Tras la detención de tres hijos y un yerno de Julia Chuñil Catricura por su presunta participación en su muerte y un robo con violencia, la nieta de la dirigenta mapuche y defensora territorial, Lissette Sánchez, cuestionó el operativo y denunció un nuevo «intento de montaje«, con base en testimonios contradictorios de testigos protegidos.
Durante la madrugada de este miércoles, la investigación por el caso de Chuñil, desaparecida el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, registró un giro radical lkuego de que tras meses de pesquisas, la Fiscalía Regional de Los Ríos, con el apoyo de Carabineros, llevara a acabo la detención de cuatro familiares de la adulta mayor de 73 años.
Entre los detenidos se cuentan dos hijos y un hermano de la víctima, quienes enfrentarán cargos por parricidio, y un yerno, imputado por homicidio calificado con agravante de alevosía. Las detenciones se efectuaron en operativos simultáneos desarrollados en Máfil y Temuco, que contaron con la participación de un centenar de efectivos policiales-.
Está previsto que además de los delitos base, los cuatro imputados serán formalizados por robo con violencia e intimidación en contra de un adulto mayor.
A través de un audio al que tuvo acceso El Ciudadano, Sánchez denunció que la acción policial, fue un acto violento que incluyó a menores de edad.
«Detuvieron a dos hijos de Julia (Chuñil), Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil y también un yerno (Bermar Flavio Bastías Bastidas), a quien mencionan como exyerno, lo cual es mentira, ya que es el yerno actual de Julia y pareja de Jeannette, También en la ciudad de Temuco esta madrugada detuvieron a mi tío Pablo San Martín Chuñil, quien es parte de la vocería de la familia y representante de Julia», relató.
«Fue un allanamiento violento (…) legaron con mucha violencia, rompiendo las puertas, llegaron con armas, llegó mucho contingente policial, vehículos y también llegó la fiscal a cargo Tatiana Esquivel, quien había sido denunciada por apremios legítimos contra la familia por presentar pruebas falsas que iban a hacer en ese momento presentada al juez», agregó.
Indicó que dentro de la vivienda se encontraban dos menores de edad, quienes son nietos de la dirigenta mapuche y tienen cuatro y once años de edad, respectivamente.-
«También fueron detenidos y trasladados a la comuna de Los Lagos (…) apartaron esos niños de sus padre de su padre y madre y fueron entregados a familiares de confianza de Julia», explicó.
Nuevo intento de montaje
Lissette Sánchez calificó la detención de los familiares de la defensora territorial como un «nuevo y grave montaje de criminalización» y aseguró que las acusaciones de la Fiscalía de Los Ríos se basan en testimonios contradictorios y pruebas sin sustento real.
«En estos antecedentes se dice que la familia fueron los principales culpables y sospechosos (…) salen contradicciones de estos testigos protegidos donde hablan de actitudes, de apodos que son totalmente mentira. Nosotros como familia cuando leímos estos antecedentes incluso nos reímos porque era algo con tanta mentira, osas que ni siquiera eran ciertas. Entonces estos testigos protegidos no se sabe si son antecedentes reales o si son inventados», cuestionó.
La nieta de Chuñil planteó que esta es la tercera ocasión en que se intenta vincular al círculo cercano de la defensora ambiental con hechos delictuales sin éxito.
«Es lamentable también que mi tío Pablo, el vocero de la familia, haya sido detenido, ya que él se encontraba también en esta búsqueda por la lucha, la justicia, la verdad. (…) él nos mencionaba que iban a estar haciendo otro intento de montaje. Cabe mencionar que tiempo atrás hubo ya dos intentos de montaje intentando de culpar a Jeannette y a Javier Troncoso. igualmente con base de testigos protegidos, de pruebas falsas, no se puede olvidar cuando también se plantó ADN que supuestamente era de Julia y era ADN de animal», recordó.
Sánchez defendió la inocencia de los cuatro detenidos y exigió su liberación. Además acuso al Estado, a la policía y la Fiscalía de intentar realizar un montaje para quitar del centro de las investigaciones al empresario agroforestal Juan Carlos Morstadt Anwandter, quien incluso fue descrito por el propio ente persecutor como “sujeto de interés primario”, lo que permitió autorizar diversas diligencias intrusivas, entre ellas interceptaciones telefónicas.
De hecho, Chuñil desapareció tras denunciar amenazas reiteradas de Morstadt, en el contexto de un conflicto por tierras. La dirigenta mapuche y su comunidad habían recuperado 900 hectáreas de territorio ancestral que la CONADI terminó entregando al empresario, descrito en la región como una figura con poder político y financiero.
Según la investigación del Ministerio Público, la adulta mayor fue vista por última vez en el predio “La Fritz”, propiedad de Morstadt, “quien mantenía un conflicto previo y sostenido con la víctima”.
En el marco de la indagatoria, las interceptaciones telefónicas autorizadas al empresario se volvieron especialmente relevantes. En algunas de esas conversaciones, se le puede escuchar dando a entender que maneja información sensible sobre el destino de Julia Chuñil. Es en ese contexto donde aparece una llamada con su padre, en la que se refiere a que a Julia Chuñil “la quemaron”.
«Esperamos su pronta libertad ya que ellos son totalmente inocentes y aquí el Estado, las policías y los fiscales cómplices están haciendo todo para que este empresario quede libre. La familia de una vez dijo quién era el principal sospechoso y teníamos pruebas y evidencias del hostigamiento, pero ellos están esquivando todo esto para dejarlo libre (…), pero acá a la familia se le hace un trato diferente por el solo hecho de ser una familia mapuche», acusó la nieta de Chuñil.

Familia de Chuñil denuncia «sesgo evidente» en la investigación
En un comunicado público, la familia y allegados de la defensora territorial, plantearon que «no es concebible ni aceptable que la Fiscalía Regional de Los Ríos y Carabineros desplieguen 500 efectivos policiales de distintas especialidades —en un operativo simultáneo en Máfil y Temuco— para detener a miembros directos de la familia, mientras que durante más de un año la búsqueda activa de Julia Chuñil apenas movilizó, en los mejores momentos, a no más de 50 personas en operativos reales».
Indicaron que esta desproporción grotesca revela prioridades invertidas, «al destinarse recursos masivos para criminalizar a los suyos», en comparación con el «abandono y mínima diligencia para encontrarla con vida cuando más se necesitaba».
Asimismo, argumentaron que la línea investigativa impulsada por la fiscal Tatiana Esquivel «ha mostrado desde el inicio un sesgo evidente, orientado casi exclusivamente hacia la familia, ignorando o minimizando otras hipótesis plausibles y poderosas que han sido señaladas insistentemente por organizaciones de derechos humanos, comunidades mapuche y la propia familia».
«Hasta ahora no se han presentado pruebas nuevas consistentes ni aportes contundentes que justifiquen esta arremetida contra quienes han sido las principales víctimas del dolor y la revictimización. Insistimos: la formalización de investigación no equivale a culpabilidad», afirmaron.
Ante este escenario, exigieron una serie de medidas:
-Transparencia absoluta: acceso total de la defensa a todos los antecedentes que motivaron estas detenciones.
– Respeto irrestricto al debido proceso y a la presunción de inocencia de los imputados. – Una investigación imparcial, sin sesgos previos, con igual rigor en todas las líneas posibles y sin privilegios para ninguna hipótesis.
– El cese de narrativas mediáticas e institucionales que prejuzgan culpabilidades sin sentencia firme.
– Explicaciones claras sobre esta desproporción policial: ¿por qué tanto despliegue para detener y tan poco para buscar y proteger?

