Una investigación penal por los presuntos delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias, entre otros ilícitos, anunció este lunes el Ministerio Público, en contra de los dueños del cuestionado proyecto minero-portuario «Dominga».
La acción se origina luego de una denuncia presentada por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (PS), y busca aclarar los pagos de más de $250 millones por parte de Andes Iron, controladores de «Dominga», al estudio de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ambos formalizados en el caso denominado «Trama Bielorrusa».
Dichos pagos coincidieron con la revisión del proyecto Dominga en el Primer Tribunal Ambiental y posteriormente en la Corte Suprema, donde la iniciativa -recordemos- fue autorizada.
El antecedente salió a la luz por medio de un reportaje del medio Reportea, que expuso transferencias efectuadas por concepto de ‘minutas’ y ‘lobby judicial’ al estudio jurídico en el que también participaba el exdiputado Gabriel Silber.
Pero, una revisión de los documentos que justificarían los pagos reveló que fueron informes que, mes a mes, se limitaban a copiar y pegar información pública disponible en internet sobre los litigios en torno al proyecto, sin cumplir los objetivos específicos del contrato y sin que el abogado que llevaba los casos en tribunales tuviera conocimiento de esta «asesoría paralela».
Según la publicación, entre marzo y diciembre de 2023, el estudio de abogados recibió 10 transferencias de Andes Iron, pese a que Lagos y Vargas no figuraban como representantes de la minera en tribunales, puntualiza el artículo de Reportea.
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