Ataque “con odio y premeditación”: INDH y Gobierno denuncian ante Fiscalía destrucción de memorial en San Joaquín

En un acto calificado como “con odio y premeditación”, el memorial “El Vuelo”, ubicado en la comuna de San Joaquín y dedicado a 78 víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil-militar, fue completamente destruido durante la madrugada del pasado 24 de diciembre. Este constituye el segundo ataque en menos de un mes contra el simbólico monumento, desatando una condena transversal del Gobierno y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quienes presentaron sendas denuncias ante la Fiscalía Metropolitana Sur para que investigue los hechos.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, condenó enérgicamente el atentado y presentó de forma inmediata la acción legal.

“La vandalización de un sitio de memoria es inaceptable y, junto con las denuncias respectivas, tenemos que condenar estos actos de forma enérgica y transversal”, afirmó el secretario de Estado, a través de su cuenta de X.

Gajardo enfatizó la gravedad política del hecho, vinculándolo directamente con la negación de los crímenes cometidos en el país durante el régimen de Augusto Pinochet.

“No podemos dar ningún espacio a la violencia política y a quienes con sus actos buscan negar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar”, indicó.

Destrucción sistemática de la memoria

El ataque no fue un hecho aislado. Según la Corporación 3 y 4 Álamos, organización de sobrevivientes y promotores de la memoria que custodia el sitio, el primer acto vandálico ocurrió el 10 de diciembre, cuando fueron robadas tres de las cuatro palomas de bronce que componen la escultura “El Vuelo”, obra del artista Francisco Gacitúa.

En esa oportunidad, describieron que la obra “fue cercenada y rota sin consideración alguna por la memoria de las 78 víctimas de la dictadura que evoca su presencia”.

Tras ese saqueo, solo una paloma permanecía en su pedestal, en la esquina de Sebastopol con Santa Rosa. Sin embargo, en la madrugada de Nochebuena, los atacantes regresaron para destrozar la última pieza que quedaba en pie.

La Corporación fue tajante en su denuncia: “No fue sólo vandalismo. Fue con odio y premeditación”.

Condena unánime y denuncias formales

La Subsecretaría de Derechos Humanos se sumó a la condena de los hechos vandálicos y a la acción legal.

“Actos de violencia de esta naturaleza son intolerables para la democracia chilena, y merecen un transversal rechazo”, expresó en un comunicado.

La institución detalló que el atentado fue contra “un lugar de memoria para 78 personas víctimas de violaciones a derechos humanos” y procedió con el ingreso formal de una denuncia “para solicitar el inicio de una investigación y el pronto esclarecimiento de los hechos”.

Paralelamente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó su propia querella en la Fiscalía y extendió un llamado urgente a las autoridades a tomar acciones.

“Ante el segundo ataque en menos de un mes al memorial en recuerdo de 78 víctimas de la dictadura ubicado en San Joaquín, el INDH solicita a las autoridades que estas agresiones sean investigadas de manera oportuna y se adopten medidas efectivas que garanticen la protección de los sitios de memoria”, indicaron según consignó Diario Universidad de Chile.

Símbolo de dolor y resistencia

El memorial está erigido en un lugar cargado de historia trágica, ya que recuerda específicamente el caso de Manuel Recabarren Rojas, sus hijos Luis Emilio y Manuel Guillermo, y su nuera Nalvia Rosa Mena —quien estaba embarazada al momento de su detención—, todos ejecutados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en 1974, en plena dictadura.

Recabarren era el esposo de Ana González, fundadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), quien también es honrada en el monumento. La pérdida de su familia completa la convirtió en un símbolo nacional de la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

La Corporación 3 y 4 Álamos describe la escultura antes de su destrucción: cuatro palomas entrelazadas, de las cuales, tras el primer ataque, quedaba una “solitaria y sin renunciar a su misión, a su propósito: los derechos humanos”. Su destrucción es interpretada como una agresión simbólica directa contra esta narrativa de resistencia y duelo.

Un patrón de ataques preocupante

La organización advierte que este no es un incidente aislado, sino parte de una cadena de hostigamientos contra espacios de memoria en el país. Mencionan amenazas y actos vandálicos en la Casa de Memoria José Domingo Cañas, la ex Clínica Santa Lucía y el Sitio de Memoria Providencia en Antofagasta.

Frente a esta escalada, la Corporación 3 y 4 Álamos exige no solo justicia por el ataque al memorial, sino un compromiso más amplio con la memoria histórica.

“Como Corporación 3 y 4 Álamos… exigimos no sólo respeto por la memoria de las 78 víctimas de los derechos humanos de San Joaquín, sino también la oportuna investigación policial y la justicia que se nos ha negado por tantos años”, sostienen.

“Bien sabemos que sin memoria no hay justicia y sin justicia no hay paz social”, subrayan.

La Fiscalía Metropolitana Sur ahora tiene en sus manos la investigación para identificar y sancionar a los responsables de estos ataques, que han herido no solo el patrimonio simbólico de una comunidad, sino el derecho de toda la sociedad a recordar y honrar su historia.