Las diputadas Mónica Arce (IND) y Maite Orsini, y los diputados Álvaro Carter (Rep), Cosme Mellado (Radical) y Marco Antonio Sulantay (UDI), fueron designados (por sorteo) como integrantes de la Comisión encargada de informar la procedencia de la Acusación Constitucional presentada en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue Limare, por faltas a la probidad y notable abandono de deberes.
La acusación fue presentada por las y los diputados Arturo Barrios (PS), Daniella Cicardini (PS), Luis Cuello (PC), Ana María Gazmuri (AH), Daniel Manouchehri (PS), Daniel Melo (PS), Emilia Nuyado (PS), Lorena Pizarro (PC), Matías Ramírez (PC), Leonardo Soto (PS) y Carolina Tello (FA).
«A partir de esta jornada, rige el plazo de tres días para que la Cámara notifique, personalmente o por cédula, al ministro de la Corte Suprema», señalaron desde el boletín legislativo, agregando que «una vez notificado, Simpertigue tendrá 10 días de plazo para concurrir ante la comisión encargada de la acusación, en forma personal o por escrito».
Posteriormente, la comisión especial tiene 6 días para estudiar la acusación y pronunciarse sobre ella, remitiendo esta decisión a la Sala de la Cámara.
¿Qué dice la Acusación?
El libelo acusatorio contempla tres capítulos.
El primero sostiene que el ministro faltó de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en el marco de la causa denominada BelAz Movitec. Al respecto, la acusación plantea que Simpertigue intervino directamente en la resolución de causas vinculadas al consorcio de origen bielorruso. Dichas decisiones de la Corte Suprema favorecieron al consorcio por montos que superan los $11 mil millones. Esto, en un contexto «donde mantenía vínculos personales relevantes con los abogados de dicha parte -Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas Cociña- actualmente imputados por delitos de cohecho y lavado de activos en la ‘arista bielorrusa’ del Caso Audios».
El segundo acusa notable abandono del deber de probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales. Esto se funda en que el cuestionado ministro «permitió que, durante el período en que evaluaba y supervisaba a la Corte de Apelaciones de San Miguel, su hijastro fuera designado como notario interino en una de las notarías más lucrativas de la jurisdicción, decisión adoptada por la misma autoridad que él debía fiscalizar».
En tanto, el tercer capítulo lo acusa de infringir del deber de abstención, imparcialidad y probidad por el caso Fundamenta. En este punto, el ministro de la Suprema habría participado en la resolución de la causa sobre el proyecto EcoEgaña, que favoreció a Inmobiliaria Fundamenta. Semanas más tarde habría realizado un crucero junto a los abogados Lagos y Vargas.
«La proximidad temporal entre el fallo, los pagos investigados y el viaje compartido entre el ministro y los abogados vinculados a la trama refuerza la existencia de un vínculo social estrecho y sostenido», sostiene el texto de la acusación.
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El Ciudadano
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