Internos con visita prohibida, fronteras sin registro y armas en manos de condenados: Contraloría revela agujeros críticos en el sistema de seguridad

El primer Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) 2025 de la Contraloría General de la República, presentado este martes 16 de diciembre, dibuja un panorama incómodo para el discurso de la seguridad: internos que reciben visitas pese a tener prohibición, fronteras sin registros centralizados de ingresos irregulares, vehículos robados que no se recuperan, armas en manos de personas condenadas y drogas que se destruyen con meses de retraso, muy por fuera de los plazos legales.

Se trata del CRA N°1 de 2025, un documento que reúne lo observado en 62 auditorías realizadas entre enero de 2023 y julio de 2025. El foco estuvo puesto en tres áreas consideradas prioritarias: seguridad pública, control de armas y municiones, e incautación y destrucción de drogas. De esas 62 auditorías, 22 fueron clasificadas como reservadas por contener información sensible. Según explicó el organismo, el CRA busca sintetizar la información de manera más simple y accesible, para facilitar tanto la toma de decisiones como el control ciudadano sobre el Estado.

Cárceles: visitas prohibidas, inhibidores obsoletos y falta de allanamientos

En el ámbito penitenciario, el informe prende varias alarmas. En distintos recintos se detectó que 1.279 internos recibieron visitas pese a tener prohibición vigente y que 1.539 personas ingresaron a las cárceles teniendo restricción de acceso. A eso se suma un dato que golpea la credibilidad del sistema: 479 personas identificadas como abogados privados no pudieron acreditar su profesión al momento de ingresar. El informe también revela que solo el 12,7% de las cárceles cuenta con inhibidores de señal para teléfonos móviles y que, aun donde existen, estos equipos funcionan mayoritariamente sobre tecnología 2G, mientras la gran mayoría de los celulares opera hoy con redes 4G o 5G. En la práctica, se trata de un sistema tecnológicamente atrasado que, además, convive con la posibilidad de comunicarse vía wifi dentro de los recintos, lo que lleva a Contraloría a calificarlo como obsoleto e ineficiente.

El diagnóstico se agrava cuando se mira la planificación de controles internos: en 70 de los 79 establecimientos del sistema cerrado no se planificaron allanamientos ordinarios durante 2024, pese a que esos procedimientos son una herramienta básica para prevenir y detectar actividad ilícita al interior de los penales.

Fronteras sin registro y controles vehiculares que no cumplen su rol

El capítulo sobre control de fronteras tampoco deja bien parado al Estado. La Contraloría detectó que parte de los funcionarios desplegados en esas zonas no contaba con los exámenes médicos ni con las certificaciones requeridas para el tipo de labor que realizan. Además, no se efectuaron todas las visitas a los hitos fronterizos ni la totalidad de los patrullajes de soberanía comprometidos. Un punto especialmente sensible es la ausencia de un registro centralizado de personas que ingresan al país por pasos no habilitados: esa información, clave para cualquier política seria de control migratorio y criminal, simplemente no está organizada en un sistema unificado.

En orden público y fiscalización vehicular las falencias se repiten. Las auditorías constataron que 25 vehículos policiales circulaban con cámaras inoperativas, al mismo tiempo que se detectaron casos de funcionarios que no tenían examen psicológico al día o que no contaban con certificación para el uso de armamento menos letal. En los controles en ruta, el informe da cuenta de que 626 vehículos con encargo por robo no fueron recuperados, y que 144 personas con órdenes judiciales vigentes no fueron detenidas durante fiscalizaciones. A eso se suma que, en 145.715 procedimientos de tránsito, no se verificaron las placas patentes en el sistema unificado, y que 869 infracciones que implicaban el retiro de vehículos no se materializaron.

Armas, municiones y drogas: trazabilidad débil y plazos legales incumplidos

El área de control de armas y municiones muestra grietas igual de preocupantes. Contraloría identificó armas que no estaban registradas en las planillas de control, ausencia de documentación en procedimientos de incautación y falta de trazabilidad en los sistemas de la PDI y de Gendarmería. En la Armada, el organismo constató que no existe un sistema informático específico para registrar la asignación y devolución de armamento, lo que dificulta seguir el rastro de estas armas.

En la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), el CRA describe situaciones de riesgo: personas con condenas vigentes que mantenían armas registradas a su nombre, adquisiciones de municiones por sobre el límite que permite la ley y armas asociadas a personas fallecidas sin evidencia de que hayan sido transferidas o dadas de baja.

El último foco del informe se centra en la incautación y destrucción de drogas. La Contraloría detectó que las policías incumplieron el plazo legal de 24 horas para enviar las actas de recepción y las cadenas de custodia al Ministerio Público, con retrasos que llegaron hasta los 288 días. También se observaron diferencias entre el peso de la droga informado y el que finalmente quedó registrado, con variaciones de hasta 32 kilos en algunos casos. A esto se suma que muchas salas de custodia policial funcionan de hecho como bodegas, sin protocolos adecuados, y que varios recintos de salud presentan deficiencias en materia de seguridad y control de sustancias.

En cuanto a la destrucción de drogas, el panorama tampoco es mejor: el informe consigna demoras de hasta 189 días, pese a que la normativa fija un plazo máximo de 15 días para concretar esa destrucción. En nueve entidades se encontraron además medicamentos controlados vencidos y discrepancias entre los inventarios y lo efectivamente almacenado.

Sumarios, denuncias y las acciones que derivan del informe de Contraloría

Respecto de las acciones derivadas, la Contraloría informa que, a partir de este conjunto de auditorías, se instruyeron 3 procedimientos disciplinarios y 35 procesos sumariales, y que se remitieron 9 informes al Ministerio Público, uno al Consejo de Defensa del Estado y otro a la Fiscalía de Aviación.

En conjunto, este primer CRA de 2025 no solo entrega cifras, sino que expone una cadena de debilidades que recorre todo el sistema: desde las cárceles y las fronteras hasta los controles en calle, las armas y las drogas. Son los “agujeros críticos” que la propia Contraloría pone ahora sobre la mesa, mientras el país discute seguridad casi todos los días.

Revisa acá el Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) N°1 de 2025 de la Contraloría:

CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA 1 by lahuanche