Cayó Uribe: expresidente de derecha condenado por soborno y fraude procesal en Colombia

En un veredicto que marca un antes y después en la historia judicial de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) fue declarado culpable este lunes de fraude procesal y soborno en actuación penal, delitos por los que la Fiscalía solicitó nueve años de prisión domiciliaria y una multa millonaria.

La jueza 44 Penal del Circuito Judicial de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, determinó que las pruebas presentadas durante el juicio —que se extendió por más de una década— acreditan su responsabilidad en estos delitos, aunque lo absolvió del cargo de soborno a testigos.

La sentencia, que será leída en detalle este viernes, consolida a Uribe como el primer expresidente colombiano condenado en un proceso penal, lo que significa un golpe devastador para el líder del partido de derecha Centro Democrático.

Origen del caso y vínculos de Uribe con los paramilitares

El juicio contra el exmandatario, de 73 años, inició en 2012, cuando el senador Iván Cepeda presentó ante el Congreso, en medio de un debate, una serie de testimonios de exparamilitares que lo vinculaban con la creación de estos grupos armados ilegales de extrema derecha en la región colombiana de Antioquia en la década de 1990.

Tras el debate, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia por, supuestamente, buscar, de manera irregular, testimonios de los exparamilitares presos en varias cárceles del país y del exterior para vincularlo con esas agrupaciones criminales.

En 2018 el máximo tribunal no encontró elementos probatorios suficientes para seguir adelante con la causa penal contra el senador Cepeda y cerró el caso en su contra. Sin embargo, decidió abrir una investigación contra Uribe por supuesta manipulación de testigos en contra de su contradictor político, dando un giro, ya que el exmandatario pasó de acusador a acusado. De este modo, la denuncia que había presentado por manipulación de testigos, injuria y calumnia se volvió en su contra.

Dos años después, en 2020, la Corte ordenó arresto domiciliario para domiciliaria Uribe, ante esta decisión, el expresidente colombiano optó por renunciar a su cargo senador de la República , pasando a fuero ordinario.

En aquella ocasión acusó que no contaba con las garantías necesarias dentro máximo tribunal de justicia, pero en 2022 cuando se encontraba en libertad, la justicia determinó que el proceso en su contra debía seguir adelante en la nueva jurisdicción.

Por su parte, el exfiscal general Francisco Barbosa intentó en varias ocasiones cerrar el expediente contra Uribe, pero dicha solicitud, junto con la presentada por la Procuraduría General en 2022, fueron negadas.

El exmandatario colombiano ha reiterado una y otra vez que es inocente de los cargos por los que lo investigan, tanto en las audiencias públicas y durante la etapa de juicio que terminó el pasado de 8 de julio y duró 67 días. Según Uribe se trata de un caso de venganza con fines políticos.

La tesis del Ministerio Público, representada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema —donde tuvo su génesis el caso— Marlenne Orjuela, es que el expresidente envió al abogado Diego Cadena para que convenciera a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve de testificar a favor suyo, desligándolo de los vínculos con el paramilitarismo en Antioquia, a cambio de beneficios jurídicos.

Un fallo histórico: la justicia colombiana condena a Álvaro Uribe

“Los ojos del país y de muchas partes del mundo están puestos sobre esta sala. Este juicio ha despertado pasiones y movilizado emociones, pero sabemos que el derecho no puede temblar ante el ruido y la justicia no se arrodilla al poder”, afirmó el lunes la jueza Heredia al iniciar la audiencia que se llevó a cabo en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá y a la que Uribe no asistió presencialmente, y la siguió de manera virtual.

 “La espera ha finalizado. Queremos decirle a Colombia que la justicia ha llegado”, afirmó.

Durante el desarrollo de la audiencia, la magistrada reconoció la validez de las pruebas presentadas contra el exmandatario por el Ministerio Público colombiano y respaldó la credibilidad de los testigos en su contra, especialmente de Monsalve.

