Reforma laboral en segundo trámite legislativo

Vicepresidenta del Senado: “El trabajo humano en este país no tiene valor”

En medio de la discusión de la reforma laboral que se tramita en el Congreso, El Ciudadano conversó con dos diputados integrantes de la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara, el RN Nicolás Monckeberg y el PPD Cristian Campos, quienes entregaron sus visiones y aprensiones frente al proyecto. Lo propio hizo la vicepresidenta del Senado, Adriana Muñoz, senadora PPD de la región de Coquimbo, quien reconoció que el Estado “es un mal empleador”, al tener a más del 50 por ciento de sus funcionarios a honorarios y a contrata.

Por Patricio Araya

14/12/2015

Publicado en

Política / Portada

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Este miércoles 16 de diciembre el Senado deberá despachar la totalidad de las indicaciones realizadas por el Ejecutivo y los parlamentarios al proyecto de reforma laboral, la que aún se encuentra en su segundo trámite legislativo. Su penúltima escala en la Cámara Alta será la comisión de Hacienda, tras lo cual pasará a la Sala, y luego despachada a la Cámara de Diputados, de donde deberá salir convertida en ley. Si ello no fuera posible, deberá ir a una comisión mixta, la que resolverá la controversia.

Pasado mañana los senadores deberán resolver aspectos como la huelga, la extensión de beneficios, la negociación colectiva y el uso de la fuerza. Algunos de los aspectos que más controversia han generado entre el Gobierno y los parlamentarios, son los  referidos al sindicato interempresas, la huelga y la extensión de beneficios para los trabajadores no sindicalizados. En su primer trámite en la Cámara de Diputados, el proyecto estableció que puede existir un grupo negociador aparte del sindicato, y que la negociación es obligatoria. Allí se sostuvo que para que dicho grupo pueda negociar, en la empresa debe existir una cantidad de trabajadores equivalentes a los que se requiere para formar un sindicato. El proyecto del Gobierno también pretende impedir el reemplazo durante la huelga, si es que el Tribunal Constitucional no dice otra cosa.

La vicepresidenta del Senado, Adriana Muñoz D’ Albora, recibió en su oficina a El Ciudadano, ocasión en que planteó sus inquietudes sobre el proyecto del Ejecutivo, sus diferencias insalvables con la derecha, su compromiso con la Presidenta y su cruda visión de la calidad de empleador del Estado, de lo que responsabiliza a la Concertación por no haber tenido agallas para cambiar el sistema dejado por la dictadura en materia de relación laboral con los funcionarios públicos.

Adriana Muñoz reconoce los inconvenientes y demoras que ha experimentado el proyecto del Ejecutivo para dotar al mundo laboral de un nuevo trato. Y como gran experimentada en lides parlamentarias, anticipa la suerte que correrá el proyecto en su etapa final, cuando regrese a la Cámara Baja en su tercer trámite. “Si la Cámara no está de acuerdo con las modificaciones que le hizo el Senado, va a haber comisión mixta”, sentencia.

“Esto ha sido un proceso largo en el Senado, mucho más de lo que hubiésemos previsto; ha habido gran cantidad de indicaciones que hemos ido presentado los senadores, tanto de gobierno como de oposición”. No obstante, la senadora recalca que los senadores oficialistas “hemos ido resguardando lo que la Cámara de Diputados aprobó, es decir, el mandato que plantea la Presidenta en su proyecto de ley: titularidad sindical, donde el sindicato es el actor que negocia colectivamente en representación de los trabajadores, que la huelga es efectiva sin reemplazo, y que se amplía la negociación colectiva a más trabajadoras y trabajadores”.

