Dominga: $255 millones en “informes” copiados y Andes Iron niega irregularidades en pagos a Lagos, Vargas y Silber

Andes Iron, controladora de la minera Dominga negó irregularidades en los pagos por $255,5 millones realizados durante 2023 al estudio jurídico de los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas, quienes se encuentran cumpliendo prisión preventiva tras ser imputados por el Ministerio Público de delitos de cohecho, soborno y lavado de activos en el denominado caso «Muñeca Bielorrusa«.

 El antecedente salió a la luz por medio de un reportaje Reportea, que expuso transferencias efectuadas entre marzo y diciembre de 202 por concepto de “minutas” y “lobby judicial” al estudio jurídico en el que también participaba el exdiputado Gabriel Silber.

Sin embargo, una revisión de los documentos que justificarían esos pagos muestra que se trató de informes que, mes a mes, se limitaron a copiar y pegar información pública disponible en internet sobre los litigios del proyecto, sin cumplir con los objetivos específicos del contrato y sin que el abogado que llevaba los casos en tribunales tuviera conocimiento de esta asesoría paralela.

La revelación motivó una respuesta categórica de Andes Iron, propiedad hoy de las familias de empresarios chilenos Délano y Garcés. En un comunicado, la minera afirmó que los pagos «no tuvieron como contraparte ‘labores de representación judicial, ni gestiones de lobby, influencias indebidas, o actuaciones de cualquier otra naturaleza distintas a las expresamente pactadas’».

La empresa fue enfática en descartar «cualquier tipo de irregularidad» en la relación con la firma de asesorías legales.

El contrato y los informes “calcados”

Los servicios quedaron formalizados en un contrato fechado el 14 de marzo de 2023. Azerta, la agencia de comunicaciones y lobby que asesora a Andes Iron, envió a Reportea una copia de ese acuerdo. En él se establecen cinco objetivos:

-Elaboración de informes respecto de la sentencia del Comité de Ministros que en enero de 2023 había rechazado el proyecto.

-Propuestas para presentar apelación ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta.

-Levantamiento de jurisprudencia.

Propuestas de estrategia jurídica ante distintos escenarios.

-Contenidos para la defensa legal del proyecto.

A la par, Azerta envió copia de nueve informes que, en teoría, justificarían los pagos. No obstante, la revisión de Reportea arrojó una sorpresa: esos documentos solo reproducen información pública disponible en internet de dos litigios que enfrentó Dominga durante 2023. Ninguno de los objetivos estipulados en el contrato se cumple con la información recopilada, que se limita a resumir estados procesales sin ofrecer análisis, estrategia ni propuestas.

El primer informe, fechado el 28 de abril de 2023, tiene 14 páginas y es un resumen de lo ocurrido desde 2021, cuando organizaciones ambientalistas presentaron reclamaciones ante el Comité de Ministros. Toda la información es pública y forma parte del expediente de evaluación ambiental de Dominga disponible en línea. Incluso, el informe dedica varias páginas a resumir las presentaciones de la misma Andes Iron.

«El documento, firmado por Lagos, Vargas y Silber, no entrega recomendaciones de ningún tipo», señaló el medio citado.

El patrón se repite en los informes mensuales siguientes. La mayoría se elaboraba copiando y pegando la información del documento anterior, agregando apenas actualizaciones sobre lo que aparecía en los portales del Poder Judicial o del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Al analizar los informes del 23 de agosto y del 22 de septiembre de 2023, se puede determinar que son prácticamente iguales. La única diferencia es una página y media agregada en septiembre con novedades del expediente público.

Tal y como constatan las cartolas bancarias del estudio, en agosto Andes Iron transfirió $22,5 millones y en septiembre otros $22,6 millones.

Consultado sobre si existían otros documentos que justificaran los pagos, José Antonio Edwards, subgerente de comunicaciones y asuntos externos de Andes Iron, respondió: “En nuestra declaración anterior ya nos referimos extensamente a la naturaleza del contrato con esa oficina, y a cuáles fueron los servicios contratados, los cuales son muy claros y no incluyen ningún tipo de labor de relacionamiento o lobby. Los señalados informes formaron parte del servicio que se prestó y adicionalmente adjuntamos toda la información”.

El abogado que litigaba no sabía de la asesoría

Un antecedente clave siembra dudas sobre la función real de esta asesoría. El abogado que representó efectivamente a Andes Iron en los litigios judiciales entre 2023 y 2024, Patricio Leyton del estudio Ferrada Nehme, aseguró a Reportea que “no tenía antecedente de que esos abogados hubieran sido contratados por Andes Iron pues no tuvieron rol alguno en las acciones judiciales que llevamos en nombre de la compañía”.

