Un reportaje publicado por el medio El Destacador informó el inicio de un proceso sancionatorio contra la Universidad Autónoma por lucro en el arriendo de edificios, en el cual está involucrado Teodoro Ribera (en la foto), exministro de Relaciones Exteriores en el segundo gobierno de Piñera.
De acuerdo a la publicación, «durante una fiscalización realizada el año pasado (2024) detectaron que existían pagos que no estarían justificados a una sociedad controlada por la familia Ribera, la fundadora del plantel. Se trata de una operación inmobiliaria que incluye el subarriendo de dos edificios en la comuna de San Miguel».
El reporte recuerda que actualmente existe una norma «que prohíbe expresamente el lucro en las universidades, que en palabras simples implica que los controladores o administradores de un plantel no pueden retirar utilidades porque los excedentes económicos deben reinvertirse en la gestión educativa».
«La Superintendencia de Educación Superior (SES) fiscalizó en 2024 las operaciones de las universidades con sus sociedades relacionadas, y allí detectó que la Universidad Autónoma mantenía contratos por arriendo de edificios con Inmobiliaria El Llano S.A., una sociedad controlada por la familia Ribera, y que esos contratos escondían una maniobra que dejaba un margen de ganancia irregular. Por esa razón la SES decidió abrir un proceso sancionatorio contra la universidad», se lee en el reportaje.
En ese sentido, la publicación de El Destacador detalla que buena parte del financiamiento actual de la Universidad Autónoma proviene de fondos públicos: cerca del 70% de sus ingresos llegan directamente del Estado por el sistema de gratuidad.
«En 2024 eso implicó un aporte del fisco por $105.499 millones», apunta el reportaje, agregando que la Universidad Autónoma «es una de las más grandes del sistema. En 2025 su matrícula en pregrado alcanzó los 31.355 alumnos. Según los Estados Financieros del plantel, cerca del 80% de sus estudiantes cuentan con el beneficio de la gratuidad».
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El Ciudadano