El consejero del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Marlon Ochoa, denunció que el organismo pretender proclamar los resultados de generales del pasado 30 de noviembre, sin haber procesado 435 actas del Distrito Central, capital del país, lo que calificó como un “fraude”, un “acto de corrupción” y una “violencia que usurpa y se roba la voluntad popular”.
Ochoa acusó que las otras dos consejeras Ana Paola Hall y Cossette López harán la declaratoria final sin procesar el 100 % de las actas, lo que arroja una sombra de ilegitimidad sobre la fase final del ya de por sí cuestionado proceso electoral a solo horas de que venza el plazo legal para la declaratoria de resultados, establecido para el 30 de diciembre.
A través de un mensaje publicado en su cuenta en X, detalló el procedimiento que, a su juicio, conducirá a una proclamación viciada.
“Proceder a la declaratoria general de elecciones sin procesar las 435 actas pendientes de Distrito Central es un fraude, un acto de corrupción y de violencia que usurpa y se roba la voluntad popular de nuestra capital Tegucigalpa”, afirmó.
Según Ochoa, la falta de pronunciamiento de Hall y López «está demorando el avance del escrutinio especial de los otros departamentos y municipios y a menos de 48 horas del vencimiento del plazo legal»
«Es evidente que no tienen la menor intención de realizar el conteo de los votos y las actas del Distrito Central», enfatizó.
Cifras que preocupan: 132 mil votos en juego
A través de una transmisión en línea, el consejero Ochoa no solo planteó un problema de forma, sino que cuantificó el alcance de lo que considera un atropello.
Desglosó que, a nivel presidencial, hay más de 300 actas que no se procesaron, que significan alrededor de 132 mil votos”. En el ámbito municipal, la situación es aún más crítica para la capital.
Señaló que se le está dando mayor importancia al escrutinio de actas para diputados “con la intención de no contar el nivel de las corporaciones municipales, para declarar electo aquí en el Distrito Central a falta de 435 actas que todavía presentan inconsistencias y que representan el 25 % de la elección”.
Estas actas, según su explicación, son cruciales para definir al menos 58 alcaldías a nivel nacional donde la diferencia entre los dos primeros candidatos es menor al 5%, un margen que hace indispensable el conteo exhaustivo.
Consejero Ochoa: «Están llevando este proceso al límite»
El consejero recordó que el pleno del CNE, en sesión del 27 de diciembre, aprobó por mayoría iniciar el escrutinio especial de 868 actas controversiales por el nivel de diputados. Posteriormente, las consejeras Hall y López decidieron enviar “más de 7 mil actas (nivel de diputados) y más de 5 mil actas (corporaciones municipales) a un proceso que se llama corrección visual”, el cual finalizó este domingo al mediodía.
Sin embargo, Ochoa denunció una anomalía: “pese a que hubo una llamada de la secretaría Thelma Martínez al director electoral Allan Alvarenga para que no se iniciara el escrutinio en el nivel de municipalidades porque no estaba autorizado, sin embargo ese proceso comenzó a las 5.00 de la tarde”. A esto suma que “no se ha convocado a sesión de pleno para postergar el inicio del escrutinio en el nivel municipal en el Distrito Central”, lo que, en su visión, evidencia una estrategia dilatoria.
“Están llevando este proceso al límite para hacer lo que se hizo en el nivel presidencial. Una declaratoria sin todas las actas es ilegal”, puntualizó, en declaraciones consignadas por El Mundo de Honduras.
Frente a la crisis, Ochoa presentó lo que parece ser una solución técnica y expedita. Explicó que, siguiendo recomendaciones de auditoría externa, se debería priorizar el escrutinio en las alcaldías con diferencia menor al 5%. Identificó que de las 58 alcaldías con actas pendientes, hay “812 actas con inconsistencias que se pueden evacuar en un turno”.
Calculó que, si el pleno toma la decisión de manera inmediata, “alrededor de las 11.00 de la mañana del lunes 29.12.2025. ya se tendría evacuado el problema”. Este planteamiento contrasta con la inacción que él denuncia y pone sobre la mesa la viabilidad de concluir el proceso de manera íntegra antes del plazo fatal del martes 30.
La denuncia del consejero Ochoa, quien ha sido una voz crítica dentro del pleno, pone en jaque la transparencia y legalidad de la declaratoria final, en medio de un proceso manchado por una serie de denuncias de delitos electorales, incluyendo coacción, falsificación e injerencia extranjera por parte de los Estados Unidos y su presidente Donald Trump.

