En una audiencia que definió las medidas cautelares para los dos carabineros vinculados por la muerte de las jóvenes hinchas de Colo Colo, Martina Riquelme Pérez (18) y Mylan Liempi (12), el 13.º Juzgado de Garantía de Santiago decretó este lunes arresto domiciliario total y arraigo nacional para los imputados, rechazando la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía Metropolitana Oriente.
La medida afecta al sargento Luis Rojo Salazar y al capitán Williams Enrique Froncoso , ambos formalizados por el delito de apremios ilegítimos con resultado de homicidio. El tribunal también les impuso la prohibición de salir del país y estableció un plazo de investigación de 120 días.
La resolución judicial consideró factores atenuantes a favor de los imputados, pese a la gravedad del hecho que costó la vida a las dos jóvenes el pasado 10 de abril, en las afueras del Estadio Monumental, tras un partido de Colo Colo.
El tribunal ponderó la colaboración de los uniformados con la investigación, su participación voluntaria en la reconstitución de la escena, la entrega de declaraciones ante la Fiscalía, su comparecencia en la audiencia de formalización. Asimismo, se tomó en cuenta su «irreprochable conducta anterior», sin antecedentes disciplinarios ni penales.
Fiscalía no está conforme con la resolución
Durante la audiencia la Fiscalía Oriente indicó que de acuerdo con los antecedentes «se acreditó el delito imputado y la participación de ambos carabineros en los hechos ocurridos antes del partido de Colo Colo contra Fortaleza por Copa Libertadores».
En concreto, detalló que ambos uniformados se desplazaban en el carro lanzagases de Carabineros que arrolló a los adolescentes, hecho por el cual fueron formalizados por el delito de apremios ilegítimos calificado.
El fiscal Jorge Reyes, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, señaló que aunque el Ministerio Público no quedó conforme con la resolución, el tribunal dio por acreditada la existencia del delito y la calificación jurídica planteada por el ente persecutor.
“Es una resolución que vamos a estudiar, que no nos deja totalmente conformes, pero al menos estamos tranquilos con el trabajo que se ha realizado, que hemos podido darle a la familia una respuesta en el sentido de la forma en que ocurrieron los hechos, cómo sus familiares eh fallecieron ese día”, indicó Reyes.
El persecutor planteó que se trató de «una situación muy traumática para cualquier familia», quienes ahora «al menos tienen la tranquilidad y saben cómo ocurrieron los hechos, y saben que las personas responsables están empezando a ser juzgadas».
No obstante, sostuvo que esperan que en el juicio oral esperase otorgue una pena de cumplimiento efectivo a ambo carabineros, quienes continúan en servicio activo, se encuentran sujetos a sumario administrativo y no han sido suspendidos de sus funciones, mientras avanza la investigación penal, consignó Meganoticias.
Asimismo, el fiscal calificó la investigación del caso como compleja, al considerar que existen elementos contradictorios y diversas versiones que pudieron ser esclarecidas a través de las pericias realizadas por Carabineros y la PDI.
La resolución judicial fue especialmente dolorosa para los familiares y cercanos de Mylan Liempi y Martina Riquelme.
Mariana Rojas, abogada querellante de la familia de Riquelme, destacó que entre los formalizados se encuentra quien conducía el vehículo policial que arrolló a ambos adolescentes.
“Lo que pasa es que, si nosotros hablamos del resultado de homicidio, cualquier medida no es suficiente en relación a los hechos“, afirmó sobre el resultado de la formalización.
De acuerdo con la penalista, aunque la defensa de los carabineros alude a una teoría sobre la incidencia de una reja, “es muy difícil que una valla papal produzca todas las lesiones que tuvieron las víctimas; no nos olvidemos que fueron dos homicidios y dos lesionados (menores, al igual que Mylan Liempi)”.
En la misma línea, José Henríquez, querellante de la familia de Lyempi expresó su inconformidad con la resolución del tribunal, tomando en la gravedad de los hechos y el hecho de que hubo cuatro víctimas, tres de ellas menores.
“La conducta es gravísima, considerando además que se trata de funcionarios policiales que tienen un deber de cuidado y de cumplimiento normativo que en esta ocasión no cumplieron“, dijo al recordar que los uniformados no hicieron uso de equipos sonoros y lumínicos.
Fiscalía continuará recabando pruebas, incluyendo peritajes del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), informes del Servicio Médico Legal y testimonios que podrían determinar la eventual responsabilidad penal de los funcionarios en el accidente que costó la vida a los jóvenes.
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