Histórico: Corte de Santiago abre paso a desclasificación de información de comisión Valech

En histórico fallo dado a conocer el 22 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió recurso de protección presentada por Fabiola Valenzuela Valladares, ordenando al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregar sus testimonios y archivos relativos a las torturas recibidas, cuando se encontraba en el vientre de su madre Rosaura Valladares Yáñez, que le habían sido denegados por este organismo.

Cabe consignar que a Rosaura fue víctima de violaciones individuales, grupales y sistemáticas cuando tenía 15 años, mientras estaba detenida en recintos militares de Linares. Fruto de una de estas violaciones, nació Fabiola el 28 de junio de 1975. Y es ella quien pide que se sepan los luctuosos hechos que ambas vivieron.

El INDH rechazó entregarle a Fabiola Valenzuela los testimonios de su madre, pese a que en el artículo 15 de la Ley 19.992 “Ley Valech” se señala expresamente que:

Mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia.

Y es justamente este último aspecto el que tuvo en cuenta la Novena Sala del Tribunal de Alzada –integrada por los ministros Pilar Aguayo, Jorge Norambuena y la abogada (i) Paola Herrera– para acoger en forma unánime (causa rol 91155-2015), la acción cautelar, en contra de la decisión del INDH que le denegó acceso a los antecedentes de calificación, madre de la recurrente.

Así lo señala el fallo de la Corte:

«Que la interpretación literal de esta disposición obliga a concluir que el secreto en ella establecido no es absoluto, toda vez que ella misma establece expresamente la excepción en favor de los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios materia del secreto”.

La Corte subrayó lo contradictorio que resultaba que el INDH denegara esta información, “mientras la propia recurrida -Lorena Fries- ha manifestado en el informe anual que elabora dicho organismo la necesidad de pedir a los poderes del Estado garantizar el acceso a la información, solicitando eliminar la cláusula de secreto en la Ley 19.992 si las víctimas así lo deciden para los fines que los tribunales de justicia tengan acceso a dichos antecedentes”.

Para no dejar espacio a dudas, la Resolución añade: “Por consiguiente, la negativa del organismo recurrido de proporcionar a la señora Valenzuela Valladares los antecedentes por ella solicitados se aparta de la normativa contenida en la Ley 19.992, al no considerar que la recurrente se encuentra favorecida con la excepción expresamente establecida en su favor en el artículo 15 de dicho cuerpo legal, resultando, además, carente de justificación razonable”.
“Esta negativa –continúa la sentencia- afecta el derecho de propiedad de dicha recurrente pues la priva de antecedentes e información de la que es titular y, por lo tanto, le pertenecen, y que le son necesarios para hacerlos valer en sede judicial, como anuncia el recurso, para los fines reparatorios establecidos en nuestra legislación”.

Es de resaltar que tras esta determinación, el INDH no tendrá más excusas para negar la información cuando esta sea solicitada por víctimas de torturas incluidas en los informes Valech, o sus familiares directos.

De todos modos, la abogada Fries ya expresó –según consigna Diario Universidad de Chile en nota de miércoles 23- que no apelará a la resolución: “Estamos en línea con lo que ha decidido el tribunal”.

Recapitulando

La existencia del secreto de la identidad de los torturadores de la dictadura militar centró el debate de los derechos humanos este año que termina.

Dicho secreto fue establecido en la ley 19.992, de 2004, que fija la reparación que recibirán los presos políticos y torturados, calificados como tales por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, en honor al sacerdote Sergio Valech, quien la presidió.

El citado artículo 15 de esa normativa afirma que “son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”. Agrega que la reserva “se mantendrá durante el plazo de 50 años, periodo en que los antecedentes quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior”. Esta entidad traspasó dicha responsabilidad al INDH.

