Niegan amparo a Murillo Karam por riesgo de que huya o contacte testigos

Un juez federal consideró que de encontrarse en libertad, el exfuncionario también podría intervenir en los elementos de prueba

Por El Ciudadano México

27/04/2023

Publicado en

México / Policial / Portada secundaria / Puebla

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Al exprocurador General de la República (FGR), Jesús Murillo Karam, se le negó el amparo contra la vinculación a proceso de la primera causa penal por los delitos de tortura, contra la procuración de justicia y desaparición forzada relacionados con el caso Ayotzinapa.

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La defensa de Murillo impugnó la resolución ante un tribunal en materia penal, el cual resolverá si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.

En su resolución, una secretaria en funciones de juez desestimó los agravios de la defensa de Murillo Karam y consideró que la medida cautelar «cumple con la regularidad constitucional, convencional y legal exigida para ello”.

Indicó que existen razones para considerar la prisión preventiva justificada es idónea, proporcional y la menos lesiva para cautelar los peligros procesales de sustracción del imputado, de obstaculización del desarrollo de la investigación, para evitar un posible daño para las víctimas y testigo, así como ante los factores y/o circunstancias de riesgo adecuadamente observados y constatados por la autoridad responsable, especialmente su posición económica y socio-política.

Para Murillo Karam no aplica la excepción prevista en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido al riesgo de sustraerse de la acción de la justicia, ya que cuenta con 5 domicilios.

Además, el exfuncionario tiene facilidad para el contacto con los testigos y puede haber una red de ayuda que coadyuve por la calidad de servidor público de alto rango que tuvo.

La impartidora de justicia advirtió que de encontrarse en libertad, Murillo podría posibilitar la destrucción, modificación, ocultamiento o falsificación de elementos de prueba, dada la naturaleza de la investigación, así como de influir para que testigos o peritos informen de manera falsa o se comporten de manera reticente o inducir a otros a realizar tales comportamientos, o que se intimide, amenace u obstaculice la labor de servidores públicos que participen en la investigación.

El exfuncionario enfrenta cargos por los actos de tortura cometidos en contra de un hombre identificado –para efectos del juicio– como FRS, quien fue acusado en 2015 de ser el jefe de sicarios del cártel Guerreros Unidos y haber participado en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.