«Todas las pruebas reunidas permiten concluir que el testigo no está faltando a la verdad», afirmó Heredia quien determino que las declaraciones de Monsalve estaban avaladas por pruebas documentales.

En este sentido, aceptó como validas las grabaciones del reloj espía utilizado por Monsalve durante una conversación que tuvo en prisión en 2018 con el abogado Diego Cadena, quien habría sido enviado por Uribe para ofrecerle beneficios jurídicos a cambio de testificar a su favor.

«No se observa en la conversación una inducción por parte de quien graba. Se limitaron a mostrar que Juan Guillermo Monsalve estaba siendo presionado para cambiar su versión ante el senador Iván Cepeda, resaltó la jueza.

Además, fueron presentadas y aceptadas por la magistrada otras pruebas entre las que figuran las interceptaciones ordenadas por el despacho del magistrado Jorge Luis Barceló, de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que intervino por error la línea telefónica del expresidente de la nación latinoamericana, al intentar acceder a las conversaciones del excongresista Nilton Córdoba Manyoma por otros hechos.

Sin embargo, rechazó la pretensión de la defensa de invalidar todas las pruebas recabadas entre 2018 y 2020, cuando el caso estaba bajo competencia de la Corte Suprema, argumentando que la renuncia de Uribe a su puesto de senador para pasar al fuero ordinario “produce efectos solo a futuro” y que este movimiento tuvo como propósito “instrumentalizar” el cambio de fuero para obtener beneficios judiciales.

Asimismo, desestimó varios de los testimonios de la defensa, señalando contradicciones e inconsistencias, así como falta de pruebas que respaldaran sus afirmaciones.

«El acusado conocía el plan», fue una de las frases más tajantes que pronunció la jueza Sandra Heredia refiriéndose a que quedó probado el soborno en actuación penal en el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Determinó que gracias a los antecedentes se pudo acreditar que la defensa del entonces apoderado del expresidente, Diego Cadena, buscó que Monsalve retractara su versión sobre Álvaro Uribe.

Al concluir la diligencia, la jueza concluyó que no existen evidencias que respalden la inexistencia de delitos por parte del exmandatario, declarándolo culpable por delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

¿Cuándo se conocerá la sentencia contra Uribe?

Con respecto a la lectura de la sentencia contra Uribe, que fue fijada para el próximo viernes 1 de agosto, la magistrada indicó que «por las conductas por las que se profiere condena contra Uribe Vélez […] cuya punición parte de un monto superior a cuatro años e inferior a ocho, en tanto el acusado, indistintamente de la pena que se impondrá, se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutivo de la pena de prisión».

Cabe señalar que la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, solicitó una pena de 108 meses de prisión (nueve años) y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1.458 millones de pesos colombianos (350 mil dólares o 340 mil pesos chilenos). La defensa de Álvaro Uribe tendrá un plazo máximo de cinco días para presentar un recurso de apelación al fallo de la jueza Heredia, contados a partir de la lectura de la sentencia, ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Impacto político: ¿Cómo afectará las elecciones de 2026?

El hecho de haber sido declarado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal, es un duro golpe para Uribe, quien fue el primer presidente reelegido de la historia moderna de Colombia. El veredicto de la justicia también constituye un fuerte revés a la derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2026. En la actualidad Uribe es el jefe del Centro Democrático, uno de los principales partidos opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Tras conocerse la decisión de la jueza Heredia, Petro pidió respetar el fallo judicial y defendió la independencia judicial al afirmar que su gobierno «no persigue a nadie por razones políticas».

«Simpatizantes o no del expresidente Uribe deben respetar esa justicia. Lo demás es bestialidad. Y Colombia debe ser sabia», escribió en la red social X.

El mandatario de izquierda enfatizó que su administración «no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas, no presiona a la justicia que es independiente por completo» y subrayó: «Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos».