La política de seguridad del gobierno de Donald Trump quedó nuevamente bajo escrutinio luego de que senadores en Estados Unidos advirtieran que podría haber ocurrido un crimen de guerra, tras revelaciones sobre una serie de ataques contra una embarcación venezolana en septiembre pasado. El cuestionamiento surge luego de que la Casa Blanca confirmara que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó los operativos navales.
Según informó el gobierno estadounidense, Hegseth dio luz verde al almirante Frank Bradley para ejecutar múltiples ataques contra un bote supuestamente vinculado al tráfico de drogas en el mar Caribe. La Casa Blanca defendió la operación asegurando que fue realizada en “legítima defensa”, en aguas internacionales y conforme al derecho de conflicto armado.
Senadores alertan que, si hubo ataque a sobrevivientes, sería un crimen de guerra
El debate estalló tras un reportaje publicado por The Washington Post, donde se sostiene que un segundo ataque habría sido ordenado para eliminar a dos sobrevivientes del primer bombardeo. Según el medio, la orden respondía a la instrucción de “acabar con todos” los ocupantes de la embarcación.
Frente a estas denuncias, senadores estadounidenses de ambos partidos reaccionaron con preocupación. El demócrata Tim Kaine advirtió que “esto sube al nivel de un crimen de guerra si es cierto”, subrayando la gravedad de un eventual ataque contra personas que ya no representan una amenaza. Desde la vereda republicana, el congresista Mike Turner sostuvo que, si se confirma un segundo golpe contra sobrevivientes incapaces de combatir, se trataría de “un acto ilegal”.
Ambos coincidieron en que la situación amerita investigación inmediata.
Congreso de EE.UU. abre investigación bipartidista
Las revelaciones motivaron a las comisiones de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes a abrir una revisión formal sobre la legalidad de la operación. Legisladores de ambos sectores enfatizaron que, aunque no existe confirmación sobre el presunto segundo ataque, la sola posibilidad de que se haya disparado contra náufragos plantea serias dudas legales.
El Congreso busca determinar:
- Si Hegseth autorizó un ataque secundario contra sobrevivientes.
- Si dicho ataque constituye uso ilegal de la fuerza.
- Si la operación cumplió con las normas del derecho internacional humanitario.
- Qué protocolos se siguieron y quiénes participaron en las órdenes operativas.
Desde el Ejecutivo, la portavoz Karoline Leavitt defendió la operación asegurando que el almirante Bradley actuó “dentro de su autoridad” y que la destrucción de la embarcación era necesaria para proteger a Estados Unidos.
Trump marca distancia mientras crece la presión internacional
Donald Trump, consultado por la prensa, afirmó que él no habría autorizado un segundo ataque y señaló que Hegseth negó haber dado una orden de ese tipo. Sin embargo, la confirmación oficial de la Casa Blanca respecto a la autorización general de los ataques no ha logrado frenar las críticas.
El caso también se vincula al clima político regional. Trump ha sugerido la posibilidad de una intervención militar en Venezuela y llegó a declarar que el espacio aéreo del país debería considerarse “cerrado en su totalidad”, un mensaje que aumentó la tensión en Caracas.
Una operación que abre preguntas sobre legalidad, uso de la fuerza y derechos humanos
Lo que comenzó como un operativo antidrogas se ha convertido en un debate internacional sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de Estados Unidos. Si se comprobara la existencia de un segundo ataque deliberado contra sobrevivientes indefensos, organizaciones de derechos humanos y juristas coinciden en que podría configurar un crimen de guerra, tal como han planteado senadores estadounidenses.
Para las comunidades del Caribe, estos hechos vuelven a poner sobre la mesa el impacto directo que tienen las operaciones militares extranjeras en zonas marítimas donde transitan pescadores, comerciantes y familias que nada tienen que ver con el narcotráfico.
El resultado de las investigaciones del Congreso podría marcar un precedente clave en el control civil sobre decisiones militares y en la supervisión del uso letal de la fuerza en contextos transnacionales.
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