Linares enfrenta más de $1.200 millones en facturas irregulares y Contraloría advierte posible fraude

La Municipalidad de Linares enfrentaba múltiples juicios por más de 49 facturas irregulares, que sumaban sobre $1.200 millones. Estas facturas fueron emitidas sin respaldo de servicios reales, varias presentaban duplicidades o inconsistencias y luego fueron cedidas a empresas de factoring, que terminaron demandando al municipio para cobrar esos montos, pese a que la municipalidad sostuvo no tener registro de los servicios.

Las irregularidades salieron a la luz después de que la asistente social, Paulina Álvarez, realizara una solicitud formal a la Contraloría Regional del Maule para que investigara posibles irregularidades en el municipio.

Por su parte, la municipalidad indicó que no tenía evidencia de que estos servicios se hubieran solicitado o realizado, por lo que desconocía de dónde surgieron las facturas, abriendo la posibilidad de que varias de ellas fueran ideológicamente falsas.

Además, se evidenció que el municipio no efectuó un reclamo dentro de los ocho días legales posteriores a la recepción de las facturas y que, por ley, al no objetarlas dentro de ese plazo, se presumió que los servicios sí se habían realizado, lo que complicó la defensa municipal.

Sumando todos los juicios y facturas involucradas, la municipalidad podría terminar debiendo alrededor de $1.369 millones, sin respaldo de que los servicios se hubieran efectuado.

Por su parte, la Contraloría detectó un posible fraude sistemático, por lo que exigió terminar el sumario, recuperar el dinero, investigar responsabilidades y modificar el sistema de control interno en un plazo de 15 a 60 días.

Por otro lado, la denunciante indicó que existían sumarios administrativos al interior de la municipalidad, pero que estos llevaban mucho tiempo sin avances. Agregó que esta situación podría implicar un perjuicio fiscal considerable y un desorden administrativo serio.

Asimismo, solicitó a la Contraloría que se realizara una auditoría urgente al proceso de aceptación y pago de facturas. También pidió que se determinaran responsabilidades administrativas y eventuales faltas a la probidad.

Además, requirió la apertura de sumarios para investigar posibles delitos o irregularidades, que se evaluara si correspondía denunciar al Ministerio Público y que se revisaran los controles internos del municipio para evitar hechos similares en el futuro.

Críticas a la respuesta municipal: “Fue lenta e insuficiente”

En conversación con El Ciudadano, Paulina Álvarez declaró que decidió presentar la denuncia luego de conocer una serie de irregularidades ocurridas durante la actual administración municipal, algunas de las cuales ya se encontraban en procesos formales ante el Tribunal Electoral Regional y la Fiscalía, incluso con la participación del Consejo de Defensa del Estado, como ocurrió en el denominado caso Cloro durante la pandemia.

En ese contexto, señaló que le llamó especialmente la atención detectar un nuevo episodio en el que el municipio estaba siendo demandado en tribunales civiles por facturas factorizadas por montos millonarios, las que la propia municipalidad afirmó no reconocer, algunas sin órdenes de compra, otras duplicadas y varias cobradas judicialmente, lo que la llevó a considerar indispensable realizar la denuncia.

“Revisé las causas civiles de los cobros ejecutivos, reuní los antecedentes y presenté todo, pero todo a la Contraloría para que se realizara una investigación profunda en este nuevo caso que vuelve a impactar a Linares”, señaló. 

Álvarez señaló que no recibió presiones de manera formal o directa, pero que durante la última campaña parlamentaria en la que fue candidata independiente con apoyo de Acción Humanista enfrentó hostigamientos sistemáticos en redes sociales. 

Indicó que recibió ataques y descalificaciones de personas vinculadas directa o indirectamente al municipio, quienes utilizaron su apariencia física y sus ideas políticas para desacreditarla, incluso mediante cuentas que actuaban de forma coordinada.

