Luz verde a la Ley de Seguridad Municipal: alcaldías podrán reforzar patrullajes, televigilancia y apoyo a víctimas

Con una amplia mayoría, la Cámara de Diputados dio luz verde y aprobó en tercer trámite constitucional  el proyecto de ley que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública.

La normativa, que ahora solo espera su promulgación, busca profesionalizar y ampliar las competencias de los municipios en labores preventivas, dotándolos de un marco legal claro para su coordinación con las policías y otorgándoles nuevas herramientas operativas y de protección para sus funcionarios.

El cuerpo legal, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y otras normativas, tiene como ejes centrales reforzar el rol preventivo de los gobiernos locales y robustecer su colaboración con el Ministerio Público, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y los gobiernos regionales. Esto incluye formalizar flujos de información y coordinación operativa, áreas que hasta ahora operaban bajo convenios y prácticas heterogéneas a lo largo del país.

De este modo, norma las labores preventivas y de apoyo a las policías, incluyendo patrullajes autónomos y mixtos, televigilancia, apoyo a víctimas, controles en tránsito, fiscalización del comercio ambulante y auxilio en violencia intrafamiliar.

Funciones claras y coordinación con Carabineros

La ley distingue entre funciones preventivas que los municipios ejercerán de manera autónoma y aquellas que deberán realizar en conjunto con Carabineros. Entre las primeras, se encuentran el vínculo territorial con la comunidad, el patrullaje preventivo autónomo, la detención en flagrancia, labores inspectivas y de fiscalización del comercio ambulante, incautación de especies comercializadas en la vía pública, requerimiento de identidad, dirección del tránsito, auxilio a víctimas ante delitos flagrantes, labores de televigilancia y colaboración en rescate animal.

Por otro lado, las funciones que se realizarán en colaboración con Carabineros incluyen patrullajes mixtos, apoyo en medidas de protección a víctimas de violencia intrafamiliar (VIF), colaboración en el control de medidas cautelares personales en contextos VIF, control de alcohol y drogas en la vía pública, y apoyo en el control de identidad.

Institucionalización y protección de los inspectores municipales

Uno de los aspectos más destacados es la institucionalización de la figura del inspector o inspectora de seguridad municipal. La ley establece requisitos, funciones específicas, inhabilidades, prohibiciones y controles, apuntando a la profesionalización del oficio. Asimismo, introduce medidas para proteger a estos funcionarios, asegurando la provisión de elementos de protección personal, seguros de vida y creando una agravante penal específica para las agresiones cometidas en su contra.

Los elementos de protección serán definidos por reglamento y podrán incluir chalecos, cascos, bastones, esposas, gas pimienta y elementos de pulsación eléctrica (Taser), quedando expresamente excluidas las armas de fuego.

Financiamiento y tecnologías de vigilancia

Para los municipios con menores recursos, la ley contempla un financiamiento complementario de $5.100 millones a distribuir por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) para la adquisición de estos elementos. Además, se destinarán $208 millones para plataformas tecnológicas e interconexión de registros. El financiamiento también considera transferencias con criterios de equidad territorial, densidad poblacional y vulnerabilidad socio-delictual, además de recursos del Royalty Minero dirigidos al Fondo Común Municipal.

Respecto a la tecnología, la normativa regula el uso de herramientas de prevención y persecución delictual, como cámaras de televigilancia, drones y sistemas de alerta, estableciendo salvaguardas para la protección de los datos personales de la ciudadanía.

Autoridades destacan acuerdo transversal y rol preventivo

Tras la votación, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, subrayó el carácter fundamental del acuerdo logrado.

“Este proyecto responde a un acuerdo fundamental para avanzar en un tema que es prioritario para la ciudadanía y los alcaldes”, afirmó, añadiendo que “Este proyecto regulariza y establece un conjunto de estándares para el funcionamiento de los municipios, tanto en prevención como en la colaboración con las policías. El rol fundamental de los municipios está ahí y esto no constituye una policía municipal”, señaló citado en una nota de prensa del de la cartera de Seguridad Pública.

En la misma línea, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, resaltó el reconocimiento legal al trabajo municipal.

“Es importante que la ley reconozca esta función para ellos, que puedan tener capacitaciones para sus funcionarios y, por supuesto, también elementos de protección. Esto va a ir en directo beneficio de los vecinos y vecinas de nuestro país”, expresó.

Desde la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), su presidente y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, celebró el resultado como una victoria del municipalismo.

“Hoy gana Chile y gana el municipalismo. Se reconoce lo que estamos haciendo en materia de seguridad y es un espaldarazo para los municipios de Arica a Magallanes, para hacer prevención, para ser coadyuvantes de Carabineros y para todas las personas que trabajan como fiscalizadores e inspectores”, concluyó.

Con su aprobación, la ley sienta las bases para un nuevo modelo de gestión local de la seguridad, ampliando capacidades, estableciendo responsabilidades y prometiendo una mayor coordinación entre los actores del sistema de seguridad pública. Su implementación será el próximo desafío para los 345 municipios del país.