Audios, “3% para Karina” y coimas: Milei desarma la Agencia Nacional de Discapacidad

El Gobierno del presidente argentino Javier Milei decidió extinguir la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) como organismo autónomo, en medio del avance de la causa judicial por coimas en la compra de medicamentos y del brutal ajuste ejecutado en el área durante 2025.

La Andis, cuya sigla se popularizó a la par del “tres por ciento para Karina” en los audio filtrados de su ex director Diego Spagnuolo, será reducida a una Dirección de Discapacidad dentro del Ministerio de Salud, perdiendo autonomía y transversalidad.

El dichos registros se menciona un presunto circuito de coimas donde aparecen como beneficiarios Martín Menem—presidente de la Cámara de Diputados, hijo del exsenador, Eduardo Menem y sobrino del expresidente Carlos Menem — así como su primo Eduardo «Lule» Menem, actual subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia y quien trabaja directamente bajo la órbita de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y hermana del mandatario,  quien también salpicada en el escándalo.

Los tres aparecen señalados como parte de los beneficiarios de aportes que se les exigían a laboratorios farmacéuticos para garantizarles contratos con el Estado.

El anuncio de la supresión de la Andis lo realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la última conferencia de prensa del año, marcando el cierre de un ciclo signado por el escándalo de corrupción y las políticas de recorte.

“La Andis, como la conocemos, dejará de existir”, declaró Adorni, justificando la medida en la necesidad de “eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. Entre esos manejos, citó “pensiones mal otorgadas”, “médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)”.

Sin embargo, el jefe de Gabinete omitió toda referencia a la causa judicial central que ensombrece al organismo: la investigación por las coimas que empresarios farmacéuticos habrían pagado a funcionarios de la propia Andis, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello en Comodoro Py.

De hecho, la semana pasada declaró en ese caso una de las imputadas, Ornella Calvete, por los sobreprecios en la compra de medicamentos, según reportó Página/12.

Supresión de la Andis en medio de recorte presupuestario y presión judicial

La desaparición de la Andis llega en un contexto de recortes severos. Las metas del presupuesto 2026 trazadaspor el gobierno «libertario» prevén la baja de casi 200 mil beneficiarios de pensiones por discapacidad, un plan que Adorni negó pero que figura en el acuerdo establecido entre Milei y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este ajuste ya había sido ideado por Spagnuolo antes del estallido del escándalo y varios fallos judiciales, como los de los tribunales federales de Formosa y La Rioja, ordenaron revertirlo. Hasta ahora, el Gobierno acató provisionalmente,» a la espera de que concluya la famosa auditoría sobre el sistema, que por ahora –según pudo averiguar Página/12– no tiene siquiera fecha probable de concreción».

Paralelamente, sobre Adorni y otros funcionarios pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar íntegramente la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas y una posible investigación penal por incumplimiento de los deberes. La Rosada intentó sin éxito sacarse de encima al juez de la causa, Adrián González Charvay, y también fracasó en su intento de derogar la ley a través del presupuesto.

Reducción drástica y más despidos

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Salud, se espera una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica de la ex agencia. Alejandro Vilches, interventor tras la salida de Spagnuolo, seguirá en el cargo. En el medio de este proceso, hubo más de 300 despidos y se espera una nueva tanda de entre 30 y 60 desvinculaciones en los próximos días.

“Ya nos desguazaron, así que ahora pasaremos a funcionar de acuerdo a las atribuciones que le quedaban al organismo, que son casi nulas”, contó a este diario una fuente sindical de la ahora exagencia. La Andis corre así la misma suerte que otros organismos “descartables” para la gestión mileísta, como el ex Ministerio de Mujeres, el INADI o el ex Ministerio de Desarrollo Social.

Preocupación en las organizaciones y retroceso de derechos

Entre las mayores preocupaciones de las organizaciones del sector está la discontinuidad del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, un espacio paritario clave que fija el valor de la hora de los servicios en todo el sistema. El Ejecutivo lleva más de un año sin convocarlo, eliminando un canal esencial de participación ciudadana.

Pero más allá de la coyuntura, la medida desnuda la concepción oficial sobre la discapacidad. El comunicado de Salud señala que la reestructuración se hizo “para garantizar que las políticas de discapacidad cumplan efectivamente su finalidad sanitaria”. Esta visión, que reduce la discapacidad a una cuestión médica, es un franco retroceso respecto al modelo social de derechos consagrado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, a la que Argentina adhirió con rango constitucional en 2008. Dicho tratado recomienda organismos autónomos y con capacidad de coordinar políticas de manera transversal (salud, educación, inclusión social).

“La discapacidad no tiene que estar asociada a la salud. La discapacidad no es una enfermedad. Peleamos muchos años contra el modelo médico, que nos reduce a personas enfermas. No lo somos. Necesitamos un Estado que iguale posibilidades, atento a los apoyos para una vida independiente. Me dan ganas de mandarlos a estudiar”, declaró a Página/12 Ana Dones, de REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad), una de las organizaciones más antiguas del colectivo.

“En estos años hemos visto de todo, pero nunca este nivel de perversidad”, afirmó Dones. “Ante el escándalo de las coimas tomaron la decisión más fácil: desaparecer la Andis. En el fondo lo que quieren es eso: hacernos desaparecer”, agregó.

Se espera que, una vez publicado en el Boletín Oficial el decreto de reestructuración, la medida sea judicializada. Organizaciones como la ACIJ, el CELS, la APDH y REDi, entre otras, ya evalúan los pasos a seguir, argumentando la violación de la Convención Internacional. Mientras, la causa por las coimas sigue su curso, recordando que, bajo la consigna de “desarmar el Estado”, también se barre bajo la alfombra los rastros de una corrupción que aún espera condena.