CUT ve «con alarma» fallo de la Suprema sobre contratas en el sector público: «Se generan las condiciones para reducir el Estado»

La CUT manifestó su preocupación por el reciente fallo de la Corte Suprema, el cual estableció que la contrata en el sector público es «incompatible con cualquier pretensión de estabilidad», un giro que fue calificado como «relevante» por El Mercurio pues «asesta un revés» al principio de la «confianza legítima» que según el diario derechista, permitía hasta ahora la continuidad de funcionarios.

En específico, fue la Tercera Sala de la Corte Suprema (causa rol N° 28.295‑2025) la que confirmó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, que rechazó un recurso de protección interpuesto contra la Municipalidad de Curicó por un funcionario en modalidad de contrata, que impugnaba un Oficio en el cual se le notificó que su contrato no sería renovado tras su vencimiento.

Fue este caso el que dio pie para el pronunciamiento del máximo tribunal, que para la CUT «representa un retroceso en materia de derechos laborales y refuerza la precarización del empleo público, afectando a miles de trabajadoras y trabajadores que, pese a cumplir funciones permanentes, continúan sin garantía de continuidad laboral».

Silvia Silva, vicepresidenta de gestión y finanzas de la CUT y presidenta de Ajunji, dijo a El Ciudadano que «desde la CUT vemos con alarma este fallo, que no está solo vulnerando las garantías y los derechos de las y los trabajadores, sino también el de la misma ciudadanía. Lo preocupante, es que además se generan las condiciones para reducir el Estado, debilitando los derechos ciudadanos», enfatizó.

La dirigenta planteó que «desde la CUT no concebimos un fallo de esta envergadura, que atenta directamente contra el empleo público, y demandamos con urgencia al Gobierno y al Parlamento a que aceleren una reforma profunda al sistema de empleo público, que termine con la precarización y establezca mecanismos que garanticen continuidad y estabilidad laboral para quienes cumplen funciones permanentes».

«No puede haber modernización del Estado mientras subsistan formas de contratación que vulneran los derechos básicos. Es inaceptable que el propio Estado mantenga plantas de un 22,1%, contratas de un 55,6%, honorarios de un 5,6%, y entre otros un 16,7%. Vínculos laborales inestables, reproduciendo desigualdades que niegan el principio del trabajo decente y los convenios ratificados internacionalmente», afirmó Silvia Silva.

Seguiremos informando.