Conservador de Chillán revela email de Vivanco que confirmaría pago de coimas en trama bielorrusa

EEn medio de la investigación de la denominada «trama bielorrusa«, la declaración judicial del conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle, ha entregado a la Fiscalía Regional de Los Lagos una prueba documental que apunta directamente a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Se trata de la copia de un correo electrónico que demostraría que Vivanco redactó personalmente uno de los contratos utilizados, según el Ministerio Público, para justificar pagos de coimas en el marco de la trama que benefició al Consorcio Chileno Bielorruso Belaz Movitec (CBM).

Esta evidencia, revelada en una declaración fechada el 26 de noviembre pasado, contradice de manera absoluta la línea de defensa que ha mantenido Vivanco: su insistente afirmación de que desconocía por completo los vínculos comerciales y los movimientos de dinero de su pareja, el abogado Gonzalo Migueles, quien fue imputado como autor del delito de cohecho reiterado se encuentra en prisión preventiva junto a los abogados Mario Vargas Cociña y Carlos Lagos Herrera, imputados como autores de lavado de activos y soborno reiterado.

A los tres la Fiscalía les atribuye haber sido intermediarios de la entrega de una coima por parte de CBM a fin de obtener un fallo a su favor en un litigio mantenido con Codelco.

El ente persecutor sostiene que dicha coima llegó a las manos de Ángela Vivanco, quien fue destituida de su cargo por sus relaciones con Luis Hermosilla y que presidió el fallo que perjudicó a la cuprífera estatal con el desembolso de más de 17 mil millones de pesos, en el que, además, votó a favor del consorcio.

Según la causa por cohecho, soborno y lavado de activos que lidera la Fiscalía Regional de Los Lagos, la exministra habría recibido al menos $70 millones en coimas por fallos que beneficiaron al consorcio chileno bielorruso.

Email que desarma la defensa de Vivanco

El núcleo de la nueva prueba es un correo electrónico enviado el 15 de enero de 2025. Según el testimonio de Najle, el mensaje llegó desde la casilla de Gmail de Gonzalo Migueles, pero conservaba en el asunto la huella de su origen: «nuevo documento, eliminar anterior». El correo había sido enviado originalmente por Ángela Vivanco a Migueles desde su cuenta institucional en la Universidad Católica.

Según reveló el medio de investigación Reportea, adjunto al mensaje iba un contrato de prestación de servicios, firmado en febrero de 2025, mediante el cual Najle contrataba a Migueles para asesorías en «recursos humanos» en su empresa Combustibles Bek, por un sueldo mensual de 78,1 UF (aproximadamente $3 millones de la época).

Para la fiscalía, este contrato es un eslabón clave en una cadena de simulaciones. Su propósito habría sido dar apariencia de legalidad a una serie de transferencias monetarias, luego de que, pocas semanas antes (diciembre de 2024), se finiquitara un contrato anterior con un pago único de $25 millones desde Najle a Migueles. El Ministerio Público acusa que esos $25 millones eran, en realidad, una coima destinada a Vivanco a cambio de fallos favorables al consorcio bielorruso durante su período en la Corte Suprema (2023-2024).

Frente a esta trama, la posición reiterada de Vivanco se ha basado en afirmr que no tenía conocimiento sobre las transacciones r que desconocía de. En una reciente entrevista en Mega, aseguró: «Las transacciones que hayan tenido ellos con Gonzalo, es un tema que les corresponde a ellos explicar, y le corresponde al abogado de Gonzalo asumir con su cliente. Yo no tenía idea de esto».

Sin embargo, la declaración de Yamil Najle presentada a la fiscalía desmonta esa versión. Al ser consultado sobre el conocimiento de Vivanco, el conservador fue tajante «(Ella) estaba en conocimiento, pero por supuesto que sí. Cuando yo los conocí, ellos se llevaban o se llevan muy bien, es imposible que uno no supiera lo que hacía el otro. Eso lo tengo súper claro».

Respecto al contrato enviado por correo, Najle señaló que «cuando Gonzalo Migueles hablaba de este contrato, hablaba por los dos. De hecho Ángela se lo redactó y lo envió, los dos tenían perfecto conocimiento de lo que se estaba haciendo».

«Ella tenía conocimiento, ella lo redactó (el contrato), con toda seguridad… Ella no podía menos que tener conocimiento de lo que se estaba haciendo», enfatizó.

Presión y la «coalición»

En su declaración, el conservador de Bienes Raíces de Chillán, quien este miércoles 14 de enero será formalizado por lavado de activos junto a su colega de Puente Alto Sergio Yáber, describió la dinámica de presión que ejercía la pareja. Relató que accedía a las solicitudes de Migueles porque se sentía parte de un grupo social del que era difícil escapar.

«Yo sentía mucha presión de ellos, no es fácil decir que no (…) Yo me sentía totalmente miembro de una coalición, en la que estaba Sergio Yáber, en la que estaba Gonzalo Migueles… me invitaban a comer, me pagaban las cuentas, fui a sus casas, conocí a sus familias. Yo me sentía muy ligado a ellos en ese aspecto… para mí era importante sentirme miembro de este grupo, en el cual nunca pensé que me estaban usando», declaró.

Najle explicó que la presión se fue intensificando por parte de la exministra y su pareja. «Me sentí forzado a esto… por los dos (Migueles y Vivanco). Si no hace falta que esté la señora Vivanco presente. Basta que esté él, y que me diga ‘ella te mandó saludos’ (…) Esa es presión», narró, según consignó Reportea.

¿Formalización de Vivanco?

Este nuevo antecedente llega en un momento crítico. Ángela Vivanco se encuentra al borde de ser formalizada por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos. La Fiscalía requiere autorización de la propia Corte Suprema para acusarla formalmente, dado que los hechos investigados ocurrieron mientras era ministra del máximo tribunal. Se espera que la sala penal de la Suprema revise y resuelva la solicitud en los próximos días.

De autorizarse, sería un hecho inédito en la historia judicial chilena: una exintegrante del máximo tribunal sería formalizada por corrupción. La gravedad de las acusaciones, que involucran al menos $70 millones en presuntas coimas, podría incluso llevar al Ministerio Público a solicitar prisión preventiva en su contra.