Además de expresar que quienes infrinjan este secreto serán castigados con penas establecidas en el Código Penal, dicho artículo establece que ni siquiera los jueces podrán acceder a la información proporcionada por las cerca de 40 mil víctimas de torturas, reconocidas como tales por el Estado.

Como justificación de esta medida, el presidente Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) adujo que su fin era proteger la “dignidad de las víctimas”. Y así lo reafirmó el pasado 15 de julio durante una entrevista con Canal 13 que ofreció en medio de una creciente polémica respecto de esta materia. Citó el testimonio de una mujer –que no identificó– quien le habría señalado: “Me vejaron y no quiero que mis nietos se enteren de esto, hasta que yo muera”.

Lagos acotó que fue esa mujer la que le pidió que se decretara un secreto de 50 años respecto de sus testimonios. Y que él accedió a dicho pedido. Lo contradictorio de esto, es que los nombres e incluso los Rut de los torturados que fueron catalogados como tales, aparecen al final del Informe Valech, por tanto, no hay tal protección de la intimidad. Las únicas identidades que se mantuvieron en secreto fueron las de los torturadores.

Además hay que señalar que al momento de brindar los testimonios las víctimas nunca fueron informadas que estos quedarían en secreto por 50 años, lo que constituye un engaño que magnifica el daño provocado por la prisión y la tortura.

Existen otras versiones que explican por qué Lagos impuso el secreto de los 50 años. En reportaje La verdad de la Comisión Valech, publicado el 2 de agosto en el sitio de Radio Villa Francia (RVF), se expresa que cuando terminaba el trabajo de la Comisión Valech, el gobierno de Lagos “coordinó reuniones con el alto mando del Ejército” puesto que los resultados de dicho ente despertaron gran preocupación en el Ejército.

La nota asegura que la tensión se disipó luego de que el gobierno aseguró al Ejército que “la Comisión Valech saldría a la luz pero que ésta no abriría procesos judiciales ni comenzaría una cacería de brujas“.

En 2004 la Comisión Valech culminó su labor calificando a 28 mil 459 personas como víctimas de torturas. En 2010, luego de la promulgación de la ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se instaló una nueva entidad calificadora, la Comisión Valech II, la que incorporó cerca de 10 mil torturados a los registros oficiales, completándose una cifra de 38 mil 254 personas como reconocidas víctimas de este flagelo.

Los torturados por la dictadura fueron recompensados por el Estado con pensiones que, al momento de ser anunciada la Comisión Valech I (11 de noviembre de 2003), fueron definidas como “austeras” por el presidente Lagos. Su bajo monto, inferior a los 200 dólares, ha estado en el centro de la polémica luego que en abril de este año una huelga de hambre que se fue extendiendo por todo Chile, y que duró 40 días, dejó al descubierto la miserable realidad socioeconómica que sufren los exprisioneros políticos y torturados por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

En la actualidad toda la documentación de las comisiones Valech se encuentra en una bodega del Museo de la Memoria.

Desclasificación popular

El tema del secreto de las declaraciones de los torturados comenzó a tener repercusiones en marzo de 2014. Entonces el sitio de memoria Londres 38 comenzó la campaña “No más archivos secretos”.

El manifiesto fundacional de esta campaña, a la que se unieron decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, expresa: “El secreto es antidemocrático y entorpece los procesos de verdad y justicia, perpetuando la impunidad de los culpables”.

El pasado 30 de julio, durante una reunión sostenida en el Palacio de La Moneda, la célebre activista de los derechos humanos, Carmen Gloria Quintana, planteó a la presidenta Michel Bachelet la necesidad de acabar con el secreto de los Informe Valech. Según expresó Quintana al finalizar la reunión, Bachelet se comprometió a “estudiar” esta y otras medidas.

Bachelet prometió en campaña abordar esta materia, tal como se expresa en su programa de gobierno: “Revisaremos lo referido a los archivos judiciales de las violaciones a los derechos humanos que tienen un periodo de 50 años para que puedan poder ser conocidos y revisados”. Sin embargo, nada de esto se ha concretado.

