Dictadura sin castigos: 12 condenados por crímenes de lesa humanidad siguen prófugos de la justicia

Por Camila Silva Cortés

El pasado 20 de mayo, el estudio jurídico “Caucoto Abogados” quienes se especializan en derechos humanos, difundió un listado actualizado de exagentes condenados por crímenes cometidos en dictadura, los cuales se encuentran prófugos de la justicia. El expediente realizado por el abogado Francisco Bustos incluye los nombres de 12 condenados por delitos de lesa humanidad y otros dos recientemente capturados.

En el listado figuran exmilitares, exfuncionarios de Carabineros, de la Armada y civiles que formaron parte de organismos represivos durante la dictadura, como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la Central Nacional de Informaciones (CNI), el Comando Conjunto y servicios de inteligencia naval. Todos enfrentan condenas o están procesados por delitos como secuestro y homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otras violaciones graves a los derechos humanos.

Algunos de los prófugos han sido condenados por estar relacionados con crímenes como el de Víctor Jara, Littré Quiroga y Reinalda Pereira; el asesinato del diplomático español Carmelo Soria; la Operación Cóndor, la Operación Calle Conferencia y el caso “Quemados”, entre otras investigaciones.

¿Por qué es importante realizar este tipo de informes?

En un contexto marcado por el avance de la ultraderecha y discursos negacionistas –como es el caso del gobierno de Javier Milei en Argentina, quien ha realizado recortes al sector de DDHH y ha deslegitimado organizaciones relacionadas, o el caso de El Salvador con Nayib Bukele, quien ha llevado a cabo detenciones masivas sin el debido proceso, además de prácticas de torturas, hacinamiento y muertes en prisión–, y sin ir más lejos, casos como el de Chile, donde existen candidatos presidenciales como Evelyn Matthei, quien recientemente calificó de “necesario” el golpe de Estado de 1973 y sostuvo que las muertes provocadas por la dictadura en sus primeros años eran “inevitables”, es realmente importante que estos temas se aborden y se actualicen constantemente. En palabras de Bustos: “Es importante porque no solo los Estados tienen el deber de investigar y  juzgar, sino que también es importante que la sentencias sean efectivas y que las sentencias se cumplan. En Chile, si bien la mayoría de las personas están cumpliendo condenas, si es importante destacar cuando hay personas que llevan incluso más de uno o dos años eludiendo la acción de la justicia”. Además agregó que: “no es algo de lo que se hable mucho en el debate público, al margen de que Chile probablemente es uno de los países del mundo que tiene más sentencias sobre el tema”.

El abogado comenta que si bien no se puede establecer una clara relación entre los prófugos, sí es de conocimiento público que hay condenados empresarios como el caso de Luis Barrueto. O el caso de Héctor Osses quien pertenecía a la multigremial de las Fuerzas Armadas o de uniformados en retiro, quienes tendrían contactos que les habrían podido ayudar a aumentar sus posibilidades de eludir la justicia. 

Declaración de demencia, ¿Una nueva forma de eludir a la justicia? 

En varios casos cuando los condenados han sido capturados, declaran tener problemas de demencia para rehuir de la justicia. Al respecto Bustos aclara que, “si una persona comete un crimen, pero después de cometerlo, cae en enajenación mental, y esa enajenación mental está absolutamente comprobada, esa persona no tiene que cumplir una pena. Y eso es algo que está en todas las legislaciones del mundo”. Por lo mismo, indica que es falsa la afirmación de que en Punta Peuco hay condenados que sufren demencia: “las personas que realmente tienen demencia reciben sustitución de condena, porque la demencia médicamente comprobada no tiene ningún problema”.

Sin embargo, a diferencia de informes entregados por la Subsecretaría de DDHH, la actual lista revela que muchos de los exuniformados una vez capturados declaran problemas de demencia para eludir la justicia, “resulta sospechoso que luego de su detención reclamen deterioro cognitivo, cuando han desarrollado estrategias sofisticadas para escapar de la justicia, y evitar pagar por los crímenes que cometieron en la dictadura”, explicó Francisco Bustos. En este sentido añade que: “Como ya no pueden alegar inocencia, como las pruebas son tan categóricas, como no pueden pedir rebajas de pena, como las penas que les imponen son efectivas, ya esto es lo último que les va quedando”.

El abogado indica que como querellantes les preocupa que no se realicen los exámenes suficientes y que se termine beneficiando indebidamente a los sentenciados por violaciones a los derechos humanos en dictadura. “Lo que nosotros como querellantes exigimos es que se le haga una batería de exámenes, que esto por lo menos tenga dos informes del Servicio Médico Legal, que ojalá lo pudiese revisar una tercera institución”, complementa.

Bustos menciona que ha habido casos como el de Jaime Eltit a quien le sustituyeron su condena por motivos de salud mental, pero que al analizar sus otras condenas en la jurisdicción de Temuco, los tribunales encontraron antecedentes que contradicen sus declaraciones respecto a su deterioro mental. Por lo tanto, existen casos que con nuevos antecedentes no debería proceder la sustitución de condenas. Al respecto, Bustos concluye que, “nuestra meta no es mantener a alguien que está loco en prisión, alguien que está demente no debería estar en prisión, debería estar en un hospital o en su casa pero lo que nos preocupa es que se use esto como excusa para la impunidad”. 

