Tal como ocurrió con La Polar, clientes de distribuidoras de energía son abusados en sus boletas de consumo por repactaciones unilaterales, todo, dentro de la ley

Habitantes de la región de Los Lagos exigen en la Cámara comisión investigadora frente a cobros de empresas eléctricas

Las reliquidaciones que mes a mes realizan las empresas distribuidoras de energía eléctrica en las cuentas de consumidores de las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé –así como en el resto del país–, en los hechos, constituyen repactaciones irregulares, pues, ellas son efectuadas de manera unilateral, abusiva y poco informada, todo dentro de la legalidad. En rigor, se trata de una medida no consensuada donde los clientes quedan obligados a pagar una cuota que se carga en su cuenta, sin que dicho gravamen se pueden impugnar o postergar.

Por Patricio Araya

11/12/2015

Publicado en

Política / Portada

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reliquidacion de luz

Con la misión de denunciar los cobros abusivos que efectúan las compañías eléctricas que los abastecen, realizados bajo la explicación de reliquidar alzas no traspasadas durante el gobierno anterior a los clientes, ayer 45 dirigentes vecinales de las comunas de San Pablo, San Juan de la Costa, Osorno, Puyehue, Puerto Octay, Río Negro, Frutillar, Fresia, Los Muermos, Llanquihue, Maullín, Calbuco, Puerto Montt, Alerce, Puerto Varas, Cochamó, Hualaihué, y las diez comunas de la isla de Chiloé, llegaron en bus desde Puerto Montt hasta la sede del Congreso Nacional, en Valparaíso. Hoy esperan ser recibidos en Santiago por el ministro de Energía, Máximo Pachecho.

En la ocasión, los vecinos fueron recibidos por el diputado Iván Fuentes, a quien le expusieron la situación que los afecta desde comienzos de año. Alegan que a contar de febrero vieron aparecer en sus estados de cuenta de electricidad cobros por concepto de reliquidación, cuyas cuotas que algunos casos superan los 20 mil pesos mensuales, y que ellos interpretan como alzas encubiertas de la electricidad.

Los dirigentes manifestaron que los cobros afectan a los clientes más pobres, a los comerciantes poblacionales, a los comités de agua potable rural (APR), a los damnificados por la erupción del volcán Calbuco, que en promedio pagan más de $32 mil por cuotas por reliquidación; y al propio municipio de Puerto Montt, institución que ha debido pagar hasta 550 millones de pesos por dicho concepto. A lo anterior se suma el hecho que las reliquidaciones incluyen reajustes e intereses propios de un crédito de consumo, más que de un servicio básico. Su angustia se acrecienta al explicar que el gobierno ya autorizó dos reliquidaciones más.

Hernán Navarro, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Puerto Montt, explicó a El Ciudadano que el propósito de su viaje es dar a conocer a los parlamentarios y al Gobierno la grave situación que los afecta como consumidores. “Estamos acá porque se ha cometido una injustica por parte del Estado contra los clientes del servicio público de electricidad. Desde enero se vienen cobrando unos cargos que se llaman reliquidaciones, eso tiene que ver con diferenciales que no se cobraron en su debido momento, eso fue entre los años 2011 y 2014, y ahora se les está cobrando a los clientes de una sola vez con reajustes de IPC; para nosotros esto es un error, una negligencia del Estado. Eso es lo que venimos a plantear, es el Estado y no los clientes, el que debe hacerse cargo”, sostuvo Navarro.

¿Cuáles son las compañías eléctricas involucradas?Allá en el sur estamos hablando  de Luz Osorno, Saesa y Crell, que atienden a unos 250 mil clientes, tanto en la región de Los Lagos, como la de Los Ríos.

¿Cuál es el tenor de la reunión con el diputado Iván Fuentes?La idea es darle a conocer este problema y ver la posibilidad que los parlamentarios puedan hacer fuerza y argumentar, porque aquí tiene que hacerse un control de legalidad respecto a estos actos administrativos que ha habido para autorizar estos cobros. Por otro lado, buscar soluciones, intercediendo frente al gobierno; aquí hay salidas, una de ellas es mitigar este alto costo, mitigación que puede venir vía subsidio eléctrico, que por lo demás, está contemplado en la ley eléctrica.

¿Quiénes son los más afectados por las reliquidaciones?El costo lo están pagando las familias más pobres, la dueña de casa de (la comunidad) Alerce, que tiene bajos puntajes en la FPS, los comités de agua potable rural, los comerciantes de las poblaciones, la viviendas nuevas con subsidio social, así como los clientes institucionales, como los municipios a través del alumbrado público, lo que repercute en una menor inversión; tenemos el caso de la municipalidad de Puerto Montt, que va a tener que pagar 550 millones de pesos en reliquidaciones.

