El populismo penal aplicado a comunidades escolares:

¿Cuál es el rol integral de los sostenedores privados al interior de los colegios particulares de Chile?

En los colegios privados es donde se expresa con mayor fuerza el autoritarismo de los equipos directivos, de las gerencias de recursos humanos y los representantes legales de congregaciones religiosas o sociedades sostenedoras nacionales y transnacionales, que imponen funciones y tareas a los trabajadores de la educación privada, estando incluso prohibidas por la Ley

¿Cuál es el rol integral de los sostenedores privados al interior de los colegios particulares de Chile?

Autor: El Ciudadano

Por Fesicop

Con preocupación, las y los trabajadores de la educación privada (Docentes, asistentes de la educación y administrativos, entre otros) vemos como crece la hidra del populismo penal que se cierne, en esta oportunidad, sobre las comunidades escolares del sector particular de enseñanza. Como de costumbre se invoca el autoritarismo de viejo cuño (la noción de orden, tan cara en nuestra historia reciente) para, mágicamente, dar respuesta a conflictos multicausales, estructurales, económicos y sociales que este populista clamor no se toma el trabajo siquiera de mencionar o que no considera, talvez, digno de analizar.

El día sábado 14 de junio del año en curso se publicó en el portal de noticias Cooperativa.cl una entrevista al Sr. Pedro Díaz, presidente nacional de la Federación de Instituciones de Educación ParticularFide-, quien “analizó los hechos de violencia escolar que han ocurrido últimamente en distintos establecimientos del país”, donde propone, entre otros elementos, “medidas restrictivas y preventivas en el ingreso de personas a los colegios”, aludiendo, continúa la nota, “a los pórticos detectores de metales, los que -aseguró- tendrían un efecto disuasivo”. Indica el presidente de la federación de dueños de colegios privados que “nosotros apoyamos a colegios nuestros (¿serán propiedad de la federación que representa?) que implementaron estos sensores que advierten la presencia de armas, pero tuvimos serios problemas con la Superintendencia de Educación porque consideraba que vulneraba los derechos de los estudiantes. Nosotros creemos lo contrario, afirmó” (negritas en el original).

En relación a las declaraciones precedentes, como Federación Nacional de Sindicatos de Colegios Particulares de Chile nos interesa establecer matices o mesura en las declaraciones vertidas al medio de comunicación mencionado:

-En primer lugar, coincidimos con el Sr. Díaz cuando señala que “la sociedad está conflictuada, socialmente hablando, y prácticamente no existen espacios de diálogo y entendimiento, todo es agresión y se busca soluciones por esa vía”. En esta ausencia de espacios de diálogo y entendimiento el Sr. Presidente olvida mencionar que, justamente, en los colegios privados es donde se expresa con mayor fuerza el autoritarismo de los equipos directivos, de las gerencias de recursos humanos y los representantes legales de congregaciones religiosas o sociedades sostenedoras nacionales y transnacionales, que imponen funciones y tareas a los trabajadores de la educación privada, estando incluso prohibidas por la Ley (como ocurre, por ejemplo, con los Turnos de Patio desarrollados por Docentes y Educadoras de Párvulos) aprovechando la débil o inexistente fiscalización en el sector privado de educación, donde muchas veces no existen sindicatos  que puedan defender los derechos de las y los trabajadores de la educación y con ello acortar la asimetría en las relaciones entre empresa y trabajadores.

-Es posible que el formato de la nota de prensa no haya permitido al Presidente de la FIDE desarrollar extensamente las razones por las cuales considera plausible instalar detectores de metales en los colegios de Chile. La experiencia comparada de Estados Unidos, por ejemplo, indica que, a pesar de estos mecanismos “disuasivos”, el uso de armas de fuego y de agresiones al interior de las comunidades educativas, no solo no disminuyó, sino que aumentó con el tiempo, en un país que presenta un problema severo en su legislación respecto al porte legal de armas. Por otra parte, sería lícito preguntarse ¿Cuáles serían los criterios para instalar estos pórticos en una escuela de nuestro país? ¿Los colegios del sector oriente de la Región Metropolitana también se sumarán a estas ideas y soluciones peregrinas, o los Centros de Padres (que pagan colegiaturas mensuales en UF) se opondrán a estas soluciones efectistas que no resuelven el problema de la violencia, sino que segrega y estigmatiza a las comunidades escolares entre comunidades “seguras” y “peligrosas”?

Finalmente, es fundamental señalar que frente a problemas complejos y multicausales no se puede reaccionar y responder de forma populista o con cuñas para la galería. La educación y los derechos de los NNA no pueden ser moneda de cambio o estar en tela de juicio por este populismo estéril que profundiza el problema de la violencia, en vez de ser una alternativa eficaz para resolverla. Baste recordar que dentro de las agresiones más graves que han sufrido los docentes en los últimos años, no se han utilizado armas de fuego y que, tristemente, bastan los puños para fracturar la mandíbula de un docente en San Ramón o una escoba para provocar una fractura de cráneo a una profesora en una escuela de la zona sur de nuestro país.

Invitamos a estos actores de la educación particular a discutir seriamente sobre el aumento de la violencia escolar pos pandemia, comenzando “por casa”, contratando el personal profesional necesario para abordar los inmensos desafíos que nos plantean la Ley de Inclusión y la Ley TEA, a escuchar y propiciar el diálogo vinculante dentro de las escuelas, de la misma manera en que lo analizan para la sociedad, y a respetar la dignidad del trabajo docente tanto en el ámbito remuneracional, como en la actualización de sus protocolos contra la violencia, capacitación permanente de su cuerpo docente, jornadas de educación y sensibilización al estudiantado, revinculación con los Centros de Padres y, por cierto, contar con un Consejo Escolar Resolutivo (que la Ley actual no hace obligatorio para estas instituciones) que democratice el diálogo y permita que los colegios particulares dejen de actuar como “islas” o “embajadas” autosuficientes y se relacionen de forma propositiva dentro de la sociedad en la que vivimos. Todo ello permitiría aportar a vivir en una sociedad más justa, equitativa y cohesionada y con ello, a la postre, reducir la violencia que tanto nos lastima y aqueja como sociedad.

Por Fesicop

Federación de Sindicatos de Colegios Particulares


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