Si el Frente Amplio insiste en entregar el litio a los nietos de Pinochet, se condena históricamente

La historia no perdona la hybris, ese orgullo desmedido que precede a la caída. El Frente Amplio, aquel proyecto político nacido de las asambleas estudiantiles y la indignación ética, ha cruzado un umbral del que quizás no haya retorno. En nombre del pragmatismo, del “mal menor” y de la geopolítica «lamebota gringa», ha sellado un pacto con la misma sombra de la que decía querer emanciparse: el capital heredado de la dictadura.

En diciembre de 2023, Codelco, la empresa estatal que alguna vez encarnó el sueño del cobre para Chile, firmó un acuerdo con SQM -controlada por Julio Ponce Lerou, exyerno de Augusto Pinochet- para la explotación conjunta del Salar de Atacama hasta el año 2060. No fue un pacto neutro. Fue un pactum sceleris, un acuerdo con el crimen de la memoria. Un acuerdo con el corruptor por excelencia de la clase política chilena que se ha sucedido en su hija, la nieta del dictador Augusto Pinochet.

“¿En qué momento pasaron de la estatización del litio a entregarlo a la familia Pinochet?”, preguntó en voz alta el diputado Cristián Labbé. Y no fue el único. Las voces de quienes aún creen en la virtud cívica —areté, como decían los griegos— se alzaron con desconcierto. Porque este no fue un error técnico, ni una omisión administrativa. Fue una decisión deliberada. Y como toda decisión ética, exige ser juzgada no solo por sus efectos, sino por sus fundamentos.

El Frente Amplio, en su origen, se presentó como la antítesis del modelo heredado, un cuerpo político que no solo criticaba el neoliberalismo, sino que pretendía superarlo. Y sin embargo, a la hora crucial, en el lecho de Procusto de las decisiones estructurales, terminó cortando sus ideales para hacerlos caber en la cama del poder.

Como en una tragedia clásica, los signos han estado ahí. Una consulta indígena “a la rápida”, carente de información, sin la participación efectiva de las comunidades atacameñas. Un lobby impúdico en el Congreso, con presiones directas a parlamentarios para frenar la comisión investigadora. Una sobre protección del actuar poco transparente de «Máximo Pacheco». Incluso una encuesta “fabricada” por Cadem, difundida con premura para legitimar lo ilegítimo.

El acuerdo entrega el 49,99 % de la nueva sociedad mixta a SQM, justo lo necesario para mantener el control operativo sin cargar con el peso simbólico del 50. Y lo hace cuando el contrato original vence en 2030. ¿Por qué ceder ahora lo que podía recuperarse pronto? “¿Para qué entregar la mitad del negocio, cuando puedes quedarte con la torta entera?”, ha demostrado El Ciudadano en uno de sus recientes reportajes. La pregunta huele a sentido común, pero también a justicia.

Los tecnócratas hablaron de eficiencia, de continuidad, de realpolitik. Eduardo Engel, que alguna vez denunció la corrupción de SQM, hoy respalda el acuerdo. Su giro -¿táctico o moral?- deja al desnudo una contradicción que ya no puede ocultarse con lenguaje técnico. La doble moral, duplex mens, no es un fenómeno excepcional. Es, como diría Cicerón, el síntoma del alma dividida.

Mientras tanto, el norte es dividido por el dinero de SQM, pero no olvida. Las comunidades indígenas, las mismas que soportan las sequías y el agotamiento del salar, fueron consultadas como trámite. “Faltó información, faltó tiempo, faltó respeto”, denunciaron desde los territorios. La consulta indígena, exigida por el Convenio 169 de la OIT, fue transformada en un simulacro.

Y así, el litio —ese “oro blanco” del siglo XXI— se convierte en espejo del alma política. Un recurso que podría haber financiado educación, salud, transición energética justa y haber recaudado millones de dólares para el Estado en el momento preciso; hoy alimentará posiblemente, una vez más, las arcas de quienes enriquecieron sus fortunas al amparo del despojo.

“No traicionamos al pueblo, solo hicimos lo posible”, dirán tal vez los dirigentes del Frente Amplio, en un intento de excusatio non petita. Pero la historia no escucha excusas. La historia observa, y luego sentencia.

Tal vez, en algún rincón de Palacio, alguien todavía recuerde que el ethos político no se mide solo por resultados, sino por fidelidad a un principio. Y que hay decisiones que, aun siendo legales, son moralmente imperdonables.

Porque si el Frente Amplio insiste en entregar el litio a los nietos de Pinochet, no solo firmará la repetición de la tragedia extractivista chilena, con su saldo de sequías, saqueo y simulacros de soberanía. No. Al hacerlo, arrastrará consigo a toda una generación que prometió refundar la república, y que este año deberá mirar a sus electores a los ojos, mientras intenta explicar por qué se rindió sin pelear.

La historia será implacable con quienes olvidan de dónde vienen. Y el pueblo, que sabe distinguir entre error y traición, tiene memoria larga cuando el voto se convierte en juicio. Porque hay decisiones que no solo condenan partidos, sino que arrasan generaciones. Y ésta -ésta- puede ser una de ellas.

Que nadie diga entonces que no fue advertido. Fiat voluntas tua, dirán algunos. Pero que no olviden: incluso en las urnas, también habla la historia.

Este lunes en la votación del informe de la Comisión Investigadora del Acuerdo SQM-Codelco está su oportunidad de redimirse y que sea la misma historia la que los absuelva.

Por Bruno Sommer

Fundador El Ciudadano