134 internos del penal de Punta Peuco, condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, interpusieron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra Gendarmería de Chile, luego de que la institución ordenara el retiro de los refrigeradores personales que los reos utilizan para conservar insumos médicos y alimentos especiales.
La medida, comunicada el pasado19 de junio por el alcaide del penal, Mayor Cristóbal Vargas, establece un plazo de siete días para retirar la mayoría de estos electrodomésticos, dejando solo un refrigerador por cada cinco reos. Según la acción legal presentada por la abogada penalista Carla Fernández Montero, esto afectaría gravemente las condiciones de vida y los derechos de los internos.
“El día 19 de junio de 2025, el Sr. Alcaide del penal Mayor Cristóbal Vargas, comunicó a los internos del recinto que, por disposición de la Jefatura Nacional de Gendarmería, se retirará la mayoría de los refrigeradores que por años han venido utilizando los reclusos para satisfacer sus necesidades de salud y nutricionales -conservando los insumos médicos y alimentos enterales y perecibles- dándoles una semana de plazo -hasta el 26 de junio de 2025- para que avisen a sus familiares y procedan al retiro de los mismos, así como al vacío de los alimentos e insumos contenidos en estos artefactos, dejando un promedio”, indicó en el recurso,
La abogada, acusó que la decisión de Gendarmería «vulnera derechos fundamentales» y podría configurar un «un mal trato tortura hacia estas personas que mancilla su dignidad».
«Mis representados están siendo tratados de manera contraria a derecho, lo que constituye un trato cruel e inhumano. En efecto, las condiciones descritas, constituyen un atentado flagrante a su dignidad», declaró Fernández en el escrito judicial.
El recurso detalla que los refrigeradores son esenciales para preservar insulina, alimentos enterales y productos perecederos que el sistema carcelario no provee.
«Los refrigeradores posibilitan preservar diversos alimentos perecibles, especialmente, lácteos, carnes y huevos, que constituyen una parte esencial de la alimentación de un adulto mayor, y que el ‘rancho’ diario no es capaz de satisfacer, especialmente, en personas que requieren alimentación con alto contenido proteico más que graso, como son los 78 reos hipertensos”, resalta el recurso de amparo contra Gendarmería.», señala el documento.

¿Eficiencia energética o cambio de modelo penitenciario?
Gendarmería justificó la medida bajo el argumento de «eficiencia energética», pero los internos y su defensa sospechan que está vinculada al anuncio presidencial de convertir Punta Peuco en una cárcel común, hecho por el presidente Gabriel Boric durante su última Cuenta Pública, lo que implicaría la incorporación de nuevos reos con distinto perfil criminológico.
«De acuerdo a la información recabada por los presos, la decisión se enmarca dentro del reciente anuncio del Presidente Boric durante la cuenta pública de convertir a Punta Peuco en una cárcel “común”, para lo cual, se requiere del espacio que actualmente ocupan estos refrigeradores y que permitirían albergar aproximadamente a 40 internos “comunes” más, en modalidad de camarotes”, planteó la jurista en el recurso, consignado por Bio Bío Chile.
Cabe recordar que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, confirmó que el Gobierno está evaluando convertirlo en un establecimiento común para adultos mayores privados de libertad.
“Tenemos más de 2.500 personas mayores en nuestro sistema penitenciario, y no tiene sentido que exista un recinto exclusivo para quienes cometieron crímenes graves”, afirmó.
En entrevista con Estado Nacional, el secretario de Estado declaró que no existe justificación para mantener una cárcel destinada únicamente a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. “Eso no tiene justificación y está al margen de lo que debiéramos hacer en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales”, señaló.
La abogada Fernández destacó en la acción legal contra Gendarmería que los internos, con un promedio de edad cercano a los 80 años, padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y patologías terminales.
En el amparo citó fallos previos de la Corte Suprema que reconocen la necesidad de un trato especial para reclusos mayores y enfermos, equiparando ciertas cárceles a establecimientos de larga estadía (Eleam). Además, invocó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas Nelson Mandela de la ONU, que exigen condiciones dignas en prisiones.
Entre las peticiones del recurso figuran: una orden de no innovar para frenar el retiro de refrigeradores, la mantención de los electrodomésticos en sus condiciones actuales, que se realice una fiscalización del Ministerio Público y medidas administrativas para evitar supuestas nuevas vulneraciones.