«Siguen decidiendo por nosotras»: Propuesta de Nueva Constitución y la incertidumbre del derecho al aborto en Chile

Un poco de historia

Hubo una época en que el aborto tuvo cabida en el debate público de nuestro país. En 1931, luego de una serie de excepciones que se introdujeron al Código Sanitario, el aborto terapéutico fue legal en Chile. Así lo estipulaba el artículo 119, donde “sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos-cirujanos”.

Una vez instaurada la dictadura, se intentó prohibir constitucionalmente el aborto. A través de la Comisión Ortuzar se puede leer un acta del año 1974 la cual establece que “la madre debe tener el hijo aunque este salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive su muerte”, sin embargo, no recibió el apoyo de los demás redactores constitucionales, quedando, finalmente, plasmada en el inciso 1 del artículo 19 “la ley protege la vida del que está por nacer”.

Antes de finalizar la dictadura, el cardenal Jorge Medina con ayuda de José Toribio Merino, promovieron la modificación del artículo 119 del Código Sanitario, derogándose también lo estipulado en 1931, estableciendo que “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”.

Con la llegada de la democracia, el panorama no fue muy distinto. Pese a los intentos por regresar a lo que el país tuvo desde 1931, los esfuerzos de la Alianza por Chile (actual Chile Vamos) en colaboración con la Democracia Cristiana, impidieron cualquier intento de progresar en esta materia.

No fue hasta enero del 2015, bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que la expresidenta despachó al Congreso la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que se discutió por más de dos años.  

No obstante, Chile Vamos acudió al Tribunal Constitucional (TC) para que la denominada “Tercera Cámara” declarara como contrario a la Constitución el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales.

Pese a ello, en una disputada votación, el TC falló por seis votos a favor y cuatro en contra, rechazando así los requerimientos de la derecha.

Tras su publicación en el Diario Oficial, en septiembre del 2017, la primera intervención que se realizó bajo el amparo de la nueva ley fue a una niña de 12 años bajo la causal de violación el 5 de octubre de aquel año.

En septiembre de este año, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, junto a subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, realizaron un balance respecto a los seis años de la promulgación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

La autoridad señaló que 4.272 mujeres se acogieron a la ley, de las cuales 139 son menores de 14 años víctimas de violación.

El riesgo vital de la gestante suma 1.296 casos constituidos, mientras que la causal por inviabilidad del feto suma 2.080 casos. Por último, la tercera causal por violación asciende a 896.

Propuesta constitucional y aborto

Una vez conformado el Consejo Constitucional, compuesto mayoritariamente por el Partido Republicano y miembros de Chile Vamos, giró radicalmente al conservadurismo decimonónico que caracteriza a este sector de la política nacional.

Con 33 votos a favor y 17 en contra, el Consejo acordó que el artículo 16 del Capítulo II de Derechos y Libertades Fundamentales, titulado “la Constitución asegura a todas las personas” establece en su primer inciso “el derecho a la vida”, inmediatamente después añade que “la ley protege la vida de quien está por nacer”

A diferencia de la actual Constitución, donde “la ley protege la vida del que está por nacer”. Esta pequeña, pero gran diferencia entre “qué” y “quién” está por nacer, generó repercusiones en diversas agrupaciones feministas, particularmente, pues, sumado a la objeción de conciencia, la que podría alcanzar ribetes institucionales, supone un grave riesgo para la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo, abriendo la puerta a la eliminación de las tres causales.

Bajo este contexto, Javiera Mardones, coordinadora del área legal de Corporación Miles, explica que “nuestra actual Constitución bajo una interpretación acorde con los derechos humanos y los pronunciamientos de organismos internacionales, permitió la dictación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y si bien este cambio con la propuesta constitucional, no implica una derogación inmediata de dicha ley, si puede generar un impacto en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos si se otorga la titularidad de persona al embrión o feto”, asegura.

Con respecto a lo anterior, la escritora y activista feminista Karen Espíndola, autora de “Mi testimonio. Aborto, Estado e Hipocresía en Chile” y “El poder de la moral patriarcal”, sostiene que, “esa palabra causa una gran diferencia porque ya estás hablando de un sujeto como persona, o sea, si llegara a probarse esta esta nueva propuesta constitucional se podría derogar la ley de aborto”, asegura.

Además, agrega que “sería un retroceso tremendo para nuestros derechos humanos y para todas las mujeres que han luchado y han expuesto también sus vidas para que esta realidad cambie desde el 2017. Es una forma violenta de desprecio y de poca humanidad con las niñas y mujeres de nuestro país”, dice.

Cabe destacar que, en octubre del 2022, los diputados republicanos Harry Jürgensen y Cristóbal Urruticoechea, introdujeron una moción cuyo objetivo es derogar algunas normas del Código Sanitario que autoriza la interrupción del embarazo en tres causales.

“El proyecto busca derogar la herida gravísima que el aborto causa a la sociedad y a su cultura por parte de quienes deberían ser sus constructores y defensores”, especifica la idea matriz del proyecto que sólo cuenta con un artículo.

Sin ir más lejos, el senador del Partido Republicano y exRenovación Nacional, Rojo Edwards, aseguró en agosto de este año a CNN Chile, que cuando tengan mayoría parlamentaria buscarán derogar la ley de aborto.

“Nosotros vamos a defender la vida del que está por nacer siempre, y si tenemos el poder para avanzar en la defensa del que está por nacer, lo vamos a hacer”.

En la misma línea, Espíndola asegura que hay un sector de la política local que invisibiliza a las mujeres y sus derechos.

“Los republicanos y parte de la derecha de este país, están convencidos que las mujeres somos solamente un bien de reproducción, están convencidos que no somos dueñas de nuestros cuerpos, están convencidos que no somos dueñas de nuestras vidas y que no tenemos absolutamente ningún derecho a decidir por nuestro futuro y que son ellos, a través de estas leyes, donde pueden seguir oprimiéndonos”, afirma.

La trabajadora social, Giovanka Luengo, detalló a través de una columna en Radio Universidad de Chile, que “en nuestro país ocurren entre 60.000 y 300.000 abortos clandestinos al año”. Luego aclara que independiente de la postula política de cualquier persona, “la interrupción voluntaria del embarazo es innegablemente un asunto de salud pública”, añadiendo que “es una problemática que debemos abordar desde las políticas públicas, y no desde la moral”.

El Ciudadano

Difunde