El polémico puente Cau Cau, ubicado en la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos, volvió al centro de la controversia nacional. Esta vez, no por sus fallas mecánicas ni por su construcción fallida, sino por el millonario costo que deberá asumir el Estado tras un fallo de la Corte Suprema. El máximo tribunal condenó al Fisco a pagar aproximadamente $1.500 millones a la constructora española Azvi, por supuestos incumplimientos en el contrato original, finalizado de forma anticipada en 2015 por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El puente Cau Cau y los errores compartidos
El proyecto, que debía convertirse en el primer puente basculante del país, terminó transformándose en un símbolo de mala gestión y errores de diseño. Aunque el expresidente Sebastián Piñera intentó desentenderse públicamente de la responsabilidad, afirmando que “el primer error se cometió en el primer gobierno de Bachelet”, los documentos oficiales contradicen su versión.
Según el entonces ministro del MOP, Alberto Undurraga, el diseño fue recibido en agosto de 2010 y aprobado formalmente en julio de 2011, durante el primer mandato de Piñera. A ello se sumó el vocero Marcelo Díaz, quien recordó que tanto la aprobación como el inicio de las obras se concretaron bajo esa administración.

Indemnización por obras y faenas no pagadas
El fallo de la Corte Suprema, emitido por su Tercera Sala, establece que el Estado deberá desembolsar los siguientes montos:
- $889 millones por obras ejecutadas no pagadas,
- $273 millones por gastos generales derivados del aumento en los plazos,
- $156 millones por faenas no previstas,
- y $27 millones por el aumento de obras contratadas.
Esto revierte la resolución anterior de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había responsabilizado a Azvi por los errores en la ejecución del puente Cau Cau. Sin embargo, el máximo tribunal consideró que existieron incumplimientos contractuales atribuibles al Estado.
Un legado incómodo
El puente Cau Cau, más que una infraestructura fallida, se ha convertido en el legado incómodo del primer gobierno de Sebastián Piñera. A la frustración ciudadana por una obra inutilizable, ahora se suma la indignación por una indemnización multimillonaria que será pagada con recursos públicos. Todo esto, por un contrato mal gestionado, aprobado sin el debido control técnico y con decisiones políticas que, hasta hoy, evitan asumir su costo real.