Hablemos de las indicaciones…

En el marco de ese resguardo que mencionaba, hemos ido haciéndonos cargo de las observaciones y planteamientos que nos hicieron acá en el Senado organizaciones de trabajadores, así como de distintos sectores del comercio y del mundo académico. Ello nos convenció de que podíamos incorporar algunos elementos que permitieran avanzar en materias que habían quedado pendiente. Este es un debate bastante complejo, porque fortalecer los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras en Chile significa ir avanzando y modernizando las relaciones laborales con el propósito de hacer un reequilibrio en la balanza de poder que existe al interior de las empresas, donde, por cierto, la balanza está muy inclinada hacia el empresariado; en tanto, desde el punto de vista de sus derechos colectivos, que los trabajadores tienen normas muy antiguas, que datan de la época del Plan Laboral de José Piñera (1978). Llevamos mucho tiempo con un marco normativo muy pro empleador. El mundo moderno y el avance económico que ha tenido Chile, ameritan un cambio profundo en materia normativa de sindicatos, negociación colectiva y huelga.

Pero, ¿hay posibilidades de hacer ese cambio tan necesario?

Por cierto que este marco arcaico resguarda intereses económicos consagrados de la época de la dictadura y en los 25 años de conquista de la democracia, que cuesta remover. Esta tensión de poder, implica fortalecer los derechos de los trabajadores y que puedan avanzar en la recuperación de sus ingresos y condiciones laborales. Se trata de reequilibrar la balanza. No sólo que su trabajo sirva para el notorio enriquecimiento que tiene el empresariado en Chile, que se nota a través de las grandes inversiones que realizan en el resto de América Latina y el mundo, sino para recuperar a los trabajadores que se han ido empobreciendo. Lo que busca esta reforma, desequilibrante por cierto, es que el trabajo tenga valor en la sociedad; un valor importante en lo que es la construcción de desarrollo y de riqueza del país, porque es una fuerza activa que se entrega a un proceso productivo, y que no está valorado al nivel que está valorado el capital en este proceso de construcción de riqueza y productividad que hay en nuestro país. Esa es la pelea.

En el contexto de esa lucha de poder que usted menciona, ¿qué opina de la impresión que tienen los ciudadanos que los proyectos que despacha el Congreso salen tan salen tan consensuados que al final no se nota cambio alguno?

El primer mandato que tenemos en el Parlamento es el deber de convertir en realidad los proyectos y que se transformen en leyes de la República. El segundo, es que tenemos que resguardar las visiones y las propuestas políticas que hay en los proyectos, fundamentalmente los enviados por la Presidenta, un mandato especial para los que somos de la coalición de gobierno. Respecto a la reforma laboral, que yo considero como un proyecto bastante moderado, ha provocado esta tensión en las relaciones de poder en las empresas, donde la parte más débil es el trabajador.    En lo personal, considerando las diferencias y matices que tenemos en la Nueva Mayoría, yo hubiese optado por una propuesta legislativa un poco más profunda, que fortaleciera más a las organizaciones, más al trabajo como valor social. Sin embargo, viene un proyecto enviado por la Presidenta y nosotros nos encargamos de que este proyecto se resguarde.

 Desde un punto de vista ideológico, ¿qué diferencia hay con la derecha frente a la reforma?

Hay muchas y muy fuertes diferencias con la derecha. Por cierto, la derecha va a defender, y lo está haciendo, es el interés del capital, los intereses de los empresarios, a quienes ellos representan aquí en el Parlamento; la derecha se ha opuesto a la reforma, y en todo el debate legislativo están en contra de fortalecer los sindicatos; incluso han anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional para establecer que la titularidad del sindicato como sujeto único de negociación y de representación de los trabajadores, es inconstitucional. Hasta hoy, en el marco del Plan Laboral de José Piñera, quienes negocian son los sindicatos y también los grupos de trabajadores. Éstos últimos, son organizaciones coyunturales que surgen para una determinada negociación y posteriormente desaparecen. Esta dualidad de representación de los trabajadores es lo que la derecha quiere mantener.

¿Por qué la derecha quiere mantener esa dualidad?

