing” a través de aplicaciones móviles que ofrecen préstamos exprés, de las cuales ha documentado cerca de 130. Entre ellas se encuentran: Cash Money, Cash Box, Cash Cahs, Credimax, Más Lana, Flamingo Cash, Lana Plus, Peso Préstamo, entre otras.

El doxing es una práctica mediante la cual los ciberdelincuentes ejecutan una investigación para recopilar información, sobre una persona y publicarla en la internet con el fin de incitar al acoso.

El pasado martes, presentó ante la Comisión Permanente, un proyecto para reformar el Código Penal Federal y adicionar el artículo 282 Bis. Esto, con el objetivo de iniciar procesos penales en contra de quienes requieran el pago de “cripto-préstamos” por medio de amenazas, intimidación, hostigamiento y robo de datos personales.

Su propuesta nació por los hechos recientes, donde supuestas empresas de préstamos difundieron la información de las deudas con algunos de los contactos de la persona que adquirió el servicio, así como por algunas denuncias sobre la cobranza violenta.

De acuerdo con su iniciativa, el Artículo 282 Bis quedaría de la siguiente manera: Se aplicará sanción de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días multa a quienes requieran el pago de una deuda; empleando amenazas, violencia, intimidación u hostigamiento, por medio de las nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones (TICS), redes sociales, o cualquier espacio digital.

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Foto: Agencia Enfoque

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