Las restricciones al flujo de materiales e información no solo afectan a las naciones sancionadas, sino que reverberan en las economías globales, aumentando precios y contradiciendo los principios del libre mercado que dicen defender sus impulsores.
En un mundo hiperconectado, donde las cadenas de suministro son globales y la información circula en milisegundos, la imposición de barreras al libre tránsito de materias primas y datos representa una potente arma geopolítica con efectos colaterales devastadores. Países como Venezuela, Cuba, Irán, Corea del Norte y, más recientemente, Rusia tras la invasión a Ucrania, experimentan en carne propia cómo los bloqueos y sanciones estrangulan sus economías. Sin embargo, el impacto de estas medidas no se contiene dentro de sus fronteras; se propaga como una onda expansiva, distorsionando mercados, interrumpiendo cadenas de producción y, finalmente, encareciendo el costo de vida para ciudadanos en todo el planeta.
El efecto domino: De la materia prima al supermercado
Cuando un país productor clave de un recurso esencial -petróleo, gas, minerales raros, fertilizantes, cereales- es sometido a sanciones que restringen o prohíben su exportación, se desencadena una crisis de oferta global. La ley básica de la economía entra en juego, menor oferta con demanda constante o creciente significa precios más altos.
El caso de los fertilizantes es emblemático. Rusia y Bielorrusia son gigantes exportadores de potasio y nitrógeno. Las sanciones aplicadas tras la guerra en Ucrania limitaron severamente su flujo. El resultado fue un aumento global en el costo de los fertilizantes, que se trasladó directamente a los agricultores del mundo. Estos, a su vez, transfirieron el costo a los alimentos básicos -trigo, maíz, arroz- encareciendo la canasta familiar a nivel mundial y exacerbando crisis alimentarias en regiones vulnerables.
En este sentido, las sanciones son como un boomerang que golpean al objetivo, pero siempre vuelven hacia quien las lanzó, por ejemplo forma de inflación. Debemos entender el mercado global es un ecosistema interconectado. Dañar a uno de sus actores importantes inevitablemente afecta la salud de todo el sistema.
La Contradicción Neoliberal: El mercado Libre, solo cuando conviene
Este panorama genera una profunda contradicción con los postulados de aquellos economistas y políticos neoliberales que predican la omnipotencia del mercado libre, la mínima intervención estatal y la globalización como vehículo de prosperidad.
El bloqueo es, en esencia, la máxima intervención estatal en el mercado. Es la política usando su poder coercitivo para dictar con quién se puede y no se puede comerciar, contraviniendo directamente el principio de la “mano invisible” que, según Adam Smith, debería guiar las transacciones en función de la eficiencia y el beneficio mutuo.
Es una hipocresía estructural, pues por un lado, predican la desregulación y la libertad económica absoluta para las corporaciones dentro de sus fronteras o en sus relaciones con aliados. Por otro, utilizan el aparato estatal para imponer una regulación extremadamente agresiva y limitante contra sus adversarios geopolíticos. El ‘libre mercado’, en su discurso, parece aplicarse solo a los flujos que consolidan su hegemonía.
Las razones de fondo
¿Por qué, entonces, los países que se autoproclaman abanderados del libre mercado recurren a estas prácticas? Las razones son múltiples y se entrelazan:
Poder geopolítico y coerción: El bloqueo es la guerra del siglo XXI. Permite ejercer presión máxima sin un conflicto militar directo, con el objetivo de forzar un cambio de comportamiento o de régimen en el país objetivo.
Competencia estratégica: Limitar el acceso a tecnologías de punta (como los semiconductores) o a recursos críticos frena el desarrollo de competidores estratégicos, manteniendo una ventaja tecnológica y militar.
Intereses económicos protegidos: A veces, sancionar a un productor eficiente (ej.: acero, aluminio de un país) puede ser una forma encubierta de proteccionismo para favorecer a industrias nacionales menos competitivas.
Narrativa doméstica y política de identidad: Las sanciones son una herramienta de política interna que permite a los gobiernos proyectar fuerza y defender “valores” ante su electorado, construyendo una narrativa de “nosotros contra ellos”.
La reciente decisión de Estados Unidos de intervenir militarmente en Venezuela y tomar control de los ingresos por la venta de más de 50 millones de barriles de petróleo, mientras mantienen secuestrado a su presidente Nicolás Maduro y su esposa, representa una escalada sin precedentes en las prácticas de bloqueo al libre tránsito, llevando el concepto de «interferencia económica» a un nuevo nivel de asertividad geopolítica.
Esta intervención representa la culminación extrema de la contradicción neoliberal analizada previamente, es decir, hiper-intervencionismo disfrazado de defensa de mercado, de la democracia, lucha contra el terrorismo, el narco o lo que fuese.
Mientras predican la no intervención estatal, practican el intervencionismo más agresivo. Se justifica como «protección del mercado» cuando en realidad lo distorsiona profundamente.
Ellos nos lleva a un doble estándar institucionalizado, donde por un lado el libre flujo de capitales se defiende para ciertos actores pero se bloquea para otros y los principios de soberanía comercial se aplican selectivamente.
De este modo finalmente los asuntos económicos se tratan como amenazas de seguridad nacional y se termina por militarizan las relaciones comerciales, con el riesgo que ello implica para los pueblos que habitan los territorios en los se encuentran los recursos naturales, como para la potencia atacante.
Soluciones
Frente a este panorama mundial de alta beligerancia entre las potencias del mundo, la solución más factible es que en cada país en que estas potencias tienen intereses en materias primas claves para su encadenamiento productivo, se creen espacios de participación económica plurinacionales, no discriminatorios, donde el estado poseedor del recurso natural, sea socio en un mínimo de un 51% de los procesos productivos para evitar a inicios de este nuevo milenio una neocolonización.
Los distintos interesados pueden participar mediante licitaciones públicas transparentes e internacionales donde quienes ofrezcan mejores condiciones puedan acceder al espacio de participación de la economía real.
Ante eventuales disputas, se propone un Tribunal Internacional de Disputas Comerciales para resolver conflictos cuando inversionistas cuestionen las licitaciones.
También se proponen mecanismos basados en blockchain para transparencia en flujos de recursos, sobre todo para que estos no tengan como destino final uso para alimentar conflictos bélicos.
Se propone que la solución esbozada se lleve adelante en 3 fases.
Fase Piloto: Países voluntarios implementan el modelo en un sector específico
Fase Regional: Bloques regionales adoptan el principio como norma común
Fase Global: Negociación del tratado internacional una vez demostrada la viabilidad
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