Porque entiende que la intención del proyecto es fortalecer el sindicato como organización colectiva de los trabajadores, y transformarlo en titular de la negociación (sujeto relevante), siendo el único que va a poder negociar. Ellos (la derecha parlamentaria) dicen que esto atenta contra la libertad de los trabajadores y lo van a llevar al TC. Es ahí donde se aprecia la polaridad de visiones que tenemos hoy día derecha y gobierno en relación a cómo fortalecer las organizaciones colectivas de los trabajadores. También están en contra que la huelga sea efectiva.

 Usted mencionaba que al interior de la Nueva Mayoría existen matices y diferencias, ¿cómo cuáles?

Hemos tenido diferencias. No es que uno seamos pro pymes y otros no lo seamos. Ha habido una diferencia en decir cuál es el bien superior que vamos a resguardar. Como lo señala la matriz del proyecto, estamos porque la negociación colectiva se amplíe, y que no sea sólo ocho por ciento de trabajadores y trabajadoras que hoy día negocia colectivamente en el país, sino que se amplíe a muchos más. Eso va en la línea de fortalecer el sindicato. En este sentido, un grupo de colegas de la Nueva Mayoría, tanto de la DC como del PPD, han planteado que ellos son pro pymes, y que la constitución de sindicatos en las micro y pequeñas empresas puede desbaratar un emprendimiento.

¿Es lo que plantean los senadores Andrés Zaldívar y Eugenio Tuma?

Ellos lo ven como una amenaza a la existencia de la micro y pequeña empresa. Al final nosotros debatimos bastante esto porque entran en colisión dos intereses que tenemos en el proyecto: uno es el de ampliar la negociación colectiva, porque si aumenta a 25 trabajadores el quórum para constituir sindicatos, quedaban afuera un millón trescientos mil trabajadores de la micro y pequeña empresa que no podían negociar colectivamente, lo que es un contrasentido con la idea matriz de ampliar la negociación.

Por último, ¿cuál es su opinión respecto al mal ejemplo que da el propio Estado al precarizar el empleo, suscribiendo contratos a honorarios o a contrata a destajo, sin protección de sus trabajadores?

El Estado es un muy mal empleador, pero esto obedece a una derrota política que tuvo la Concertación en 1990, cuando en este excesivo cuidado de resguardar la frágil democracia que estábamos impulsando, se aceptaron una serie de imposiciones que hizo la derecha, en el sentido de que el Estado y su visión económica, social y política de la sociedad es que el Estado tiene que ser un Estado pequeño, donde el mercado es el gran regulador de la sociedad. En cada ley de Presupuesto fuimos viendo la derrota de cómo año en año se recortaban las platas para fortalecer los servicios públicos, y por tanto, fortalecer la contratación decente de funcionarios del Estado. Pero también creo que como Concertación lo consentimos, no hicimos oposición a aquello.

¿Esto no se puede cambiar?

Si hay una exigencia nacional de dignificar el trabajo del funcionario público, de eliminar las contratas, porque más del 50 por ciento de los funcionarios públicos está a honorarios y contrata; a honorarios hay personas que han estado 18 ó 20 años y no han podido jubilar.

La ley dice que son tres meses a honorarios…

Tres meses, y eso no se respeta. Acá mismo, en nuestro Parlamento, tenemos que estar vigilando de que eso no se produzca. Hay una cultura de abuso que se instaló en el sector público y en el sector privado. El trabajo humano en este país no tiene valor. Lo único que tiene valor es el capital. Y el en el Estado es la misma lógica. Hay una construcción de sociedad donde el ser humano tiene muy poco valor, y hoy lo vemos acá, en la propia discusión de la reforma laboral.

