El consejero electoral de Honduras, Marlon Ochoa, denunció este 30 de diciembre un intento de declarar resultados de elecciones de alcaldías y diputaciones sin haber completado el escrutinio general ni resuelto la totalidad de impugnaciones presentadas por los candidatos.
Durante una conferencia de prensa convocada en el plazo legal de la declaratoria, Ochoa advirtió con firmeza que «cualquier declaratoria que se haga sin contar la totalidad de las actas y sin haber resuelto la totalidad de las impugnaciones es nula, carece de toda validez legal», subrayando que él no firmará ningún acto que vulnere la ley electoral.
El consejero denunció que, en el nivel electivo presidencial, se intentó realizar una declaratoria sin contabilizar 306 actas, que representan una carga electoral de 132.006 votantes, cinco veces superior a la diferencia de votos entre el primer y segundo candidato.
En este punto, acusó directamente a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López Osorio, junto al consejero Carlos Enrique Cardona, de impulsar una resolución contraria al artículo 283 de la Ley Electoral, que obliga a sumar la totalidad de actas de cada Junta Receptora de Votos.
Además, señaló que durante el proceso se detectaron 13.135 actas con inconsistencias entre el número de electores registrados en los dispositivos biométricos y los votos consignados en las actas de cierre.
También permanecen 88 impugnaciones y tres solicitudes de nulidad que no fueron puestas en conocimiento del Pleno, lo que deja en indefensión a los solicitantes.
Miles de actas e impugnaciones pendientes
Ochoa alertó que la misma práctica se pretende replicar en las elecciones de diputados al Congreso Nacional y corporaciones municipales. Detalló que existen 4.468 actas pendientes de escrutinio especial, de las cuales 2.620 corresponden a diputaciones y 1.848 a alcaldías, además de 288 impugnaciones sin resolver.
Al respecto, explicó que varias diputaciones se deciden por márgenes menores a 20 o 30 marcas, y 66 alcaldías presentan diferencias inferiores al 5%.
«No existe un solo nivel electivo que hoy pueda declararse sin procesar la totalidad de las actas y sin resolver todos los recursos», enfatizó, denunciando además la existencia de pactos entre cúpulas políticas y económicas del bipartidismo para decidir quiénes resultan electos: «Esto equivale a reconocer solo una fracción de la voluntad popular», insistió.
Irregularidades en el Pleno y manipulación de maletas
El consejero electoral cuestionó también la legalidad de una supuesta sesión del Pleno del CNE, que se habría realizado sin convocatoria formal y con la integración indebida de un consejero suplente, a pesar de que no existía ausencia de consejeros propietarios.
Aquí, denunció que se pretendió alterar el orden de procesamiento de las maletas electorales, priorizando primero aquellas que favorecían al Partido Nacional y dejando al final las que beneficiaban al Partido Libre, rompiendo el orden correlativo histórico.
«¿Por qué el Pleno tendría que definir el orden de procesamiento de las maletas?», cuestionó, señalando que esta alteración buscaba construir una tendencia artificial. Incluso recibió propuestas de contar dos maletas a favor del Partido Nacional y una a favor de Libre, o de manera alternada, las cuales rechazó.
Ochoa también señaló que las consejeras Hall y López Osorio habían modificado documentos oficiales, como certificaciones sobre los recuentos en las corporaciones municipales, sin ponerlo en su conocimiento.
Finalmente, el consejero reconoció que su postura podría generar represalias y persecución: «No se trata de que tenga miedo, estoy seguro de que van a perseguirnos», afirmó, señalando que la Derecha ha recurrido históricamente a escuadrones de la muerte, desapariciones y persecución penal para amedrentar a funcionarios que defienden la voluntad popular.
Añadió que las consejeras “se sienten arropadas por un manto de impunidad y la injerencia extranjera”, y ejemplificó acciones internacionales que desprecia la soberanía de los pueblos: control de buques petroleros y la muerte de niños palestinos.
«El carácter colonial del país queda en evidencia cuando se pretende imponer resultados electorales al margen del voto ciudadano», sostuvo, al criticar la influencia externa en la política nacional.
Como solución institucional, Ochoa informó que presentó una propuesta de decreto para ampliar el plazo de declaratoria, asegurando que solo se necesitan algunos días más para completar el escrutinio de las actas pendientes y resolver las impugnaciones.
Sobre este punto, recordó antecedentes de ampliaciones similares, como en 2021, y afirmó: «Lo que hace falta no es tiempo, sino voluntad», subrayando que la toma de posesión del 25 de enero no se vería afectada por esta extensión.
Crítica al costo electoral
El consejero también denunció el elevado costo del proceso electoral, que alcanzó 4.000 millones de lempiras, el más alto en la historia del país. En ese sentido, comparó la cantidad de escrutinios realizados en elecciones primarias y generales, destacando la baja calidad del proceso actual.
«Para qué hacer elecciones y para qué gastar tanto dinero si al final un presidente lo pone un tweet, y los diputados y alcaldes los deciden pactos de cúpulas y embajadas», indicó, reiterando que no acompañará ninguna declaratoria que no cumpla con la ley.
«Yo no voy a alquilar ni vender mi firma. Mi firma le pertenece al pueblo», sentenció, advirtiendo que cualquier intento de declarar resultados sin contar todas las actas será denunciado ante el Ministerio Público.

El Ciudadano

