Central Obrera sale sin acuerdo del Palacio: Gobierno se niega a derogar el “gasolinazo” en medio de marchas y represión en La Paz

En una jornada marcado por la tensión, la movilización obrera y la represión estatal, el diálogo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el gobierno del presidente Rodrigo Paz se fracturó este martes. La dirigencia sindical abandonó la Casa Grande del Pueblo sin ningún acuerdo, después de que el Ejecutivo rechazara de plano su exigencia central: la abrogación del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles y que ha sido catalogado como un «gasolinazo» que golpea el bolsillo de los trabajadores y las familias de Bolivia.

La crisis dejó un saldo de enfrentamientos, heridos y denuncias de represión en las adyacencias de a plaza Murillo, sede del poder político de Bolivia, donde mineros, fabriles, maestros y trabajadores afiliados a la COB protestaban por la medida, mientras dentro del palacio presidencial se sellaba el fracaso de las negociaciones.

Una comisión de dirigentes, encabezada por el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y el líder de los mineros asalariados, Andrés Paye, ingresó a la Casa Grande del Pueblo en horas de la tarde para un encuentro oficial con autoridades gubernamentales. Al ingresar, Paye había expresado una expectativa cautelosa: “Estamos ingresando a esta reunión para escuchar y para que nos escuchen; tiene que existir igualdad”, afirmó ante la prensa

Sin embargo, tras poco más de una hora de reunión, la delegación obrera salió con las manos vacías. La postura del gobierno fue clara e inflexible al negarse a la abrogación del cuestionado decreto supremo.

En un breve pero contundente contacto con la prensa, Mario Argollo reveló el núcleo del desencuentro: “Hay una negativa del Gobierno central, en ese marco, también nosotros responsablemente vamos a informar a nuestras bases. Hubo reunión, por eso hemos escuchado la propuesta del Ejecutivo de manera puntual: no hay la intención de abrogar el Decreto Supremo 5503 y nosotros como COB vinimos con esa posición”.

Consultado sobre una posible ruptura definitiva del diálogo, Andrés Paye se limitó a señalar: “Por un tema orgánico, esta vez voy a pedir que nos permitan reunirnos y el dato les dará mi compañero ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) (Mario Argollo)”, trasladando toda la explicación a su compañero de directiva, quien ya había confirmado el impasse con la administración de Rodrigo Paz, consignó el portal Visión 360.

Represión en las calles de La Paz

La reunión en Palacio de Gobierno se desarrolló mientras las calles aledañas aún humeaban por los enfrentamientos registrados más temprano. La marcha convocada por la COB, que congregó a mineros y al Magisterio Urbano, llegó hasta los alrededores de la plaza Murillo, donde fue reprimida con fuerza por la Policía Boliviana.

Efectivos policiales hicieron uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, en una intervención que se prolongó por aproximadamente 25 minutos y que obligó el repliegue de los trabajadores hacia la avenida Mariscal Santa Cruz. Los incidentes más fuertes se registraron cerca de las 10:45 de la mañana (hora local), cuando la columna de manifestantes intentó cercar el centro político del país, reportó TeleSUR.

Andrés Paye, al salir de la reunión, cargó duramente contra el gobierno por estos hechos: “Esa es la instrucción del Gobierno, arremeter contra el pueblo y los trabajadores”, denunció.

Desde el sector minero se informó de varios heridos durante los enfrentamientos e, incluso, se hizo mención a un posible fallecido, aunque esta información no ha sido confirmado oficialmente.

Central Obrera: “No somos intransigentes”

El fracaso del diálogo de este martes era, en parte, previsible. El lunes, dirigentes de la COB y otras organizaciones habían esperado durante más de una hora una reunión con el presidente Rodrigo Paz y su gabinete, que nunca se concretó. Ante aquella ausencia, Argollo ya había ratificado que las movilizaciones continuarían hasta lograr la abrogación del Decreto Supremo 5503, promulgada por el mandatario de derecha que elimina los subsidios a los combustibles y, según denuncian los sindicalistas, facilita la entrega de recursos estratégicos a privados.

“No somos intransigentes”, había aclarado el líder de la COB, asegurando que la central obrera acudiría a cualquier convocatoria formal y que su lucha respondía a reivindicaciones laborales y sociales, no partidarias.

El gobierno, por su parte, afirma haber logrado acuerdos con cerca de 20 organizaciones sociales que decidieron retirarse de las protestas. No obstante, la conflictividad en el país persiste.

Actualmente se registran al menos una docena de bloqueos en carreteras de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, evidenciando que el malestar se ha extendido más allá de la sede de gobierno.

El decreto de Rodrigo Paz que gatilló la crisis

En el centro de la tormenta política y social se encuentra el Decreto Supremo 5503, emitido la semana anterior. La norma, impulsada bajo el argumento de enfrentar la crisis fiscal, contempla una serie de ajustes económicos, siendo el más sensible la eliminación progresiva del subsidio a los combustibles.

Para el Gobierno de Paz, que lleva apenas un mes y pocos días en el poder, la medida busca “racionalizar el gasto público” y “evitar el contrabando de combustibles”.

Sin embargo,  la oposición parlamentaria, transportistas, juntas vecinales, campesinos, sindicatos y organizaciones populares denuncian que la medida traslada el peso del ajuste a la clase trabajadora y a los sectores de menores ingresos, provocando un efecto dominó en el precio del transporte y de la canasta básica, con un aumento inmediato del costo de vida. Advierten, además, que el decreto carece de mecanismos reales de protección para los más vulnerables, lo que, a su juicio, profundizará las desigualdades sociales.

De hecho, el denominado por el gobierno como «Decreto por la Patria» generó un sustancial incremento inmediato en el precio de los combustibles,El litro de gasolina pasó de 3,70 a 6,96 bolivianos, mientras que el diésel subió de 3,72 a 9,80 bolivianos.

El «gazolinazo», según la COB, no solo elimina los subsidios a la gasolina y el diésel sino que también “facilita la entrega de recursos estratégicos a privados nacionales y extranjeros”.