El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró este lunes la condena de 17 años de cárcel efectiva impuesta al exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa Valenzuela, por delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, calificándola como una señal clara y proporcional de cómo el Estado debe enfrentar la corrupción al interior de sus instituciones fundamentales.
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago dictó una sentencia unánime (causa rol 467-2023) que condena a Espinosa a 12 años de prisión por malversación y falsificación, más 5 años y un día por lavado de activos, sumando 17 años y un día de condena total. Deberá cumplir 13 años efectivos tras el descuento por prisión preventiva.
Además, fue condenado a inhabilitación perpetua para cargos públicos, al pago de multas por !5 UTM ($1.043.130) y 200 UTM ($ 13.908.400) y, en el ámbito civil, a indemnizar al fisco con $146 millones, cifra que coincide con el monto malversado de los fondos reservados de la PDI entre 2015 y 2017. El tribunal también decretó el comiso de varios inmuebles de lujo en Las Condes adquiridos con los dineros ilícitos.
“Cuando se identifiquen actos de corrupción serán severamente sancionados”
Frente al histórico fallo, el ministro Cordero sostuvo que la gravedad de la pena está directamente ligada al cargo que el condenado ostentaba dentro de la PDI.
“Es una condena que muchos pueden considerar severa; para nosotros es proporcional, no solo a la falta sino también a la posición que él ocupaba”, señaló.
Cordero enfatizó que la resolución judicial refuerza el principio de igualdad ante la ley y envía un mensaje contundente sobre la necesaria reacción institucional ante desvíos. “Es una señal de la importancia que tienen las policías y de que, cuando se identifican actos de corrupción, serán severamente sancionados”, afirmó, en declaraciones recogidas por Radio Bío Bio.
“Son investigaciones dolorosas para las instituciones”, reconoció, pero subrayó que son esenciales para resguardar la legitimidad de las policías.
Consultado sobre el carácter ejemplificador del fallo, Cordero señaló que “una de las maneras de mantener la confianza en las policías es siendo severos con quienes desvían el camino, aun cuando hayan ejercido la máxima autoridad”.
“Nos parece que la pena se enmarca dentro de una investigación de delitos graves asociados a la máxima investidura dentro de la PDI. Esperamos que marque un precedente para el trabajo del Ministerio Público”, subrayó
Malversación y lavado de activos
El tribunal, integrado por los magistrados Cristián Soto Galdames (presidente), Pedro Suárez Nieto y Carolina Escandón Cox (redactora), acreditó más allá de toda duda razonable un sofisticado esquema delictual.
Según el dictamen, Espinosa, en su calidad de director general de la PDI y como custodio de los gastos reservados de la institución, sustrajo sistemáticamente dinero en efectivo de esos fondos entre junio de 2015 y marzo de 2017.
«En ese período, en dependencias del edificio institucional ubicado en calle General Mackenna N°1.370 de la comuna de Santiago, el referido director general de la PDI sustrajo ingentes montos de dinero en moneda nacional, provenientes de los recursos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados y asignados a dicha institución», determinó el fallo.
En total, se acreditó la malversación de $146.000.000.
De acuerdo con el detallado esquema expuesto por el tribunal, mes a mes entregaba a su ayudante, el subcomisario Eduardo Villablanca (sobreseído por fallecimiento), sumas que iban desde los $2.000.000 a los $25.000.000, para que este las depositara en las cuentas corrientes de Espinosa y de su cónyuge, María Magdalena Neira.
«Eduardo Villablanca recibió en distintas ocasiones los dineros señalados por parte del acusado Héctor Espinosa para que realizara 52 depósitos en las cuentas bancarias», indicó la resolución.
De este modo $109.000.000 fueron ingresados a través de 33 depósitos en efectivo en las cuentas corrientes de Banco Estado y del Banco de Chile uyo titular es Héctor Espinosa Valenzuela.
Mientras que $37.000.000 ingresaron a través de 19 depósitos en dinero en efectivo, en la cuenta corriente N°2280477703 de Banco de Chile cuya titular es María Magdalena Neira Cabrera.
«El entonces director general de la PDI, el acusado Héctor Espinosa Valenzuela, determinaba el monto y la periodicidad de entrega de dineros por concepto de gastos reservados a la Subdirección Operativa, Dirección Antinarcóticos y Dirección de Inteligencia. Espinosa Valenzuela distribuía mensualmente sumas entre las unidades destinatarias de estos caudales, con ocasión de estas operativas sustrajo de esos fondos a lo menos $146.000.000 (ciento cuarenta y seis millones de pesos)», indicó el 4° TOP de Santiago.
Para ocultar el origen ilícito, Espinosa y su esposa realizaron complejas operaciones de lavado de activos, estratificando los dineros a través de depósitos en cuentas bancarias, inversiones en fondos mutuos en Banchile Inversiones y, finalmente, utilizando esos recursos –mezclados con otros de origen lícito– para la compra de un departamento de lujo, bodegas y estacionamientos en el edificio «Las Malvas» de la comuna de Las Condes, por un valor total que superó los $398 millones. Parte del dinero ilícito también se usó para la compra de un vehículo para el hijo de Espinosa.
Además, el exdirector falsificó instrumentos públicos al presentar ante la Contraloría General de la República, entre 2015 y 2017, declaraciones juradas de «Buena Inversión» en las que afirmaba que todos los fondos reservados se habían utilizado en fines institucionales, ocultando así las sustracciones.
Al respecto, el fallo consignó que: “Conforme a las leyes de presupuestos del sector público de los años 2015, 2016 y 2017 antes mencionadas se asignaron por concepto de gastos reservados a la Policía de Investigaciones de Chile los siguientes montos:
-Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2015, Ley N°20.798, la suma de $353.950.000.
-Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2016, Ley N°20.882 y Ley N°20890 suma de $367.400.000.
-Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2017, Ley N°20.981, la suma de $ 378.422.000.
Bienes decomisados al exdirector de la PDI
La sentencia condenó también a la cónyuge de Espinosa, María Magdalena Neira Cabrera, a 541 días de cárcel por el delito de lavado de activos culposo (por actuar con negligencia al «cerrar los ojos» ante el origen del dinero), pena que se considera cumplida por el tiempo que estuvo con arresto domiciliario nocturno.
El fallo ordenó el comiso y adjudicación al Fisco de Chile de los inmuebles adquiridos en Las Condes (departamento 32-A, bodegas 10-A y 13, estacionamientos 20 y 21 de calle Rosario Sur 505), por ser «producto y ganancias de los delitos». Estos bienes serán subastados para pagar la indemnización de $146 millones. Sin embargo, se rechazó el comiso de otra propiedad en Valparaíso.
El tribunal destacó que el condenado Héctor Espinosa Valenzuela «deberá cumplir íntegra y completamente las penas impuestas».
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