La reforma de Milei a la Policía Federal Argentina: Ciberpatrullaje a redes sociales y detenciones preventivas sin orden judicial

El gobierno de Javier Milei dio a conocer este martes 17 de junio (2025) su reforma a la Policía Federal Argentina (PFA), la cual entre otros aspectos autoriza el ciberpatrullaje de redes sociales y las detenciones preventivas sin orden judicial previa, aspectos que han causado preocupación en varios sectores de la sociedad trasandina.

Asimismo, la reforma -que no pasó por el Congreso- crea el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), «inspirado en el FBI y la Policía Federal de Brasil», y que se enfocará en delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas y las redes criminales urbanas.

«Hemos decidido reformar la histórica Policía Federal Argentina y reconvertirla en una fuerza principalmente abocada a la investigación criminal», señaló Milei.

Según señala el decreto publicado por el Gobierno, el nuevo estatuto de la PFA establece como su misión principal «prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, así como la de colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales».

Para lo anterior, se habilita a los efectivos de la PFA a realizar requisas sin esperar una orden judicial, «ante la concurrencia de los siguientes supuestos: que existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionas con un delito; que no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar; y que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención».

La medida trajo inmediatas reacciones. Desde la organización Amnistía Internacional (AI) expresaron su preocupación, planteando que las políticas de seguridad «otra vez generan preocupaciones para los derechos de las personas».

«Observamos con preocupación el ciberpatrullaje que habilita a la PFA a realizar sin autorización judicial tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas. Esto plantea riesgos de vigilancia masiva y perfilamiento discriminatorio, que afectan derechos fundamentales como la privacidad, la igualdad y la libertad de expresión», sostuvieron en una publicación en sus redes sociales.

Asimismo, desde la organización internacional expresaron su preocupación por las detenciones sin autorización judicial, que habilita a la PFA a detener personas por hasta 10 horas.

«El mantenimiento del orden y la seguridad no se contrapone con los DD.HH. Por el contrario, su respeto y protección es una de las dimensiones que mejor describe un Estado de Derecho. Es fundamental que toda reforma en las políticas de seguridad se lleven a cabo en el marco del Congreso de la Nación con un debate profundo que incluya la participación de expertos técnicos y jurídicos, organismos estatales relevantes y organizaciones de la sociedad civil», concluyeron desde Amnistía Internacional.

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