Milei otorga vía libre a la Policía Federal Argentina para requisas y detenciones sin orden judicial

En una controvertida medida que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y sectores opositores, el presidente argentino Javier Milei firmó este martes un decreto que habilita a la Policía Federal Argentina (PFA) a realizar requisas y detenciones sin necesidad de orden judicial. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó la reforma, que redefine las facultades del cuerpo policial bajo el argumento de «modernizar» su enfoque hacia la investigación criminal y la prevención del delito.

El decreto —publicado en el Boletín Oficial— establece nuevas atribuciones que permiten a la Policía actuar sin intervención judicial cuando existan “circunstancias objetivas” que hagan presumir la comisión de un delito o la posibilidad de que desaparezcan pruebas. Esta discrecionalidad también se extiende a detenciones de personas que no puedan acreditar su identidad en espacios públicos, y a operativos de vigilancia digital en redes sociales y sitios web abiertos.

Milei impulsa lo que él llama “una reconversión” de la histórica PFA, con la creación de un nuevo Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y una supuesta alineación con modelos internacionales como el FBI estadounidense o las agencias de seguridad israelíes. “Vamos a aprender de los mejores”, justificó el mandatario.

Sin embargo, lejos de parecer una modernización, el decreto ha sido interpretado por juristas y defensores de las libertades civiles como un preocupante retroceso en las garantías constitucionales, en particular el principio de legalidad y el derecho al debido proceso. Organismos como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) ya han advertido sobre el riesgo de habilitar prácticas propias de un estado de excepción permanente.

El momento elegido para lanzar esta reforma no es menor. La publicación del decreto coincide con la ratificación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner —a quien se le concedió prisión domiciliaria este martes— y una creciente movilización de sectores peronistas que han salido a las calles en rechazo al gobierno libertario.

En este contexto, la reforma policial aparece también como una posible maniobra política para endurecer el control del espacio público y disuadir las protestas sociales. En lugar de avanzar en consensos legislativos, Milei ha optado una vez más por el decreto, profundizando su tendencia a gobernar por vía ejecutiva y sortear los contrapesos institucionales.

Críticas opositoras y silencio oficial

Desde el arco opositor se ha cuestionado duramente la decisión. Diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda denunciaron que la medida “institucionaliza la arbitrariedad policial” y podría abrir la puerta a abusos sistemáticos. Hasta el momento, ni la Corte Suprema ni el Congreso se han pronunciado oficialmente sobre la constitucionalidad de la reforma.

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Mientras tanto, el gobierno ha guardado silencio ante las críticas y se ha limitado a difundir el nuevo estatuto como un logro en materia de seguridad.

En un país marcado por décadas de violencia institucional y memorias aún abiertas del terrorismo de Estado, la decisión de habilitar detenciones y requisas sin orden judicial representa, para muchos, una peligrosa vuelta atrás en materia de derechos y garantías. La promesa de seguridad, bajo este enfoque, parece pavimentar el camino hacia un autoritarismo disfrazado de eficiencia.

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