Por otro lado, respecto a la respuesta del municipio declaró:

“En cuanto a la reacción del municipio, ha sido lenta e insuficiente. La propia contraloría vía correo electrónico tuvo que llamarles la atención por la demora injustificada del sumario administrativo. En un caso de esta magnitud y tan grave, lo mínimo habría sido actuar con celeridad y responsabilidad, pero eso no ocurrió. Y esa falta de reacción oportuna solamente generó más dudas sobre cómo se estaba manejando la situación y reforzó la necesidad de que la contraloría interviniera directamente”. 

Sobre lo que espera de la investigación, Álvarez señaló:  “espero que la investigación avance de manera completa dentro de un plazo razonable, que se formalicen a todas las personas involucradas y que el hilo no se corte por lo más delgado. A mi juicio aquí existe un mecanismo de defraudación que operó desde dentro del municipio, un sistema que funcionó por bastante tiempo y que en algún momento se le salió de control”.

Además, indicó que existían indicios de una práctica sostenida en el tiempo que involucraba la emisión de facturas falsas con participación interna. Señaló que, al no poder seguir respaldándolas, estas habrían sido desconocidas y luego factorizadas para asegurar su cobro, situación que —a su juicio— debía ser investigada a fondo.

Agregó que el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado debían actuar con rapidez para que los responsables respondieran ante la justicia y la comunidad. Asimismo, advirtió que no se debía repetir lo ocurrido en el caso Cloro, donde el tribunal volvió a ampliar los plazos de investigación pese a existir antecedentes suficientes.

“Esa prolongación constante genera dudas profundas sobre el funcionamiento de la justicia acá en Linares. La ciudadanía se pregunta cuántos años más deben esperar para obtener respuestas concretas en materia que afectan directamente el uso de los recursos públicos. Esa misma incertidumbre preocupa cuando surgen nuevos hechos como este caso de las facturas ideológicamente falsas”, concluyó.

Hallazgos de Contraloría: facturas por más de $1.300 millones bajo sospecha

La Contraloría encontró que existían múltiples facturas dudosas. Determinó que diversas empresas y personas habían emitido documentos a la municipalidad que, en conjunto, sumaban más de $1.300 millones.

Asimismo, varias de estas facturas no tenían orden de compra, tenían órdenes inexistentes, órdenes que ya habían sido pagadas previamente o correspondían a servicios vagos o genéricos, lo que dificultaba comprobar si realmente se habían realizado.

Por otro lado, departamentos municipales como la Dirección de Administración y Finanzas, Educación Municipal, Salud Municipal, entre otros, no detectaron las facturas dentro de los días legales, lo que permitió que las empresas pudieran cobrarlas judicialmente.

En cuanto al municipio, este denunció estas facturas falsas en distintas fechas durante 2024 y 2025, lo que llevó a agrupar las causas en una investigación penal mayor. Incluso la municipalidad presentó una querella por falsificación de documentos, uso malicioso de instrumentos, estafa y otros delitos.

La Contraloría confirmó que el municipio sí había abierto un sumario administrativo el 22 de agosto de 2024, siendo el abogado Sergio Corvalán el fiscal del proceso. Sin embargo, el organismo criticó que el sumario llevaba demasiado tiempo sin avances.

Por lo mismo, la Contraloría obligó a la municipalidad a acelerar y concluir el sumario administrativo lo antes posible, e informar los resultados una vez que este finalizara.

Además, el organismo ya está realizando su propia investigación especial, independiente del sumario, señalando que al finalizarla publicaría el Informe Final en su sitio web.

La investigación de Contraloría continuaba en curso y sus resultados serían publicados en las semanas siguientes. Mientras tanto, el municipio debe concluir el sumario pendiente y responder por las fallas de control interno que permitieron que las facturas se dieran por aceptadas.

Con varios juicios ejecutivos avanzando en tribunales, el riesgo financiero para Linares sigue creciendo. La fiscalización determinara si se trató de errores administrativos, negligencia o un fraude organizado dentro del municipio.