 

Nicolás Monckeberg: “Esta reforma laboral, más que preocuparse del trabajador, intenta forzar un monopolio sindical”

El diputado RN por Cerro Navia, Nicolás Monckeberg, miembro de la comisión de Trabajo de la Cámara, explicó a El Ciudadano las aprensiones de su sector respecto a titularidad sindical, extensión de beneficios, derecho a huelga, y reemplazo, entre otras materias contenidas en el proyecto de ley de la reforma laboral que en los próximos días regresará a la Cámara Baja en su tercer trámite legislativo, tras ser despachada por el Senado, donde se le hicieron más de 400 indicaciones.

¿Por qué la derecha se opone a la reforma laboral?

Nosotros creemos que Chile necesita reformas laborales que protejan el derecho de todos los trabajadores, no sólo de alguno de ellos. Lamentablemente esta reforma laboral está hecha para las grandes empresas y, particularmente, para los grandes sindicatos, y desconoce la realidad de miles de trabajadores de pequeñas y medianas empresas que también requieren protección, y que si solamente modificamos las normas que benefician a los grandes sindicatos, terminamos perjudicando a las pequeñas y medianas empresas, y a sus trabajadores.

¿Qué pide su sector?

Estamos pidiendo que esta reforma laboral reconozca la realidad de la inmensa mayoría de los trabajadores en Chile que requieren protección de sus derechos laborales, que también requieren negociar colectivamente.

¿Acaso la reforma no se trata de eso?

Curiosamente, en vez de darles más herramientas para negociar colectivamente, les estamos quitando esas herramientas, toda vez que si no se afilian a un sindicato no pueden acceder a los beneficios, o si no se afilian a un sindicato, no pueden negociar colectivamente. Ahí hay dos ejemplos concretos de cómo esta reforma está pensada en las grandes empresas, y no en las pequeñas y medianas empresas.

El hecho de que haya trabajadores que tienen posibilidades de negociar como grupo, y no como sindicato, ¿no desconoce o relativiza el rol del sindicato como negociador?

Cuando un sindicato realmente representa a los trabajadores para conseguir mayores mejoras laborales, no hay ningún trabajador que rechace su sindicalización; sin embargo, cuando aquello no ocurre,  cómo voy a obligar al trabajador a afiliarse a ese sindicato como condición de mejorar sus condiciones laborales. Es completamente absurdo que un trabajador se vea en la disyuntiva de afiliarse al sindicato o no tener mejoras laborales.

A su juicio, ¿qué busca la reforma laboral del Gobierno? 

Esta reforma laboral, más que preocuparse del trabajador, intenta forzar un monopolio sindical, que en muchos casos puede ser positivo, pero también en muchos otros puede ser atentatorio contra la libertad del trabajador, que por distintos motivos puede querer no afiliarse a un determinado sindicato. Eso creo que es un error de esta reforma laboral. Esto afecta especialmente a trabajadores de pequeñas y medianas empresas que muchas veces no tienen sindicatos representativos, sin embargo, por el solo hecho de que haya un sindicato, éste va a tener el monopolio exclusivo de todas las negociaciones colectivas de la empresa, y lo que es peor, si un trabajador individualmente quiere mejorar sus condiciones laborales, no va a poder hacerlo, a menos que se afilie al sindicato.

Según usted, ¿cómo se zanja esto?

En palabras simples, el desafío en nuestro país es tener más y mejores sindicatos, pero no hacerlo a la fuerza, obligando a los trabajadores a afiliarse, porque así no vamos a tener mejores sindicatos.

¿Qué opina de la cesantía como amenaza de la actividad productiva?

Es evidente que el primer derecho laboral que tiene los trabajadores es el derecho a trabajar, y cuando los países tienen cesantía alta, de nada sirve tener un catálogo de derechos, si ellos no tienen trabajo, y por tanto, esta reforma laboral debe ser una oportunidad para aprobar una serie de normas que fomenten el empleo, que protejan el empleo en momentos de crisis económicas, que permitan adaptar las condiciones laborares a las circunstancias que los países y las economía están viviendo, lo que busca todo eso es que le trabajador mantenga su fuente de trabajo, y no que se vea expuesto a despido o a menores contrataciones como está ocurriendo hoy en Chile.

