Lo que debes saber del proyecto de ley sobre juegos en línea en Chile
La industria de los casinos online en Chile vive un momento importante. En su última sesión, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, despachó el proyecto de ley que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas online. Por medio de su Boletín N°14838-03, se informó que se aprobaron todos los artículos transitorios, los cuales habían sido modificados por las nuevas indicaciones brindadas desde el Poder Ejecutivo tras recopilarse los comentarios de los Diputados.
Heidi Berner, subsecretaria de Hacienda, lideró la tramitación de la iniciativa por parte del gobierno y trabajó en conjunto con Vivien Villagrán, superintendenta de Casinos de Juego, con el fin de evaluar este proyecto y buscar que se cumplan los estándares deseados en el área técnica y de supervisión, así como el cumplimiento del juego responsable, la protección de menores de edad, grupos vulnerables, sin olvidar el aumento de la recaudación fiscal y la prevención del lavado de activos..
Por medio del primer artículo transitorio, la ley entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial, con la particularidad de que los casinos online que no hayan operado de manera ilegal en Chile podrán obtener licencias transitorias para funcionar
Los sitios de juegos online que obtengan una licencia transitoria de operación deberán pagar un impuesto anual de operación, así como cumplir con la obligación que les corresponda al obtener una licencia general y sin perjuicio de la aplicación de los demás impuestos y gravámenes establecidos en la regulación de esta industria.
También se estableció que todas las normas relativas a las solicitudes generales para la explotación de apuestas online, así como autorizaciones de eventos únicos, comenzarán a expedirse una vez que el reglamento quede establecido, esperando que sea en un tiempo máximo de un año desde que la ley quede publicada.
Los operadores verán la luz al final del túnel muy pronto tras más de dos años de incertidumbre en torno a un proyecto de ley que no se materializaba. El sector del juego online en Chile ha continuado con sus operaciones este tiempo mediante casas y casinos en línea que no contaban con amplias garantías acerca de la futura sostenibilidad de su modelo de negocio en el país. Sin embargo, verán sus frutos recompensados entre este año y el siguiente, siempre que sus plataformas cumplan con una serie de condiciones específicas.
¿Qué requisitos pedirán para las licencias?
De acuerdo con lo establecido en el artículo segundo transitorio, las plataformas que no operaron en Chile antes de los 12 últimos meses previos a la publicación de la ley, tendrán el derecho para solicitar la licencia transitoria.
Para ello, deben haberse constituido en el país en calidad de sociedad anónima con un máximo de 10 accionistas, la cual debe estar sujeta a las normas establecidas, con un único objetivo de explotar la modalidad online y los servicios anexos, sin olvidar que su capital debe ser superior a los 2 mil UTM (Unidad Tributaria Mensual).
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Los interesados también deben acreditar sus sistemas por medio de un registro de laboratorio ante la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar. Dichos sistemas deben cumplir con los estándares técnicos y legales para garantizar el cuidado de montos depositados y apostados; también cumplir con los mecanismos de autentificación de identidad, la exclusión de menores de edad y un registro de todas las transacciones realizadas. Para ello, la Superintendencia contará con un listado de todas las jurisdicciones que cumplen el requisito, sin incluir territorios o jurisdicciones con régimen fiscal preferencial, es decir, los paraísos tributarios.
Las plataformas también deberán contar con garantías visibles e irrevocables a favor de la Superintendencia con un valor de 5 mil UTM, esto con el fin de resguardar los fondos apostados por los usuarios de las plataformas y cuya garantía será restituida una vez que se obtenga la licencia general y se constituya la reserva de liquidez.
Los interesados no debieron haber ofrecido ni formar parte de un grupo empresarial que, ya sea por cualquiera de sus entidades, haya ofrecido servicios de apuestas, juegos de azar o casinos en línea en los últimos 12 meses antes de que entrara en vigencia la ley.
Asimismo, se establece que la Superintendencia dictará una resolución 10 días después de que entre la ley en vigor con el fin de establecer todas las normas requeridas para que se consiga una licencia transitoria de operación, además de indicar todos los antecedentes, declaraciones y documentación necesaria para la respectiva comprobación y dictar cualquier norma que sea necesaria de acuerdo con su criterio ante la compleja situación que se avecina para la economía del país.
Toda operación de plataformas con licencias transitorias será de carácter lícito para efectos legales, siempre y cuando se cumplan con todas las obligaciones dictaminadas, siendo la Superintendencia la que ejerza todas las funciones establecidas en términos de fiscalización, además de las medidas contra todos los sitios que operen de forma ilegal.
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En el artículo cuatro transitorio se habla sobre el sistema extraordinario de declaración de intereses, primas, comisiones o cualquier otro tipo de remuneración por servicios no declarados y captación de usuarios al que deberán regirse todos los solicitantes de una licencia general de operación de plataformas de apuestas en línea que haya operado en Chile antes de la entrada de esta ley, o que forme parte de un grupo empresarial que lo hizo.
Por medio de un impuesto único y sustitutivo, se podrá hacer por componente por servicios no declarados, que consiste en declarar ingresos brutos conseguidos por los servicios prestados en los últimos 36 meses; el componente por captación de usuarios será el equivalente al 0.07 de una UTM por cada cuenta de apuesta registrada en ese periodo previo.
Se establece que el impuesto determinado sobre ingresos brutos debe ser superior a los 1.000 UTM por año o fracción de año en el que el declarante asegure que operó en el país, con hasta tres años como máximo.
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