 

La comisión investigadora que nunca fue…pero que podría resucitar

Los dirigentes sureños no sólo viajaron hasta Valparaíso para denunciar los cobros abusivos de las distribuidoras eléctricas, sino también para exigir que se concrete de una vez por todas, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Ya en julio de este año, parlamentarios de la Nueva Mayoría, liderados por la bancada DC, habían pedido que se formara la referida comisión. Sin embargo, teniendo los votos para constituirla, ello no fue posible debido a un error de información que impidió reunir el quorum necesario para darle luz verde a la instancia investigativa.

Por ello, los dirigentes le pidieron al diputado independiente, Iván Fuentes, su apoyo para reponer la iniciativa y llevarla a votación a la Sala, a lo que Fuentes se comprometió.

No obstante, a estas alturas, resulta, al menos, curioso que una comisión, cuyos propósitos eran compartidos por un gran número de diputados, no se haya materializado. ¿Qué razones hubo para no formarla? Se dice que sólo fue un error en la tabla del día, que no todos los diputados estaban informados.

Según el oficio de 27 de julio de 2015 (al que tuvo acceso El Ciudadano), firmado por los honorables Iván Fuentes, Ricardo Rincón y Marcelo Chávez, y avalado por más de 40 diputados de la Nueva Mayoría, la comisión investigadora solicitada al presidente de la Cámara, debía abocarse a: realizar un examen de legalidad de los actos administrativos que derivaron en la aplicación de una fuerte alza de las cuentas de luz de los chilenos a partir de enero del 2015; las razones y la procedencia normativa del retardo injustificado de la dictación de los decretos tarifarios del sector eléctrico entre los años 2011 y 2014; conocer de las posibles faltas a la Ley del Consumidor en la repactación unilateral de las deudas de los usuarios, sin existir un aviso formal de las alzas a los usuarios de energía eléctrica domiciliaria; conocer los motivos, modalidad, fundamentos y circunstancias que posibilitan el comienzo del cobro de las alzas acumuladas por parte de las empresas, desde el mes de enero del año en curso, sin existir toma de razón por parte de la Contraloría General de la República; determinar a los responsables y las circunstancias que dan lugar a la falta de previsión en las autoridades competentes en relación al impacto social y económico que tenía el retardo en la dictación de los decretos, lo que produjo una brusca alza de precios, afectando fuertemente la economía doméstica de los chilenos; y revisar los motivos de las actuales alzas en el precio de la energía eléctrica domiciliaria, estudiando y proponiendo medidas de mitigación que permitan que las familias chilenas no paguen mes a mes cuentas de la luz cada vez más onerosas.

No obstante, tan nobles objetivos nunca vieron la luz del día, debiendo postergarse por tiempo indefinido. ¿O acaso tan quijotesca cruzada terminaría afectando intereses superiores? Mientras no se restituya en los mismos términos cada uno de los objetivos mencionados en el oficio de julio al presidente de la Corporación, no queda sino seguir abonando mera ingenuidad a la ya debilitada buena fe en las instituciones.

Consultado al respecto, el diputado Iván Fuentes, junto con hacer un mea culpa por la fallida comisión, se mostró dispuesto a insistir para que ella se concrete lo antes posible.

“Existe la voluntad de reponer esa comisión investigadora, toda vez que fue presentada, y que se cayó por falta de quorum; aparece el proyecto en la mañana y se cae en ese momento debido a que tenía que tener un número de asistencia (y no lo consiguió); lo que cabe es reponer la comisión para tratar el tema a fondo: queremos sacarle ese peso a los afectados, tratarlo con el ministerio de Energía y con todos sus entes involucrados”.

El ex dirigente social y hoy diputado por Aysén, reconoció que el problema no sólo afecta a los habitantes del sur de Chile, sino también a los de otras regiones del país. Del mismo modo, se hizo cargo de la presión que hoy le está imprimiendo la sociedad civil organizada a la dirigencia política a la hora de reclamar soluciones concretas, un auténtico empoderamiento ciudadano.

“Mientras estén organizados (los dirigentes sociales), con sentido de unidad, como en cardumen, y cuando vienen con una reflexión como la que traen, en buena, necesitados de una solución, buscando la solución, tocando las puertas que hay que tocar (…) los parlamentarios no tenemos que caminar por miedo (a la presión social), tenemos que hacerlo porque sentimos la necesidad de ayudar; no le tememos a la comunidad protestante, tenemos el sentido de urgencia de atender los problemas de la gente. Por ahí vamos a agarrar un mejor andar en nuestro Chile”, explica.

Para concluir su reflexión sobre el grado de organización y claridad con la que arribaron los dirigentes sureños a la Cámara para entrevistarse con él, Fuentes dice. “Hay que temerle a la gente de paz, cuando se enoja un hombre de paz, hay que tener cuidado”.

Los dirigentes se retiraron confiados en que esta vez sí habrá comisión investigadora. Mientras, deberán seguir pagando las ganas a las eléctricas.

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