 

 

Diputado Cristian Campos: “El eje central de la empresa no es el capital, sino sus trabajadores”

En la vereda de enfrente, el diputado PPD Cristian Campos, quien representa a Hualpén y Talcahuano, piensa que “esta reforma se apega ciento por ciento al programa (de la Nueva Mayoría), y es lo que tramitamos en la Cámara de Diputados; una reforma laboral que equilibraba los derechos de los trabajadores por sobre las posiciones empresariales”.

“Para muchos, la tramitación de la reforma implicó un avance sustancial en tener un Código Laboral mucho más moderno y equilibrado, lo que no es fruto del azar, sino del compromiso que se estableció en campaña, y que forma parte del ADN del proyecto: titularidad sindical, los servicios mínimos y, particularmente, el reemplazo de huelga de los trabajadores; impedir que una práctica antisindical antigua, que no se condice con un Chile moderno”, afirma Campos.

El diputado dice que dado todo el trabajo realizado con los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y del Trabajo, Ximena Rincón (y con sus antecesores Alberto Arenas y Javiera Blanco), hoy se declara perplejo frente a los cambios que ha sufrido el proyecto en su paso por el Senado.

“Hay una variación, donde se habla de reemplazo interno, de acomodo de las funciones de los trabajadores dentro de la empresa; finalmente lo que hay es que siga manteniendo el reemplazo interno de los trabajadores, y no se cumpla con un compromiso de la campaña de la Presidenta, que era terminar con una práctica que en todos los dípticos de los diputados y senadores que yo vi, el tema laboral aparecía como relevante para el mundo sindical”, explica.

¿En qué está hoy día la reforma?

Hoy hemos sido notificados que hay indicaciones por parte del Gobierno y de senadores. Obviamente que creemos que cualquier indicación que vaya en contra de los aspectos esenciales de la reforma, los vamos a rechazar en la Cámara; esperamos que al menos exista una comisión mixta para que la bancada del PPD pueda señalar su desacuerdo respecto a que uno de los ejes del trámite legislativo de la Cámara de Diputados se rompa, y se postergue por razones que más parecen un guiño directo más a los empresarios que a los trabajadores y los sindicatos, y a la comunidad, que creyó en la reforma.

¿A qué atribuye este cambio en el Senado, hay lobby de las empresas, hay compromisos?

El ministro de Hacienda, con el cual concuerdo en muchas de las cosas que hemos hecho, creo ha comprado demasiado el argumento del ciclo económico y de todas las situaciones de catástrofe que nos ha colocado el mundo empresarial, que se va a generar mucha incertidumbre económica, que poco menos que la reforma implica la hecatombe de las grandes empresas. Ha sido el discurso de los empresarios. Primero trataron de atacar la titularidad sindical, hoy están atacando con fuerza la extensión de los beneficios y el reemplazo en huelga.

Campos dice que en esas aprensiones del mundo empresarial se encuentra la base de las 423 indicaciones hechas a la reforma en el Senado y que el Gobierno quiere incorporar.

¿En el mundo ideal de la derecha los sindicatos no debieran existir?

A veces tengo una buena impresión de empresarios que tienen mucho diálogo, sin embargo, siento que dentro del debate de la Cámara quedó claro que hay un sector de la oposición al que le molesta que los trabajadores se puedan agrupar para obtener beneficios colectivos. Eso quedó claro a través de la gente que no cree en el proceso de negociación colectiva, y que cree en otras herramientas para mejorar la producción, como las gratificaciones o bonos por producción; creen que los derechos se deben ir negociando sistemáticamente cada vez que hay un proceso de negociación colectiva. Eso es no creer en el eje central de una empresa, que no es el capital, sino los trabajadores.

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