Sin duda que el reciente fallo de la Corte de Apelaciones constituye un triunfo colosal para la campaña de Desclasificación Popular liderada por el artista visual Francisco Papas Fritas (www.desclasificaciónpopular.cl).

Esta iniciativa partió en marzo de este año con un trabajo de investigación en el que participó –entre otros- el periodista Víctor Herrero –autor de la premiada biografía desclasificada de Agustín Edwards Eastman (Debate, 2015) y se basaba en levantar un proyecto de investigación con la finalidad de encontrar la mejor forma de desclasificar el informe Valech.  Como parte de dicho trabajó se realizó una nueva lectura de la ley 19.992, proceso en el que se identificó lo señalado al final del artículo 15 y que permite a las víctimas y sus familiares disponer de sus testimonios y carpetas adjuntas.

Posteriormente se suma la Coordinadora de Santiago de Ex Presas y Presos Políticos del Movimiento de Izquierda Revolucionario –M.I.R–generando en conjunto un proyecto en constante desarrollo que une lo político, artístico y legal, para lograr la desclasificación colectiva.

Según relató a El Ciudadano Papas Fritas, como parte de esta iniciativa, el lunes 28 de septiembre doce ex Presos Políticos del MIR acudieron al INDH, ocasión en la que entregaron una carta solicitando que sus testimonios y carpetas. El 16 de noviembre –sin que previamente hayan recibido una respuesta formal- estos ex presos acudieron nuevamente al INDH -juntos a sus abogados Pamela Sánchez y Fernando Zegers-. Allí fueron recibidos por la asesora de Fríes, Ximena Zavala. En el encuentro participaron también las ya citadas Fabiola Valenzuela y su abogada Paz Becerra.

El INDH, presionado por las acciones judiciales de Fabiola Valenzuela, le entregó en esa ocasión su testimonio más no las carpetas que lo complementan. A los doce ex PP del MIR se les dijo que fueran el miércoles 18 de noviembre, porque ese día se les entregaría su testimonio. “Pero esto no se concretó dejándolos sin una negativa formal a estas doce personas, lo que impide interponer un recurso de protección contra el INDH”, según expresó Papas Fritas.

En la entrevista, Papas Fritas expresó “que cada ex presa o preso político puede disponer libremente de sus carpetas y lo que declaró en la Comisión Valech I, haciendo valer este derecho y exigiendo al Estado de Chile que su testimonio pueda romper el plazo de los 50 años de secreto a los que ha sido condenado”.

En relación con lo determinado recientemente por la Corte de Santiago, Papas Fritas se mostró muy feliz “ya que usaron el mecanismo del manual que entregamos, eso nos hace pensar que nuestros esfuerzos fueron realizado de buena manera”.

Complementa señalando que para que Fabiola Valenzuela –que estuvo representada por los abogados Paz Becerra y Álvaro Aburto- pudiera conseguir su testimonio “tuvo que recibir la negativa del INDH, y justamente nosotros hemos postulado que si el INDH se negaba había que poner un recurso de protección”.

Papas Fritas se mostró grandemente agradecido con el triunfo alcanzado por Fabiola y sus abogados “pues al ganar el recurso, la Corte le da el derecho de las carpetas adjuntas que califican el testimonio, es decir, las pruebas que necesitamos que los y las Ex P.P. retiren para hacer el mapeo y desclasificar -antes de los 50 años- para los fines de verdad y justicia”.

Finalmente Papas Fritas hizo un llamado “a que cada expresa y expreso político, exija al Estado su testimonio para realizar una desclasificación de los torturadores, cómplices y violadores de los derechos humanos. El objetivo de esta desclasificación es entregar estos datos para las investigaciones judiciales y hacer un relato histórico de la resistencia a la Dictadura Cívico-Militar”.

Fotos: Jorge Rosales