Derechos, reparación y prevención

Por Basilio Belmar Rivas

Se cumplen trece años desde la promulgación de la Ley Nº 20.609, conocida como Ley Zamudio o Antidiscriminación. Esta norma significó un avance jurídico para proteger el derecho a no ser discriminado en nuestro país. Sin embargo, su diseño actual limita la garantía efectiva de estos derechos, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad múltiple.

La legislación vigente mantiene un enfoque reactivo y punitivo que no incorpora una perspectiva integral ni estructural. La carga probatoria recae casi exclusivamente en las víctimas, quienes deben enfrentar plazos acotados para ejercer acciones legales. Estas condiciones dificultan el acceso a la justicia y desalientan la denuncia, agravando la exclusión y la invisibilización de formas interseccionales de discriminación.

La reforma en trámite, contenida en el Boletín Nº 12.748-17 y actualmente en Comisión Mixta, responde a estas deficiencias con una propuesta que incorpora un enfoque preventivo, integral y con perspectiva de género y derechos humanos. Propone ampliar los plazos para ejercer acciones, eliminar sanciones contra quienes denuncian, establecer mecanismos de reparación integral y habilitar acciones indemnizatorias para denunciantes. Asimismo, plantea la creación de una institucionalidad estatal articulada y con responsabilidad intersectorial, que garantice la atención diferenciada y la inclusión efectiva de las diversas realidades sociales.

Asimismo, destaca la propuesta de instaurar un Consejo de Igualdad y No Discriminación, integrado por representantes del Estado y de la sociedad civil, que tendrá un rol clave en la definición, monitoreo y evaluación de políticas públicas orientadas a erradicar la discriminación en todas sus dimensiones. Esta instancia es una respuesta a las demandas históricas de organizaciones sociales y comunidades que han señalado la fragmentación institucional como un obstáculo para enfrentar la discriminación interseccional y estructural.

La evidencia estadística confirma la urgencia de avanzar en la reforma. Las mujeres mayores de 65 años perciben ingresos en promedio un 33 % inferiores a los de los hombres de su misma edad (INE, 2021). En tanto, el 89 % de las personas LGBTIQ+ reporta haber experimentado episodios de discriminación (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2021). Asimismo, uno de cada cinco trabajadores con discapacidad ha sufrido maltrato laboral (Encuesta de Bienestar Social, 2021). A nivel social, Chile encabeza la percepción negativa hacia las personas mayores, superando a países como Estados Unidos, Brasil y China (Observatorio del Envejecimiento, 2021).

Ante esta realidad, resulta inadmisible que, tras ocho años de debate y amplio respaldo técnico, social e institucional, la reforma se encuentre en riesgo de ser archivada. La Ley Antidiscriminación debe dejar de operar como un símbolo vacío y convertirse en una herramienta eficaz de garantía de derechos, reparación y prevención.

A pocos días de su aniversario, corresponde al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo asumir con responsabilidad democrática y compromiso ético el desafío de consolidar una legislación que responda a la diversidad y complejidad social, en defensa de los derechos fundamentales de todas las personas.

Por Basilio Belmar Rivas

Jefe Jurídico. Fundación Ronda

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