PRI impugna elección judicial: protagonismo político disfrazado de defensa constitucional

En un intento de protagonismo político disfrazado de defensa constitucional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó el primer juicio para solicitar la nulidad de la elección judicial ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), alegando múltiples irregularidades y “una imposición desde el poder”.

Desde la sede nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, acusó al gobierno y a Morena de violar principios constitucionales a través de una supuesta propaganda encubierta, reparto de acordeones y uso de recursos públicos. Sin embargo, la narrativa del tricolor parece no sostenerse frente a su propio historial de prácticas electorales y su evidente deterioro político.

Moreno aseguró que los priistas impugnan “como ciudadanos y no como partido”, en un intento poco creíble de desligarse de la imagen negativa que hoy arrastra el PRI: un instituto político señalado históricamente por el clientelismo electoral, el uso de recursos públicos y el control corporativo de elecciones.

Resulta irónico que sea justamente este partido —responsable de décadas de imposiciones y fraudes durante el siglo XX— el que ahora se erija como defensor de la “legalidad democrática”, mientras su representación en el Congreso se ha reducido drásticamente y su base social está al borde de la extinción.

Para observadores políticos, la impugnación del PRI no es más que una estrategia para mantenerse vigente en el debate nacional, en un contexto en el que su imagen está profundamente deteriorada y su liderazgo bajo la figura de “Alito” Moreno se enfrenta a críticas internas y externas por autoritarismo, corrupción y pactos dudosos.

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En lugar de renovarse desde sus bases, el PRI parece apostarle a la judicialización y el ruido mediático para tratar de recuperar una narrativa que ya no controla. Mientras tanto, la ciudadanía sigue alejándose no solo de este partido, sino de todo un sistema político que durante décadas priorizó el poder sobre la democracia.

Que el PRI, uno de los principales responsables del descrédito institucional en México, intente ahora erigirse como paladín del Estado de Derecho resulta no solo paradójico, sino poco convincente. Esta impugnación parece decir más sobre el ocaso del partido que sobre la elección misma.

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