México adoptará medidas tras caso de aprisionados por 17 años sin sentencia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable a México por las violaciones al debido proceso y a la libertad personal en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes pasaron más de 17 años en prisión sin sentencia.

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Al respecto, el gobierno mexicano comunicó que esto servirá al Estado para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios en México.

La Corte IDH notificó su sentencia al Estado mexicano en una audiencia en línea, en la que participaron representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y del Estado de México, su Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia local, y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

En específico, la Corte IDH responsabilizó al estado mexicano de la violación de los derechos a la integridad y libertad personal, a la presunción de inocencia por la detención arbitraria, privación de la libertad y la aplicación del arraigo y prisión preventiva oficiosa a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes fueron acusados en 2002 por el asesinato de la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamez.

La Corte IDH limitó el caso al marco fáctico establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de fondo, desestimando alegatos sobre una posible desviación de poder, en concordancia con la solicitud del Estado. Determinó medidas de satisfacción, rehabilitación e indemnización compensatoria en favor de las víctimas.

Sentencia al estado mexicano

En un comunicado, el gobierno mexicano informó que deberá de adecuar su marco normativo respecto a las figuras del arraigo preprocesal y la prisión preventiva oficiosa, con el fin de que su aplicación cumpla con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Corte IDH estableció un plazo de un año para que el Estado informe sobre el cumplimiento de la sentencia.

También indicó que analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el tribunal interamericano, con el objetivo de estar en condiciones para cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los compromisos internacionales del Estado y sus procesos democráticos internos.

En el documento también reitera su compromiso con el respeto de los derechos humanos y para seguir protegiendo a las personas libradas de su libertad.

México reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y con los instrumentos y mecanismos que los protegen, tanto en el ámbito regional como universal. La determinación de la Corte IDH servirá para orientar al Estado en cuanto a sus acciones para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios frente a autoridades mexicanas. 

Foto: Internet

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