El fallo omitido y el vínculo con un ministro de la Suprema

En su comunicado del 16 de diciembre, Andes Iron señaló que durante la vigencia del contrato con Lagos, Vargas y Silber no hubo resoluciones judiciales que beneficiaran al proyecto, y que eso ocurrió recién en diciembre de 2024. Esta afirmación no es exacta.

La empresa omitió un litigio que se resolvió durante la vigencia del contrato: un recurso de la ambientalista Nancy Duman que buscaba anular la evaluación ambiental de Dominga. Este caso se resolvió en la Corte Suprema, que en agosto de 2023 designó para la redacción del fallo al ministro Jean Pierre Matus. Curiosamente, los informes de Lagos y Vargas dan cuenta del seguimiento minucioso de esta causa.

Eduardo Lagos y Mario Vargas integran la lista de inhabilidades del ministro Matus, ya que su esposa, María Cecilia Ramírez, ha trabajado junto a ellos. De hecho, en las cartolas bancarias del estudio figuran transferencias a Ramírez por $18 millones entre 2023 y 2024.

No está claro si el ministro Matus supo que Lagos y Vargas asesoraban a Andes Iron cuando redactó el fallo que benefició al proyecto. Matus no contestó las preguntas de Reportea, pero se autodenunció ante el pleno de la Corte Suprema, la que inició un sumario para aclarar su participación en las causas vinculadas con Dominga.

Lobistas y asesores en la sombra

Las cartolas bancarias del estudio Lagos, Vargas y Silber muestran que parte de los pagos de Andes Iron se destinaron a otros actores.

Aldo Cornejo (exdiputado DC): El contrato incluyó servicios prestados por este lobista, quien también ha trabajado para Belaz Movitec. Cornejo confirmó a Reportea que se le solicitaron gestiones de asesoría jurídica y posicionamiento público, pero evitó detalles por confidencialidad. Andes Iron no mencionó su labor en sus comunicados y no respondió preguntas específicas sobre él.

Carlos Correa (consultora Qualiz): Otra parte del contrato se utilizó para pagos a esta consultora de comunicaciones y lobby. Correa indicó que se le solicitaron servicios de “comunicación corporativa” y “mapeo de stakeholders” para un cliente del estudio. Andes Iron confirmó una asesoría acotada de Correa en diciembre de 2022, pero no la vinculó al contrato con los abogados.

Antonio Saavedra y Erik López: Otros dos asesores que coinciden con el estudio de Lagos y Vargas en el asesoramiento a Dominga y que también trabajaron para Belaz Movitec. Saavedra, lobista, afirmó asesorar a Andes Iron desde antes de la pandemia en temas pesqueros, mientras la empresa dice que comenzó en 2023. López, periodista, realizó asesorías comunicacionales para sindicatos de pescadores relacionados con el proyecto.

Detalle de los informes y los pagos

Los nueve informes revisados (de abril a diciembre de 2023) se centran en dos procesos: las reclamaciones ambientales ante el Comité de Ministros y el litigio de nulidad de Nancy Duman, representante en Chile de la organización ambientalista Sphenisco, con el que se buscó anular todo el proceso de evaluación ambiental de Dominga.

Según Reportea, la metodología fue constante: copiar la mayoría de las páginas del informe anterior y agregar breves actualizaciones de los portales públicos. El informe de diciembre de 2023, por ejemplo, tiene 50 páginas, de las cuales 25 están calcadas del informe de noviembre y otras 12 son información copiada directamente del expediente del Tribunal Ambiental.

Los pagos de Andes Iron al estudio comenzaron el 30 de marzo de 2023 ($17,7 millones), siguieron con un monto mayor el 18 de abril ($56,9 millones), y luego se regularizaron en montos cercanos a los $22 millones mensuales. El total ascendió a $255.556.000.

Respuesta de Andes Iron

Frente a las consultas específicas sobre la naturaleza de los informes, los pagos a lobistas y las posibles vinculaciones con el ministro Matus, Andes Iron ofreció una respuesta el pasado l 17 de diciembre en la que afirmó: “Todas las relaciones de nuestra empresa con proveedores están debidamente formalizadas, respaldadas y obedecen a servicios reales y serios. Nuestros proveedores, asimismo, deben cumplir con las exigencias de nuestro Modelo de Prevención de Delito”.

Mientras el proyecto Dominga continúa su batalla legal y ambiental, estas nuevas revelaciones añaden otra capa de controversia a su historia, vinculándola con actores centrales de un escándalo judicial que ya tiene a dos abogados tras las rejas y que investiga la conducta de un ministro de la Corte Suprema.