Escandalosa condena judicial a candidato de la izquierda: El «terruqueo» como lawfare peruano

Por Ricardo Jiménez A.

El 24 de octubre de 2025, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria del Poder Judicial condenó a Guillermo Bermejo Rojas – congresista y candidato presidencial de la izquierda para las elecciones de abril próximo – a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso y dispone la inhabilitación para ejercer cargo público y la suspensión de derechos políticos por dos años adicionales a la pena.

Aunque el fallo es de primera instancia, se ordenó su prisión efectiva inmediata, en el penal de Ancón I, a una hora en auto de Lima.

La condena es escandalosa hasta lo surrealista. La misma exacta acusación había sido desechada y Bermejo absuelto por falta de pruebas en dos procesos previos. Ahora, un juez públicamente fujimorista (la derecha corrupta peruana) fue traído desde otra jurisdicción y lo condenó, sin que aparecieran nuevos elementos sustantivos frente a los ya valorados antes.

La acusación se basa en informes de inteligencia, basados en seguimientos a Bermejo entre 2008 y 2019, realizados sin orden judicial, que además no aportaron ninguna evidencia material de delitos, solo la opinión de “analistas” de estos servicios y supuestos “testimonios” de “colaboradores eficaces”, delincuentes confesos que obtienen prebendas o sufren coerciones para declarar en otros casos.   

La sentencia descansa exclusivamente en declaraciones de estos colaboradores eficaces, recogidas hace años sobre supuestos contactos terroristas de Bermejo en el VRAEM (zona de selva, narcotráfico y “remanentes” senderistas), sin ni la más mínima corroboración independiente que despeje numerosas contradicciones ni eleve tales dichos al estándar penal de certeza. Rechazadas dos veces en procesos anteriores, hoy se les otorga un peso decisivo sin peritajes o evidencias materiales adicionales concluyentes.

Numerosas personalidades, organizaciones y gremios, han repudiado la condena y exigen la libertad de Bermejo. Entre ellos, resulta significativo el general (en retiro) Wilson Barrantes – ex integrante del cuerpo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) -, que ha sostenido que el proceso contra Guillermo Bermejo se inscribe en una “persecución política”, pues la imputación se apoya en declaraciones de colaboradores eficaces y no en evidencias materiales concluyentes. Advierte además que años de pesquisas no habrían generado pruebas directas y que el peso otorgado a dichos testimonios abre un grave precedente para el debido proceso.

Ciertamente, la condena a Bermejo constituye un precedente preocupante en materia de persecución política y de garantías procesales, en un país signado por la debilidad y crisis institucional, la corrupción y la criminalización y represión de los opositores.

En el Perú, el “terruqueo” se ha consolidado como una práctica de lawfare – uso político del aparato judicial y mediático para neutralizar adversarios – al instrumentalizar la acusación de vínculos con el terrorismo como herramienta de deslegitimación y persecución simbólica. Este mecanismo no busca probar delitos, sino destruir reputaciones, marginar voces disidentes y justificar medidas represivas o judiciales bajo la retórica de la “seguridad nacional”.

Diversos analistas han señalado que el “terruqueo” combina discursos mediáticos estigmatizantes, procesos judiciales selectivos y presiones institucionales que erosionan derechos fundamentales, trasladando el debate político al terreno penal y produciendo una forma contemporánea de criminalización del pensamiento crítico o de la protesta social.

Guillermo Bermejo se ha convertido en objetivo de lawfare porque es candidato presidencial y una de las figuras que impulsa la unidad de fuerzas progresistas rumbo a las elecciones generales del 12 de abril de 2026. No por casualidad, su condena llega a pocos días de que el Tribunal Constitucional archivara el “caso Cócteles” de Keiko Fujimori, también candidata, de la derecha fujimorista. En un fallo igual de escandaloso, aunque por razones inversas, pues las evidencias materiales de los delitos de Fujimori eran incontestables.

De hecho, se están usando decisiones judiciales para ordenar la oferta electoral – inhabilitando o validando postulaciones – y así “ganar” la contienda antes de que vote la ciudadanía, no vaya a ser que vuelva a votar por alguien que no es del gusto de los dueños del Perú.

La defensa de Bermejo ejercerá solicitud de nulidad a la Corte Suprema, lo que puede tomar meses. Mientras, la solidaridad nacional e internacional es clave para impedir que en Perú se siga erosionando la escasa legitimidad e institucionalidad democrática que queda.

Por Ricardo Jiménez A.