A pesar de que la Subsecretaría de DDHH no puede intervenir directamente sobre los casos judiciales individuales, ni sobre la búsqueda y captura de personas condenadas, ya que esta labor es exclusiva del Poder Judicial y de los organismos encargados de la ejecución de sentencias. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por medio del Programa de DDHH sí participa activamente en la Mesa de Coordinación para la Captura de Prófugos que tengan causas por crímenes de lesa humanidad. La instancia es dirigida por el Poder Judicial, y en ella participan el Ministerio de Seguridad Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. “Este espacio permite fortalecer acciones conjuntas, aportar información relevante para las labores policiales de localización y captura de personas prófugas, y asegurar el cumplimiento efectivo de las sentencias dictadas por los tribunales. Como resultado de este trabajo interinstitucional, en los primeros cinco meses del presente año se ha logrado la captura de cinco personas condenadas en causas de derechos humanos, quienes han sido puestas a disposición de la justicia”, declaran desde la Subsecretaría de DDHH.

Lista actualizada condenados por crímenes de lesa humanidad prófugos de la justicia:

1) Luis Enrique Barrueto Bartning (empresario), condenado a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio como coautor del delito de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

2) Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial de Ejército en retiro, DINA), condenado en el Episodio Conferencia II, a 12 años de presidio mayor en su grado medio por los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, y a 3 años de presidio menor en su grado medio, por los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos Cataldo. Chaigneau tiene además condenas en el proceso Operación Cóndor y por la desaparición forzada de Reinalda Pereira Plaza. En Operación Cóndor está sentenciado a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce. 

Recientemente fue condenado a 7 años de presidio mayor en su grado mínimo como coautor del secuestro de Reinalda Pereira Plaza.

3) Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo (oficial Armada en retiro), sentenciado como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años de presidio mayor en su grado medio y de 541 días de presidio menor en su grado medio respectivamente.

4) Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial del Ejército en retiro), condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por los secuestros y de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo por los homicidios.

5) Pablo Belmar Labbé (oficial de Ejército en retiro), condenado como coautor a 10 años y un día por el Homicidio Calificado en el caso de Carmelo Soria, también es condenado a 541 días por asociación ilícita.

6) René Patricio Quilhot Palma (oficial del Ejército en retiro), condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza y autores de asociación ilícita. Por el primer cargo se les impuso una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Por el delito de asociación ilícita se impuso a cada uno la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio.

7) Juan de Dios Higueras Álvarez (suboficial de Carabineros en retiro), condenado en el Episodio Mulchén, como coautor  de los homicidios calificados perpetrados en el (i) Fundo Carmen y Maitenes: Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González;

ii) del Fundo Pemehue: Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz González, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Fernando Gutiérrez Ascencio, ocurridos en los días 6 y 7 de octubre de 1973; a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias; 

8) Miguel René Riveros Valderrama (oficial de Ejército en retiro), sentenciado en el proceso Operación Cóndor, a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

9) Jaime Ojeda Torrent (oficial de Ejército en retiro), condenado en el proceso Caravana de la Muerte, episodio La Serena, condenado en calidad de cómplice de 15 homicidios calificados, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Las víctimas son Óscar Aedo Herrera, Marcos Barrantes Alcayaga, Mario Ramírez Sepúlveda, Hipólito Cortés Álvarez, Jorge Contreras Godoy, Roberto Santa Cruz, Jorge Jordán Domic, Gabriel Vergara Muñoz, Carlos Alcayaga Varela, Jorge Osorio Zamora, José Araya González, Óscar Cortés Cortés, Manuel Marcarian Jamett, Víctor Escobar Astudillo y Jorge Peña Hen. También en el mismo episodio fue condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado de las siguientes personas del (ii) Fundo El Morro: de Juan de Dios Laubra Brevis, José Florencio Yáñez Durán, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo José Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y de Guillermo José Albornoz González, perpetrados a partir de los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973, en la comuna de Mulchén, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales.

10) Andrés Pablo Potin Lailhacar (ingeniero civil – Patria y Libertad – Comando Conjunto). Condenado en calidad de coautor del delito de secuestro calificado de Luis Emilio Maturana González, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y en calidad de coautor del delito de secuestro de Juan René Orellana Catalán, a la pena de 400 días de presidio menor en su grado mínimo.

11) Iván Humberto Figueroa Canobra (oficial de Ejército en retiro), condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales, por los delitos de homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas De Negri, y homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia.

12) Alberto Juan Fernández Michell (oficial de Carabineros en retiro), condenado en el Episodio Laja – San Rosendo como autor de 19 homicidios calificados, a la pena de presidio perpetuo, más accesorias legales.

Prófugos capturados recientemente:

1) José Isaías Vidal Veloso (comisario de la Policía de Investigaciones de Chile en retiro – CNI) Condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo más accesorias legales.

2) Braulio Javier Wilckens Recart (miembro del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea en retiro) condenado como autor del delito de homicidio calificado de José Francisco Bordás Paz, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias.