Diplomacia y sospecha: El temor del Estado a la libre determinación

Por Elisa Loncon Antileo

Este miércoles 31 de diciembre, El Mercurio publicó una fotografía que atesoro con especial afecto. En ella aparezco junto a la embajadora de Chile con un brazo del océano Pacífico, el lafken, la mar, a nuestras espaldas.

Esa inmensidad azul que, lejos de separarnos, nos une profundamente como pueblos: maoríes, rapa nui y mapuche.

Aquel encuentro fue un espacio de intercambio de palabras, ceremonias y saberes; compartimos la celebración del Matariki, que para nosotros es el Wüñol Txipantü, el retorno del sol y del año.

Reflexionamos sobre las lenguas que nos hermanan, como la palabra toki, ‘hacha’, o máxima autoridad en nuestros pueblos’; concepto y significado común en las tres lenguas, y de otras luchas comunes: la defensa de nuestro territorio y los derechos políticos de nuestras pueblos.

Sin embargo, el contraste entre esa serenidad oceánica y la virulencia política es desolador. Hoy, la reacción del Estado y de los sectores conservadores incluyendo los que denominan progresista de izquierda, frente a una publicación de la embajadora Pakarati, revela una profunda resistencia a dialogar sobre los derechos indígenas, exponiendo una doble vulneración que no podemos dejar pasar al cierre de este año.

Por una parte, se reafirma la histórica negación del derecho internacional de los pueblos indígenas a la libre determinación, un principio consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas.

Por otra, asistimos a la vulneración de los derechos civiles e individuales de la propia embajadora, específicamente su libertad de expresión. Ver a una mujer indígena en un alto cargo diplomático ser públicamente recriminada y amenazada con sanciones por expresar, aunque sea indirectamente, una idea legítima en el debate democrático, es una señal de alerta.

El Estado no solo falla en proteger los derechos colectivos del pueblo Rapa Nui, sino que tampoco garantiza los derechos fundamentales de una funcionaria pública por su origen y pensamiento. Tal como ha señalado la prensa, este episodio desnuda la tensa relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios, la escasa representación indígena y femenina en nuestra diplomacia y la persistencia de un racismo institucional.

La sobrerreacción mediática, que llegó al absurdo de presentar este gesto como una amenaza a la seguridad nacional, es desproporcionada y refuerza un patrón histórico de criminalización simbólica: cuando un indígena habla de derechos, la élite escucha amenazas.

Las críticas dirigidas contra la embajadora evidencian no solo la ignorancia de amplios sectores de la clase política respecto a los avances del derecho internacional, sino también la mala fe de una derecha que insiste en transformar el diálogo en sospecha y la justicia en agresión.

Mientras no se asuma con seriedad el carácter plurinacional y democrático de estos derechos, el Estado seguirá reproduciendo la exclusión y el silenciamiento que tanto daño nos ha hecho.

Por Elisa Loncon Antileo.-