Este jueves los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini presentaron una carta dirigida a la Corte Suprema solicitando la inhabilitación de los ministros Jean Pierre Matus, María Teresa Letelier y Mario Carroza, todos mencionados en la investigación del caso Hermosilla.
La demanda tiene por objetivo impedir que los magistrados intervengan en decisiones disciplinarias que involucren a los jueces Antonio Ulloa, quien está bajo sumario, y Verónica Sabaj, quien se encuentra con un cuaderno de remoción abierto.
Además, el documento menciona al ministro Mario Carroza quien, a pesar de no enfrentar investigación penal, sí fue mencionado en el contexto del caso Hermosilla, apareciendo en registros de conversaciones y gestiones internas ligadas a los nombramientos del Tribunal Supremo.
Los parlamentarios citaron el artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 8° de la Constitución Política de Chile, que instruyen la obligación del Estado de garantizar un sistema judicial independiente e imparcial. Bajo ese contexto solicitaron evaluar la inhabilitación temporal de los ministros en tanto duren las investigaciones.
El caso Hermosilla remeció al Poder Judicial, sacando a la luz una red de influencias y favores que habría favorecido nombramientos en la Corte. Bajo esa línea, la Fiscalía Regional de Valparaíso señaló una investigación por tráfico de influencias contra los ministros Matus y Letelier por no haberse inhabilitado en causas en las cuales estaban involucradas personas que los apoyaron en su llegada al máximo tribunal.
En cuanto a Matus, se reveló que no se desligó de causas en las que intervino Luis Hermosilla, persona clave en su nombramiento. Por otro lado, Letelier habría favorecido en las votaciones al exjuez Juan Poblete, quien realizó lobby para su nombramiento.
Al respecto, Daniella Cicardini (PS) declaró que no se debe “permitir que la red de corrupción de Hermosilla, que ya contaminó nombramientos y funcionó como una red de favores, termine ahora transformándose en una red de protección dentro del Poder Judicial”.
Además, Cicardini señaló la urgencia de trazar una línea ética, “si no hay inhabilitación, lo que se instala es la impunidad”. También demandó “una señal clara de transparencia, una justicia independiente, imparcial y libre de conflictos de interés para cuidar nuestra democracia”.
Por su lado, Daniel Manouchehri (PS) manifestó inquietud ante la falta de independencia judicial en el país. “Solo en Chile puede ocurrir que un juez involucrado en un caso de corrupción termine resolviendo el proceso disciplinario de otro juez involucrado en el mismo caso”, declaró.
Además, el diputado señaló que es inaceptable que procesos disciplinarios sean resueltos por personas vinculadas al propio “escándalo”.
Cicardini y Manouchehri concluyeron que el documento tiene como objetivo no solo defender la integridad de los procesos judiciales, sino también preservar la confianza pública en el sistema.
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