Milei duplicó la represión a las protestas sociales en Argentina durante 2025

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su tercer informe sobre el despliegue de fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales durante los dos primeros años de Javier Milei en la presidencia de Argentina y de Jorge Macri como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, documentando un drástico giro represivo en la gestión de la protesta pública.

El documento, titulado “La protesta social bajo asedio”, arroja cifras contundentes: en 2025 se duplicó la cantidad de manifestaciones con represión respecto al año previo, marcando una profundización de una política de estado que, según el organismo, busca “limitar el derecho a la protesta y la expresión pública”.

El informe, basado en el monitoreo de 139 movilizaciones entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, establece que 51 de ellas (el 37%) fueron reprimidas. Sin embargo, la tendencia ascendente es lo más preocupante, ya que mientras que en 2024 se registraron 17 manifestaciones reprimidas, en 2025 esta cifra se disparó a 34.

“Desde la implementación de la resolución 943/2023, conocida como el ‘protocolo antipiquetes’, se ha evidenciado una política sistemática y selectiva de represión”, señala el documento de la CPM, un organismo autónomo creado por ley y con reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

“La represión ha sido sistemática pero selectiva, a partir de una política planificada y repetida que tiene por objeto limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de la disidencia”, plantean desde la organización.

Cifras que duplican, cuadruplican y alarman

De acuerdo con el informe, el número total de personas heridas en contextos de represión aumentó un 13% interanual, pasando de 1.216 en 2024 a 1.369 en 2025.

Entre las víctimas, figuran grupos particularmente vulnerables, por ejemplo en las Marchas de la Dignidad de los miércoles que realizan organizaciones de jubilados e frente al Congreso de la Nación, los adultos mayores heridos casi cuadruplicaron los casos del año anterior, al pasar de 42 en 2024 a 155 en 2025.

La violencia también alcanzó a niños y jóvenes. En 2025, 5 menores de edad (de 4, 8, 13, 14 y 16 años) sufrieron lesiones, todos afectados por gas spray irritante. En 2024 habían sido cuatro.

Otro dato revelador es la afectación a la prensa: 184 trabajadores de medios resultaron heridos o sufrieron agresiones durante la cobertura, cifra que duplica los 98 casos registrados en 2024.

Uso de armas letales e inteligencia ilegal

El estudio no solo cuantifica los hechos, sino que describe un patrón operativo basado en la desproporción. De este modo, denuncia un despliegue de fuerzas de seguridad con “una relación de hasta siete policías por manifestante en algunos casos”.

Además, en el 85% de las movilizaciones monitoreadas en 2025, se registró la portación de armas letales por parte de las fuerzas, pese a que su uso se encuentra totalmente prohibido en estos contextos.

Otro hallazgo grave es la sistematicidad de prácticas de vigilancia ilegítima. El informe documenta prácticas de inteligencia ilegal en el 81% de las protestas, que incluyen filmaciones y recopilación de datos de los manifestantes.

Casos emblemáticos de una violencia estatal extrema

El informe dedica un capítulo a los “operativos de violencia extrema”, destacando el ocurrido el 12 de marzo de 2025, que califica como el más violento del período, con 672 personas heridas y 114 detenciones arbitrarias.

Entre los casos más graves figura el del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió un traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica tras el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por un gendarme.

Asimismo, se reportaron casos de personas que perdieron la visión de un ojo debido a disparos de postas de goma a corta distancia

Detenciones arbitrarias en alza bajo el gobierno de Milei

La respuesta estatal no se limitó a la violencia física. La CPM registró un aumento del 77% en las detenciones arbitrarias entre 2024 y 2025, con un total de 258 personas detenidas en los dos años.

Entre los detenidos se encuentran trabajadores de prensa, vendedores ambulantes, personas en situación de calle y jubilados.

El organismo es contundente al señalar que el accionar represivo por parte del gobierno de Javier Milei “viola principios internacionales sobre el uso de la fuerza en manifestaciones públicas, como los de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.

Recuerda que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU “han expresado su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización de la protesta en Argentina”.

Puedes acceder al informe completo a través de este enlace.